ABC 14/09/16
EDITORIAL
LA apertura de una causa penal contra Rita Barberá en la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un hecho que debe tener consecuencias políticas. La exalcaldesa de Valencia ha de ser consciente de la responsabilidad que tiene contraída con su partido y de las dificultades que representa para el PP la lista de casos de corrupción que implican a ex altos cargos nacionales y responsables locales. En plena campaña electoral vasca y gallega y con la investidura de Rajoy en el aire, Barberá debe asumir el coste de la situación y renunciar al acta de senadora. Es cierto que lo que ha decidido el Supremo viene derivado de la investigación por blanqueo de capitales que dirige un juez de instrucción de Valencia y que la incoación de la causa contra Barberá no supone imputación de ninguna clase. Pero en estas páginas hemos defendido que las responsabilidades políticas tienen que ser autónomas de las iniciativas judiciales, en todos los sentidos. La política no debe ser subsidiaria de los Juzgados. Si todo el equipo municipal del PP en Valencia está imputado por blanquear dinero del partido, a razón de mil euros por concejal, la responsabilidad de Barberá no necesita, ni necesitaba, la decisión de juez alguno.
Ahora bien, si no cabe discutir la corrección de la decisión del Supremo, sí resulta cuestionable que el instructor de la causa contra Barberá sea Cándido Conde-Pumpido, el ex fiscal general de Zapatero. Las mismas razones de exquisita y sensible imparcialidad que apartaron a los magistrados López y Espejel del caso Gürtel –fueron propuestos por el PP para cargos judiciales y, López, para el Tribunal Constitucional– deben aplicarse a Conde-Pumpido, mano derecha de Zapatero para depurar ideológicamente la Fiscalía y para apadrinar ante los jueces de la Audiencia Nacional el proyecto de negociación política del Gobierno socialista con ETA. Por dignidad, Conde-Pumpido debería abstenerse de investigar a Barberá.