ABC 02/01/14
En el segundo semestre del año el Gobierno abordará una reforma del sistema de financiación autonómica, que por primera vez irá paralela a la financiación local. Este nuevo diseño, calificado en su día como un «sudoku», en palabras del exministro socialista Pedro Solbes, hace prever tensiones territoriales y dentro del PP, tanto por la filosofía del nuevo sistema –habrá que determinar qué criterios priman en el reparto de fondos: población, dispersión territorial, aportación a la caja única del Estado, derechos históricos…– como por el resultado final, máxime cuando se teme un trato de favor a Cataluña para frenar su deriva secesionista. Es decir, un modelo «a la carta» para uno, y otro modelo para el resto. Un desafío más que añadir a la lista de retos para Mariano Rajoy.
Por ello, no es de extrañar que los «barones» del PP en regiones como Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura o Galicia hayan aprovechado sus discursos por Año Nuevo para marcar terreno, hacer menciones a la solidaridad territorial, dejar claro que «no consentirán que se les trate de forma distinta que al resto de los españoles» (el valenciano Alberto Fabra) o reclamar «un trato más justo del Gobierno de Madrid» (el balear José Ramón Bauzá). El madrileño Ignacio González fue uno de los más contundentes, incluso remarcando el actual precio que los ciudadanos de su Comunidad pagan de más con la actual financiación: 1.300 millones de euros. Como expresó el extremeño Monago: «Para nosotros la pela también es la pela».