EL CONFIDENCIAL – 21/07/16
· La Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo lleva meses concediendo reconocimientos honoríficos a los ciudadanos vascos que tuvieron que huir de su tierra.
La Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo lleva meses concediendo reconocimientos honoríficos a los ciudadanos vascos que tuvieron que huir de su tierra por el acoso que estaban sufriendo por parte de la banda ETA. Así lo confirmó ayer su directora, Sonia Ramos, en la clausura del curso de El Escorial organizado por Dignidad y Justicia para tratar la última iniciativa judicial de esta asociación, que trata de condenar a los jefes de la organización terrorista por el delito de lesa humanidad y que, por el momento, ya ha provocado el procesamiento de cinco exjefes de la banda en la Audiencia Nacional y la apertura de diligencias por parte de los tribunales argentinos.
En concreto, según Ramos, la Dirección General ha concedido hasta el momento más de 120 menciones y ayudas económicas a ciudadanos que tuvieron que abandonar su patria por las amenazas de ETA. Según la responsable de víctimas del Ministerio del Interior, el dinero se entrega a los afectados con el fin de paliar los gastos que conllevó la mudanza, la escolarización de los niños, los daños psicológicos y otros perjuicios ocasionados a causa del desplazamiento.
Ramos, que no ha dado la cifra de solicitudes que se han presentado hasta el momento en el Ministerio, ha admitido que muchas de ellas no están acreditadas como la ley establece, con una sentencia o al menos la apertura de diligencias policiales. Muchos de estos exiliados no denunciaron su situación, sino que simplemente recibieron amenazas de algún tipo (ya sea a través de cartas exigiendo el impuesto revolucionarios, ya sea mediante avisos verbales) y decidieron hacer la maleta e irse.
De ahí que Interior se esté planteando también la posibilidad de hacer modificaciones legales que permitan valorar otros medios de prueba y darlos por buenos, con el fin de que esas personas que huyeron de sus casas por el acoso de ETA puedan recibir estos reconocimientos y las ayudas económicas. Según recordó el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, en varias ocasiones durante sus diferentes intervenciones en el mencionado curso, desarrollado en el marco de la formación estival de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Vasco ha establecido que hay entre 60.000 y 200.000 personas que abandonaron sus casas por el terrorismo durante la época activa de la banda terrorista.
Ramos, que ha dicho que estos más de 120 compensados son solo el principio de una tendencia que inicia el Ministerio del Interior, ha recalcado también que en los últimos cinco años el Gobierno ha indemnizado a más de 600 víctimas por primera vez. Es decir, que hasta el momento había más de 600 personas víctimas del terrorismo que no habían recibido ayuda de ningún tipo. «Hemos abonado 37 millones en indemnizaciones en esta legislatura», ha subrayado la directora general, quien ha anunciado un proyecto para que las víctimas puedan acceder a la situación judicial de sus casos y para que estas tengan una defensa jurídica gratuita.
El curso se ha centrado en los procesos judiciales abiertos contra ETA por los delitos de lesa humanidad tanto en Buenos Aires como en Madrid, que tratan de demostrar que la banda terrorista, como indicó el letrado Rodríguez Arias, «mató a españoles por el hecho de ser españoles», lo que representa una auténtica «limpieza» de personas. El argumento, por el momento, ha provocado que la Audiencia Nacional procesara a cinco exjefes de la banda terrorista, únicamente a los que se hicieron cargo de las riendas de ETA a partir de 2004, ya que hasta ese momento el Juzgado número 3, responsable de las diligencias, consideró que España no era competente.
Los años previos al mencionado ejercicio límite son objeto de la investigación abierta en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, cuyo titular, Rodolfo Canicoba, abrió diligencias después de que así se lo ordenara la Corte Federal y tras la querella presentada por Dignidad y Justicia, que entiende que esta iniciativa judicial -tanto en su variante argentina como española- pretende que los 300 crímenes sin resolver que aún hay en la Audiencia Nacional no queden impunes y haya al menos un responsable de la banda condenado por ellos, aunque sea por lesa humanidad.
Otro de los impulsores de las querellas, Luis Portero, hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía del mismo nombre -asesinado por ETA en 2000-, aseguró durante su intervención en el mencionado curso que hay pocas esperanzas de que el proceso prospere en la Audiencia Nacional, donde se ha troceado el caso, pero que Dignidad y Justicia y la Fundación Luis Portero -también querellante- recurrirán ante la Unión Europea, donde hay jurisprudencia de sobra que -según argumenta- les da la razón.
EL CONFIDENCIAL – 21/07/16