Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 26/7/12
«E l Estado autonómico es un invento asombroso, pues las comunidades tienen una ventaja sobre las demás instituciones: gastan mucho, pero apenas recaudan impuestos». Tan jocosa, y certera, reflexión se la escuché hace años a Jordi Solé Tura, padre de la Constitución y hombre nada sospechoso de ser contrario a la descentralización: él fue, de hecho, uno de sus más decididos impulsores, aunque dudo que, si aún viviera, estuviera satisfecho del resultado final de aquel empeño.
Y ello porque el rescate de Cataluña, que se añade a los de Valencia y Murcia, no es solo el efecto de un delirante dispendio, sino también de otros dos factores que no deben olvidarse si queremos retomar la senda de la responsabilidad: un sistema de financiación sin semejanza en el mundo federal; y la patológica obsesión de las élites autonómicas por reproducir en sus territorios la estructura del Estado.
Sobre el despilfarro de nuevos ricos en ciudades de una cosa o de la otra, palacios y auditorios, estadios y circuitos, terminales y estaciones, nada diré, pues es de todos conocido: ni partidos ni comunidades pueden librarse de ese escándalo, que ahora al fin nos ha estallado entre las manos.
Pero este dispendio bochornoso no nace exclusivamente de la frivolidad de unos políticos carentes del sentido de lo público sino también de un sistema de financiación en el que las comunidades que gastan cientos de miles de millones apenas soportan el coste electoral de la recaudación fiscal, coste que recae sobre todo en el Estado. Gastar en las autonomías, ¡una bicoca!, ha equivalido durante años a disparar con pólvora del rey.
Es así como las comunidades, que no son vistas por el contribuyente como perceptoras de tributos sino principalmente como entes inversores y prestadores de servicios, acabaron por conformarse como Estados en pequeño, con una costosísima estructura (consejos de cuentas y consultivos, defensores del pueblo, embajadas y Administraciones hipertrofiadas), una eficiencia manifiestamente mejorable y un coste inasumible.
Poner coto a todo ello exige, por tanto, que los servidores públicos asuman la cultura del gasto responsable. Pero exige, paralelamente, establecer un auténtico sistema de corresponsabilidad fiscal que, compatible con la solidaridad territorial, haga visible el coste fiscal del gasto descentralizado. Y exige, en fin, redimensionar el tamaño institucional de las comunidades, que no podemos permitirnos una vez que se acabó lo que se daba por parte de un Estado casi en quiebra.
Entre tanto, la consecuencia del pasado frenesí gastador no deja de ser un poco chusco: el Gobierno nacionalista catalán, que venía amagando con pedir la independencia, ha terminado pidiendo? varios miles de millones al Estado para poder pagar sus gastos. ¡Qué esperpento!
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 26/7/12