Ayer, la Tesorería General de la Seguridad Social cobró la cuota de enero a los trabajadores autónomos españoles. Lo hizo aplicando ya el nuevo método de cotización que ha impulsado el ministro Escrivá para forzar a estos profesionales a pagar según sus ingresos en lugar de permitirles escoger, como ocurría hasta la fecha, su base de cotización entre un mínimo y un máximo legal. Semejante sistema ha provocado que muchos autónomos hayan visto fuertemente incrementada su cuota mensual: de hecho, todo autónomo que ingrese más de 1.166 euros mensuales habrá sufrido un aumento en su cotización que, para los tramos más altos, puede ser de alrededor del 50%. Se trata, además, tan solo del aperitivo de lo que está por venir: durante 2024 y 2025, la sangría va a continuar a la espera de que, en ese momento, Gobierno, sindicatos y patronal negocien un nuevo estocazo contra los autónomos. 

Pero ¿a qué viene esta ofensiva sin cuartel contra este colectivo profesional? Básicamente, se han ofrecido dos argumentos: por un lado, que es necesario subir las cuotas de algunos autónomos para bajárselas a otros; por otro, que es necesario alinear las cuotas de los autónomos con sus ingresos para que perciban pensiones de jubilación acordes a su tren de vida profesional. Ambos argumentos, empero, son pobres.

En primer lugar, y salvo que el ministro quiera perpetrar un cambio de sistema por la puerta de atrás (que es lo que seguramente está sucediendo), la Seguridad Social es un sistema de tipo contributivo: es decir, cada cual cotiza en función de lo que recibe. Por consiguiente, un autónomo no cotiza formalmente a la Seguridad Social para costear las pensiones de otros autónomos, sino para devengar un derecho a percibir la propia (cuestión distinta es que, con sus cotizaciones presentes, se abone el pago de las pensiones presentes, pero la operación no es distinta, o no debería serlo, de que ese autónomo invirtiera en deuda pública y se hiciera frente a los vencimientos actuales con tales ingresos financieros). En este sentido, si un autónomo desea cotizar por el mínimo legal, debería seguir teniendo la libertad para hacerlo porque también recibirá en el futuro una pensión proporcional a esa cotización mínima: lo que deja de aportar debería equivaler, a efectos de la sostenibilidad de la Seguridad Social, a aquello que deja de recibir en el futuro. 

En segundo lugar, cabría acaso pensar que el Ejecutivo hace bien en obligar a los autónomos a cotizar de acuerdo a sus ingresos porque, de ese modo, está velando por los intereses de los propios autónomos: como muchos autónomos son demasiado cortoplacistas como para tomar en consideración su situación patrimonial futura, es imprescindible obligarlos a que ahorren más de lo que están ahorrando ahora mismo de cara a su jubilación. Sin embargo, este argumento —que podría tener cierta lógica para evitar dependencias y rescates futuros de los autónomos irresponsablemente cortoplacistas— es claramente tramposo desde el momento en que el ministerio no se limita a subirles las cotizaciones sociales a aquellos autónomos que no estén ahorrando lo suficiente para su jubilación, sino que se las sube a todos los que superen un cierto umbral (reducido) de ingresos con independencia de cuál esté siendo la evolución de su patrimonio personal. Si el ministerio de verdad quisiera evitar que hubiese autónomos que alcanzan descapitalizados la edad de jubilación, se preocuparía por estudiar qué hacen con sus ingresos sobrantes aquellos autónomos que escogen (escogían) cotizar por la mínima (pudiendo cotizar más) y limitaría el alza de cotizaciones a aquellos que no estuviesen acumulando un suficiente patrimonio privado como para afrontar un retiro digno. Pero no hace eso porque ese no es el objetivo real.

El objetivo real de esta reforma —al igual que el destope de las bases máximas de los asalariados— es convertir las cotizaciones sociales en un impuesto camuflado sobre los ingresos personales de los trabajadores más cualificados para cubrir parte del agujero financiero a largo plazo de la Seguridad Social: ese agujero que obviamente existe —y que las últimas decisiones del Gobierno se han dedicado a agrandar— pese a que Escrivá lleve años negándolo. Es decir, se trata de seguir socavando la naturaleza contributiva del sistema para ir convirtiéndolo en uno de tipo asistencial-redistributivo. Un nuevo expolio tributario que ni siquiera se atreven a llamar por su nombre. Muchas gracias, por cierto, a todos quienes lo han hecho posible: no solo PSOE, Unidas Podemos y sindicatos, sino también PP y CEOE (incluyendo ATA). Centenares de miles de autónomos os tienen muy presentes en sus pensamientos.