Sé que con esta Tercera no voy a hacer amigos. Pero quiero analizar con rigor y desenfadadamente, a la vez, el alucinante proceso que está teniendo lugar estas semanas ante el anuncio del Gobierno de que piensa subir las cuotas a la Seguridad Social a cargo de los trabajadores autónomos. El Gobierno dijo hace pocas semanas que va a hacer algo que está aprobado por ley y publicado en el BOE hace más de tres años y se monta la marimorena. Vale, esto se aprobó provisionalmente por real decreto, una mala costumbre legislativa que se ha instalado en nuestro país y viene intensificándose en los últimos años. Pero se aprobó.

El RDL 13/2022, que establecía la convergencia del sistema de bases de cotización de los trabajadores autónomos hacia la cotización por los mal llamados ‘ingresos reales’ (ingresos efectivos netos, diría yo más propiamente) y, en el límite, con el sistema de cotización del Régimen General, se aprobó provisionalmente el 26 de julio de 2022 y se publicó en el BOE un día después. Su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2023. Como era de rigor, dicho RDL se convalidó por el Congreso, justo en plazo, el 25 de agosto de 2022, con 260 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones (echen cuentas de estos apoyos). Y, acto seguido, por si se han olvidado, el Partido Popular solicitó que se votase su tramitación urgente como proyecto de ley, lo que también se aprobó (atentos, por favor) por… ¡348 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones! Han leído con cuidado, ¿no? ¿O se lo repito? Pues se lo repito: ¡348 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones!

El ministro Escrivá declaró entonces: «Es una reforma muy compleja y muy trabajada, negociada no solo con los interlocutores sociales, sino también con las asociaciones de autónomos, representantes de un colectivo muy heterogéneo». Y, en efecto, todas las asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, Upta y Uatae) manifestaron su satisfacción por la convalidación del real decreto y su tramitación como proyecto de ley, calificándola como «un fruto del diálogo social». ATA, que es la más importante de estas asociaciones y detenta una de las vicepresidencias de la CEOE, se atribuyó haber influido en el PP para que se decantara a favor de la convalidación, como así fue. Tanto que hasta promovió la tramitación de urgencia sin enmiendas, con un resultado a-pa-bu-llan-te.

Pues bien, tras la publicación reciente de la propuesta del Gobierno de seguir en el proceso de convergencia programado legislativamente, con ideas para debate para las ‘tablas’ de bases de cotización para los próximos años, habiéndose aplicado ya en 2023-2025 las establecidas en el real decreto, se ha montado, como decía, la marimorena. Las reacciones de quienes, junto a los partidos de Gobierno, convalidaron masivamente el RDL 13/2022 de 26 de julio de 2022, hace más de tres años, han sido estas semanas de una furia digna de mejores causas, que no faltan y se encuentran completamente desasistidas, como la dependencia. Y las reacciones de los interlocutores sociales, desgraciadamente, por el estilo. Se ha dicho que «ya está bien», que «no cuenten con nosotros», y se ha escrito en titulares mediáticos que «los autónomos ya pagan cuatro veces más que los asalariados».

Las redes sociales se han inflamado en una competición a ver quién está más desinformado o dice la palabra más gorda, en defensas infantiles de «lo bonito de ser autónomo» (estatus que más de la mitad de estos trabajadores cambiarían al instante, si pudieran, por el de asalariado) o ataques de descerebrados al Gobierno y a quienes tienen el impagable mérito (y, créanme, no se lo pagamos) de levantar cada mañana la persiana de su establecimiento, poner en marcha su furgoneta o sentarse frente a su ordenador, sin saber si van a ingresar algo durante la jornada.

El Gobierno –que como todos los demás anda de aquella manera, se levanta cada día con un juez y se acuesta con un fiscal (o algo peor), insisto, como todos los demás–, al parecer, se ha olvidado de comunicar con más antelación y mejor lo que pretendía, o no se ha reunido (todavía) con quienes le ayudaron a convalidar el real decreto. Y se ha estrellado.

La señora ministra de Seguridad Social, que no es santa de mi devoción, está en lo cierto cuando dice que todo esto estaba aprobado por todas las partes políticas y sociales desde 2022 y que sólo ha querido aportar ideas al necesario debate de cara a 2026-2027. Pero ha concentrado las iras demenciales y demoniacas de sujetos de rabia incontenible que mejor estarían bien custodiados por sus familiares, si es que les queda alguno. En vano, y no me extraña, en España cada vez hay más ‘vano’ (esta es la verdadera España Vacía, ‘copyright’ de Sergio del Molino), la señora ministra ha tratado de argumentar serena y certeramente sobre el acuerdo de 2022. Pero la pedagogía no es el fuerte del Gobierno. Ni de este ni de los anteriores. No hay más que entrar en la web de la Seguridad Social para ver que consiste en una relación infinita de normativa ilegible, nada amistosa y hasta, en aciagas ocasiones, desactualizada.

Acabo diciendo que ya va siendo hora de que los asalariados y sus sindicatos representativos, y hasta las asociaciones patronales, se enteren de que, en el medio y corto plazo, las cuotas del empleador se acaban repercutiendo (disminuyéndolos correspondientemente) en los salarios brutos de los trabajadores. Si no fuese así, muchas empresas quebrarían, por cuotas del empleador inasumibles, dados sus márgenes. Desgraciadamente, muchas otras empresas, pequeñas o micro, habrán quebrado antes de haber podido hacer ese ‘pase’ al completo, lo que sus trabajadores, arrojados al desempleo, habrán sido los segundos en lamentar, después, naturalmente, del propio empleador.

En fin, señoras y señores, España es ese coto de caza en el que se gasta mucha pólvora apuntando bajo para cobrar pocas y malas piezas que llevarse a la boca (productividad), esa plaza pública en la que si llueve o hace calor nunca es a gusto de todos, ese autobús en el que el viaje cuesta más que el billete y que pretendemos que pare donde nos conviene según los mandados de cada jornada, en vez de en sus paradas programadas. Nada de esto les va a hacer la vida más fácil a los autónomos.

Y también les digo. A lo mejor, pretender que un autónomo asuma el 30 por ciento (y subiendo) de sus ingresos efectivos netos (si es que los conoce) es una barbaridad y que la ilusoria convergencia hacia las bases de cotización del Régimen General es imposible o, lo que sería peor, indeseable. Con alrededor de un 20 por ciento de sus ‘ingresos efectivos netos’ de cuota a la Seguridad Social (sin las ridículas tarifas planas existentes) y un plan de pensiones de autónomos a los que cuasi-obligatoriamente (‘autoenrolment’, ¿les suena?) se fueran adscribiendo estos trabajadores con aportaciones del 5 por ciento (o más, quienes así lo desearan), podrían ser una buena solución o, al menos, un principio de la misma. Y añado, los planes ‘simplificados’ actuales, a menos de medio gas, cojos y mancos de incentivos fiscales, deberían, para empezar, equipararse a los de los asalariados.