El Correo-TONIA ETXARRI
El bloqueo catalán retrae a la mayoría de ciudadanos vascos
Un fracaso. El bajo nivel de participación en la consulta de ayer en cinco municipios vascos sobre el derecho a decidir es un aviso a navegantes. Un dato para que los dos partidos que apoyaron esa puesta en escena asuman que se están metiendo en una deriva que no está siendo secundada por la ciudadanía. Que una cosa es que se les vote en las elecciones y otra muy distinta que se dejen obnubilar por aventuras de ruptura. Ayer fue la primera vez que una consulta de este tipo se celebraba en una capital vasca como San Sebastián y tuvo una participación tan débil que sus organizadores, Gure Esku Dago, prefirieron poner el acento en la «visibilidad» del evento. Una excusa al ver sus expectativas frustradas. No se trataba de un referéndum al uso. Sin preguntas vinculantes ni valor jurídico alguno. Más bien votaciones simbólicas siguiendo el ejemplo de otros municipios catalanes que hicieron consultas, hace más de dos años, para engordar el quórum de la adhesión a la secesión unilateral propuesta por la Generalitat y la CUP. Los independentistas vascos quieren seguir la hoja de ruta de sus homólogos catalanes. Un plan que ha acabado siendo un desastre. El propio Joan Tardá (que estuvo de observador) lo podría explicar. Pero como lo de menos era el nivel de participación, lo que importa, pues, es la publicidad. Un apoyo simbólico a la autodeterminación utilizando la propaganda del contrapoder.
El lehendakari, que tiene una percepción muy clara de lo que es y significa el movimiento de Gure Esku Dago, sabe que la aspiración de ruptura con el resto de España no se refleja en los sondeos. Que los proyectos de desconexión no son mayoría. Pero su partido quiso implicarse en esa puesta en escena. Aunque el entusiasmo de Egibar, junto a otros jelkides, con el lazo amarillo en la solapa y la mano en la papeleta, no haya conseguido arrastrar a las masas.
Al PNV le ha sido rentable hasta ahora, combinar los mensajes moderados de Urkullu con los radicales de Egibar y el nido guipuzcoano. Pero las contradicciones suelen provocar un efecto ‘despiste’ en el electorado. Una cosa es que al PNV le voten ciudadanos de centro y liberales, además de nacionalistas, y otra muy distinta que todos sus votantes le vayan a seguir en aventuras de ruptura. La jornada de ayer debería provocar esa reflexión. El bloqueo catalán, con el enfrentamiento social y la fuga de empresas y profesionales, retrae a la mayoría de ciudadanos vascos. Lo dicen las encuestas. Urkullu sabe que la línea que no debe traspasar es la de imitar el ‘procés’. No sería un buen referente si piensa en el bienestar de la mayoría. Pero mientras él habla de ensanchar espacios de consenso, su partido aplica en el Parlamento acuerdos excluyentes. A Otegi, reconvertido en hombre de paz y repartidor de carnés de demócratas gracias al blanqueamiento de su pasado, le encaja el plan de forjar un frente de ruptura con sus homólogos catalanes. Se mueve en esa clave desde hace tiempo.
Pero Urkullu, lehendakari, no puede permitirse fracturar la sociedad vasca como ha hecho Puigdemont en Cataluña. Entre otras cosas porque la ciudadanía está mayoritariamente satisfecha con las cuotas de autogobierno. Según los sondeos. Podrá soñar con el eufemismo de la independencia pero sabe que el derecho a decidir es incompatible con nuestro marco legal.
Se lo recordó públicamente la semana pasada el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Con la reforma del Estatuto en ciernes, Juan Luis Ibarra alertó sobre el peligro que se avista con el pacto sellado entre PNV y EH Bildu. Porque con ese anteproyecto se han sobrepasado los límites legales. Y en su condición de máxima autoridad judicial recordó que el derecho a decidir no resulta compatible con nuestra Constitución. Los muñidores de ese acuerdo parlamentario, notablemente contrariados, han arremetido contra Ibarra diciendo que no es quién para hacer discursos políticos. Claro que lo es. Como máxima autoridad judicial se amparó en los principios de ética judicial. Un código sobre la relación de los jueces con los medios de comunicación a la hora de aportar sus reflexiones, que deben ser prudentes. En su artículo 21 establece que «cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva de los jueces cede en favor del deber de denuncia». Y eso fue lo que hizo el presidente de la Judicatura vasca. Alertar del peligro.