Este Gobierno hace muchas cosas bien. ¿La que mejor? Venderse. Si hiciéramos una encuesta en este principio de año comprobaríamos con facilidad que nos hemos quedado con eso de la rebaja del IVA de los productos alimenticios básicos, con la promesa de una ayuda dineraria a quien la necesita y con el límite a la subida de los alquileres para que no castiguen demasiado los bolsillos de los ciudadanos. ¿Eso está bien, no? Si, no hay duda. ¿Cuánto de bien? ¡Ahhh! eso es ya otra cosa.

Si la subida de la cesta de la compra ha sido del 15% y si según el INE una familia con dos hijos gasta en alimentos y bebidas no alcohólicas 381,5 euros al mes, el incremento de su coste ha sido de 686,7 euros a lo largo de 2022. A lo que se añade ahora el nuevo impuesto sobre el plástico que va directo a los precios. El efecto monetario de la bajada del IVA es más difícil de precisar por la variedad de tipos reducidos o eliminados, por la manera de trasladarse a los precios y porque afecta solo al 60% de los alimentos básicos al quedarse fuera alimentos importantes como la carne y el pescado. Los cálculos realizados estiman un ahorro en los alrededores de los 150 euros.

La ayuda prometida es de 200 euros. Es decir, de 0,54 al día, que sumados al ahorro estimado en el IVA no alcanza para compensar las subidas de los precios. Para el colectivo objetivo -el Gobierno calcula que unos 4,2 millones de ciudadanos-, la situación de salida del año será peor que la de entrada. Para el resto ni le comento. Y le recuerdo que un familia en la que dos de sus miembros cobren el SMI estará incluida en ese resto, pues con sus 28.000 euros de ingresos superará el límite fijado de los 27.000. Ya veremos cuántos lo cobran realmente. El anterior cheque de ayuda energética previó un alcance de 2,6 millones de ciudadanos y se quedó en poco más de 600.000.

Como ejemplo de generosidad es mejorable, pues resulta evidente que el gasto comprometido se queda lejos, mejor dicho, lejísimos de los 33.000 millones de recaudación fiscal extra obtenida por el impacto de la inflación en los precios de todos los bienes y servicios. La rebaja de los 20 céntimos tuvo un coste de 6.000 millones para las arcas públicas que se verán muy mermados al retirarse la ayuda a los particulares. Por último, la limitación de los alquileres carece de coste para el Estado, pues el esfuerzo lo hacen los propietarios y el castigo recae sobre el ahorro. Pero ¿de qué se quejan? ¡Si son propietarios!