En esta ocasión, el PP ha actuado con diligencia tras conocer la imputación de Barberá por el Supremo. Es cierto que obligado por la circunstancia de necesitar a otros partidos para intentar formar Gobierno: Albert Rivera había exigido el martes a Rajoy la dimisión de la senadora «si quiere contar con nuestro compromiso» en una nueva investidura. Sea como sea, el PP ha dado muestra de los nuevos tiempos que corren por la política española y así se lo reconoció ayer Ciudadanos.
Rita Barberá debería haber reaccionado mucho antes para no perdudicar a su partido. Es cierto que por estar aforada –al ser senadora– su imputación se ha retrasado respecto a la de los otros implicados en la pieza separada del caso Taula, pero sobre ella pesaban unos indicios claros que hacían más que aconsejable su renuncia a los cargos públicos: por este asunto está imputada la cúpula del PP en la ciudad de Valencia y la mayoría del grupo municipal popular de esa ciudad. Por eso, desde el punto de vista político, no debería haber esperado hasta el último momento para renunciar a sus cargos públicos.
Pero Barberá se ha quedado a medio camino, porque también debería abandonar su escaño en el Senado. Es cierto que legalmente no se le puede exigir esa renuncia, pero la asunción de responsabilidades políticas debería conllevar también su salida de la Cámara Alta. Máxime cuando ella no ha sido elegida en unas elecciones, sino que está allí por designación del Parlamento autonómico. Si Barberá ha decidido no representar más a los militantes valencianos del PP, con más razón debería haberlo hecho respecto a todos los ciudadanos de esa región. Todavía está a tiempo de reconsiderar su decisión.
De todas formas, aunque Barberá se quede en el Senado, empieza a formar parte del pasado de la política española. Con la ruptura de su relación con el PP finaliza la etapa más negra del partido en la Comunidad Valenciana. Una época que coincide, además, con la de los grandes éxitos electorales del PP. Más de una quincena de causas judiciales han salpicado a esa formación en los últimos años, en las que se han visto implicados los principales líderes regionales y provinciales del partido, casi todos además ex altos cargos. El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps se encuentra imputado en el caso Fórmula 1, los ex vicepresidentes Juan Cotino y Vicente Rambla, en el caso Gürtel. Rafael Blasco, ex consejero, ha sido condenado el caso Cooperación. El ex presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Fabra cumple condena; Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia y José Joaquín Ripoll, de la de Alicante, están imputados en los casos Taula y Brugal, respectivamente. Y en esta última causa también aparecen los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
Junto a ellos, una larga lista de consejeros y concejales, a la que hay que añadir responsables de organismos públicos, como Consuelo Ciscar, ex directora del IVAM, imputada por corrupción en ese instituto, o Helga Schmidt, ex intendente del Palau de les Arts, también investigada. Demasiados altos cargos cayeron en la tentación de la corrupción.
La sola enumeración de los casos y de sus protagonistas produce rubor. Rita Barberá, aunque para su vergüenza se quede en el Senado, debe ser un símbolo del final de una etapa en la que el caciquismo y la arbitrariedad llevaron a corromperse a quienes se creían impunes porque fallaron los controles. Y, a la vez, del inicio de esa nueva forma de hacer política que quieren los españoles.