EL MUNDO – 20/05/16 – EDITORIAL
· El gobierno ha prohibido la entrada de banderas independentistas en la final de la Copa del Rey que disputarán el Barcelona y el Sevilla el domingo en el Vicente Calderón. Para que se cumpla la resolución, los 2.500 agentes encargados de la seguridad vigilarán para impedir que el público asistente introduzca las llamadas esteladas. La reacción de las autoridades catalanas ha sido inmediata: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han anunciado que no acudirán al Calderón como gesto de protesta.
El Gobierno alega que la medida es pertinente para evitar que la final se convierta en un escenario de «lucha política» entre las dos aficiones. Y quienes justifican esta decisión invocan varias disposiciones de la Ley del Deporte para prohibir estas banderas. Entre ellas, el artículo 21.1, que establece la prohibición de «símbolos, pancartas y emblemas que constituyan un acto de desprecio a las personas participantes en el espectáculo».
El Ejecutivo se apoya también en que la Uefa ya ha sancionado con fuertes multas al Barcelona por la exhibición de esteladas en dos partidos de la Champions, alegando que son símbolos de carácter político.
Un juez de lo contencioso-administrativo decidirá hoy sobre el recurso presentado contra la resolución de la delegación del Gobierno en Madrid. Sobra decir que su fallo debe ser respetado y ejecutado porque, por encima de la opinión pública, está el imperio de la ley.
Nuestro punto de vista es que las razones del Gobierno merecen ser sopesadas, pero no nos parecen convincentes porque nadie puede prohibir algo que está permitido por la norma y amparado en la propia Constitución como una libertad de expresión. Las banderas independentistas no son ilegales, como no lo son las republicanas, por lo que nadie puede impedir que las personas lleven a un acto público esos símbolos.
Otra cosa es que esas mismas banderas sean exhibidas en ayuntamientos e instituciones públicas, lo cual es un delito contra el que deberían actuar –ya lo han hecho– los tribunales. Nos parece además que será muy difícil la aplicación efectiva de esa medida, que supone registrar a fondo a todos los asistentes. Y, por último, creemos que la prohibición va a agudizar el problema que efectivamente existe y que deriva de que los nacionalistas quieren politizar los eventos deportivos.
Dicho esto, hay que criticar la hipocresía y el cinismo de Puigdemont y Colau, que no toleran la exhibición de símbolos nacionales en Cataluña y Barcelona y se ofenden porque se prohíban en Madrid unas banderas que no son oficiales. En un municipio catalán, el alcalde de ERC impuso una multa de 900 euros a un vecino por ondear la enseña española. Y hay cientos de ayuntamientos en esa comunidad que no cumplen la ley con la total connivencia política del Gobierno de Puigdemont, que alienta esas conductas.
El nacionalismo catalán tiene un descarado doble rasero que cada día queda más en evidencia: sus símbolos son sagrados e intocables, pero la bandera española, el himno nacional o la figura del Rey no le merecen ningún respeto. Por ello, los independentistas carecen de toda autoridad moral para protestar por la prohibición.
El sectarismo del independentismo ha contaminado al Barcelona Club de Fútbol, cuyos dirigentes se han puesto al servicio de la causa hasta el punto de que una persona que exhibiera hoy una bandera española en las gradas del Nou Camp pondría en peligro su integridad física.
No es el Gobierno quien ha creado este problema, aunque a nuestro juicio se haya equivocado. Ha sido el independentismo catalán, su falta de respeto hacia las leyes, sus proclamas de odio contra los símbolos nacionales y sus políticas sectarias y excluyentes. Ellos han creado un problema de convivencia donde no lo había.
Con la misma convicción que defendemos la libertad de cada uno de llevar los símbolos que quiera –siempre que no inciten a la violencia o al racismo–, defendemos la necesidad de que el nacionalismo catalán respete la bandera española, el himno y la figura del jefe del Estado.
Resulta un sarcasmo que los intolerantes recurran ahora a la tolerancia para que se respeten sus derechos. No hace falta porque los que no somos como ellos reconocemos que deben estar amparados por la libertad que niegan a los demás.
EL MUNDO – 20/05/16 – EDITORIAL