El Gobierno Sánchez tuvo el cuidado ayer de rebajar la tensión que podía adivinarse en el encuentro, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, recurrió solo a la lealtad institucional para atribuírsela al presidente, cuestionando si acaso implícitamente que esa fuera la actitud de su interlocutora. Por su parte Díaz Ayuso expuso sus argumentos en una amplísima gama de colores; todos los del centro-derecha. Desde suponerle una equivocada «buena fe» a Sánchez por su «confianza» en los independentistas, hasta acusarle de permitir que España esté «secuestrada en manos de minorías que la odian», llegando al extremo de declarar que «vamos abocados a un cambio de régimen». Desde la defensa de Madrid como síntesis y aluvión del conjunto del país a revelarse preocupada por lo que suceda en cualquier otra autonomía.

Cuando Jordi Pujol, al final de su mandato y durante la presidencia de Aznar, esgrimió la idea del ‘pacto fiscal’, Alberto Ruiz Gallardón replicó en voz baja que si Cataluña lo conseguía, la Comunidad de Madrid no se quedaría a la zaga. Casi diez años después Artur Mas retomaría durante unas horas aquella idea, fue el 20 septiembre de 2012, para devolverla al cajón tras su reunión con Mariano Rajoy en La Moncloa. Hoy el ‘pacto fiscal’ es el que trata de forzar Díaz Ayuso rebajando la presión tributaria en el tramo autonómico junto a exenciones y estímulos, mientras reclama que el Gobierno central sea financieramente más justo con los madrileños, dado lo mucho que estos aportan a las arcas del Estado. Un argumento más imbatible que el chuletón al punto. La geometría variable que pretendía Sánchez se ha quedado en una política parcelada -cogobernanza incluida- por la que es posible mostrarse un día extremadamente fino dando cobertura legal a cada identidad personal y declararse al siguiente devoto de la dieta paleo.