Más allá de la crisis de los menas, en España falta una política migratoria que corresponde establecer (artículo 149 de la Constitución) al Gobierno. Establecer significa marcar las pautas y negociar su aplicación con las autonomías, y hasta ahora no se conoce lo que el Ejecutivo ha hecho en ninguno de los dos aspectos salvo dar bandazos (del Aquarius a las ilegales devoluciones masivas en Ceuta) y palos de ciego. Las competencias sobre el asunto, que afectan a la protección de fronteras, derecho de asilo, permisos de residencia, requisitos de nacionalidad y régimen de estancia de los extranjeros, están desperdigadas en cinco ministerios, más las comunidades que prestan algunos de los servicios directos como esos centros de acogida que ahora están en juego. Así sólo es posible una gestión razonablemente adecuada mediante una colaboración institucional ausente por completo en una escena pública cuyo principal rasgo consiste en la incapacidad para el acuerdo.

Cuando se trata de encontrar salida al problema de miles de menores amontonados en refugios provisionales que han superado con creces el punto crítico, no parece la mejor idea acusar de xenofobia a la oposición con la que se busca un pacto de mínimos. Eso es lo que han hecho en los últimos días varios ministros, más interesados en azuzar el conflicto entre el PP y Vox que en trabajar por una solución de compromiso. En materias de Estado, y ésta lo es, el Gobierno sólo puede contar con un partido –justo ése al que denigra mientras le pide ayuda– porque a sus socios de referencia les puede la pulsión excluyente e inocultable del segregacionismo. La solidaridad no es una opción negociable sino un imperativo, pero a la hora de repartir esfuerzos conviene mostrar un cierto espíritu de diálogo, siquiera fingido. Por educación, por formalidad, por respeto y también por un elemental sentido de pragmatismo cooperativo.

Ocurre que la prioridad sanchista es siempre la de dominar el relato, y eso es muy difícil cuando el argumento está repleto de lances antipáticos. La inmigración, uno de los grandes retos universales de este tiempo, no se puede abordar con la mentalidad de evitar sobresaltos ni de mirar para otro lado porque su durísima realidad siempre acaba desbordando los cálculos. Las narrativas políticas saltan por los aires bajo el impacto dramático de esos desastres humanitarios ante los que no cabe lavarse las manos. La crisis canaria es sobrellevable con buena voluntad y un coste relativamente bajo; más complicado va a resultar hacerse cargo de las previsibles nuevas avalanchas de este verano. Y el clima que está creando el Gabinete, con su empeño en sacarse responsabilidades de encima, presagia un nuevo fracaso. Hay un problema de convivencia en ciernes, y será más grave cuanto más se tarde en abordarlo. A ser posible, sin los habituales oportunismos tácticos.