Después de día y medio de duras negociaciones tras conocerse que iba a ser investigada por el Tribunal Supremo, la ex alcaldesa de Valencia deja el PP, la organización en la que ha militado 40 años, en medio de una enorme escandalera. Solicita la baja porque así se lo ha «pedido» el partido, según anunció ella misma en un comunicado hecho público en la tarde de ayer. Pero la mujer que en su día fue un referente del PP, la llamada alcaldesa de España, se marcha de la peor manera inimaginable: «Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado y de permanecer en él, tal como me ampara la Ley, porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de responsabilidad».
Su decisión de aferrarse al escaño provocará su salida inmediata del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para pasar el Grupo Mixto, donde compartirá trabajo con otros 16 senadores de 10 partidos políticos, entre ellos Bildu, Convergència y Compromís. Ni el peor de sus enemigos habría podido escribir un final más perverso, aunque ha sido ella sola quien lo ha escogido.
La dirección del PP no pudo convencerla de que renunciara al acta de senadora. Un cargo que ostenta por designación de las Cortes Valencianas, no por elección directa. Desde que el lunes por la mañana trascendiera que el Supremo había decidido investigarla por un supuesto delito de blanqueo cometido para financiar su última campaña electoral, Génova trató de persuadirla de que abandonara. No fue posible. Quienes la conocen bien ya advertían de que no dimitiría. Ni la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ni el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, lograron que cediera, pese a que en algunos momentos pensaron que dimitiría.
El PP buscó desde el primer momento que rehusara al acta de senadora, pero Barberá ha querido a toda costa mantener su condición de aforada. De este modo se asegura que su causa la instruya y, si llega el momento, la juzgue el Supremo. Este elemento procesal siempre ha sido vital en su comportamiento. Cuando estalló el caso del blanqueo de dinero en su campaña y todos sus concejales fueron imputados, el partido ya intentó que se marchara. No sólo se negó, sino que forzó su permanencia en la Diputación Permanente del Senado para preservar el aforamiento si había nuevas elecciones. Mariano Rajoy se lo permitió en contra del criterio de muchos dirigentes de su partido.
Fuentes del PP intentaban explicar ayer los motivos de su actuación. El Supremo, dicen, al designar instructor al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido –que ocupó el cargo con un Gobierno socialista–, se lo había puesto «muy difícil». Pero aun así, señalan, ha preferido eso a la «humillación» de sentarse en un juzgado de Valencia con Marcos Benavent, el llamado Yonki del dinero; Alfonso Grau, quien fue su mano derecha, y su mujer, María José Alcón, con los que ha roto relaciones.
El penúltimo capítulo de la vida política de Barberá – sin duda el que más se recordará– le ha supuesto la ruptura de importantes relaciones personales. El pulso que le ha echado al partido no le ha salido gratis. Fuentes populares confirman que en el día y medio que ha durado la crisis no ha hablado en ningún momento con Rajoy. Muchos cargos en el PP daban por supuesto que sólo la intervención del presidente podía conseguir que Barberá cediera y dejara el escaño. Que Rajoy no se haya implicado, tras hacerlo recientemente en la renuncia de José Manuel Soria al Banco Mundial, con quien también mantiene una estrecha amistad, da fe de lo poco que Barberá ha estado dispuesta a colaborar.
Las personas que la conocen bien aseguran que no es capaz de entender por qué el partido no la defiende o le aplica medidas mucho más duras de las que figuran en los estatutos. Dicen que aspira a que la causa se archive y a volver, sacándole los colores a todos los que han osado criticarla. Barberá no ha sabido digerir los reproches públicos contra ella, hasta el punto de perseguir con llamadas telefónicas a quienes se atrevían a criticarla.
Pero su concepto clásico de la política se ha topado esta vez con circunstancias que ni una mujer que ha tenido tanto poder como ella ha podido esquivar. Las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre y la conformación del Gobierno de España han podido más que Barberá. Ciudadanos exigió su cabeza para preservar el pacto de investidura con Rajoy y el PP se la ha entregado, aunque no ensangrentada. La formación naranja asume como válida su baja aunque siga en el escaño. «No podemos obligar a un cargo público a abandonar el acta. No pertenece a los partidos, es personal», manifestó ayer el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
El PP llegó a amenazarla con la expulsión. Ayer por la tarde se movilizó al Comité de Derechos y Garantías para iniciar el expediente. Sólo cuando vio que realmente la iban e echar, Barberá claudicó. Aislada, sin el apoyo de quienes la han acompañado en los últimos años, la alcaldesa de España se va al Grupo Mixto. «Seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos», anunció.