El secretario general de Sortu se venía arriba el 6 de agosto por la declaración de inelegible que pendía sobre su cabeza: «No habrá ni tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil, ni Ejército que vayan a impedir que concurra como candidato a los comicios».
Días más tarde se produjo la portentosa intervención de Meritxell, oh, mi Meritxell, para afirmar que el presunto candidato había cumplido «con sus obligaciones desde el punto de vista jurídico». Menos mal que lo suyo era el Derecho, no Peritaje Mercantil. Arnaldo rebajaba el tono: «Seguiré haciendo campaña, diga lo que diga el Tribunal Constitucional». Es otro concepto, Arnaldo. Desde que saliste de la cárcel, nadie podría impedir que participes en mítines, hagas buzoneo, entrevistas o pegues carteles. Lo que no podrás es figurar en ninguna lista, ni pedir el voto para ti, porque tienes la doble inhabilitación (para cargo público y sufragio pasivo) que tus abogados no recurrieron.
Magna cobertura de ETB, entrevista a Otegi en Teleberri y tertulia en el magazine de la tarde. Mención aparte merece la oscura posición del PSE, cuya secretaria general declaraba en marzo: «Se abre un eje muy interesante de políticas de izquierdas entre EH Bildu, Podemos y el PSE que puede traer muchos beneficios a este país». Ayer aceptaba la decisión de la Junta Electoral de Guipúzcoa.
Entre medio, el PSE decidió no impugnar la candidatura de Otegi, como el PP, UPyD y Ciudadanos, para no echar gasolina «a la campaña de la izquierda abertzale». Una posición que goza de mucho predicamento entre el progresismo español en general y el vasco en particular, una creencia no avalada por los hechos, en que la posición más inteligente en relación con el terrorismo y sus cómplices es la relativización de la ley, porque su aplicación favorecería su victimismo y sus intereses. Llama la atención que los socialistas quieran a Otegi dentro del juego político y a Rajoy fuera. Idoia no puede recordarlo, pero sus compañeros del Parlamento vasco no recibieron ni una palabra de Otegi al día siguiente del asesinato por ETA del portavoz FernandoBuesa.
¿Recuerdan ustedes cuando un auto del entonces juez Garzón envió a la cárcel a toda la Mesa Nacional de HB? En 1997 fueron detenidos los 23 integrantes de la Mesa Nacional, condenados a siete años de cárcel por el Tribunal Supremo. No hizo falta la Guardia Civil, ni el Ejército, como decía Otegi. Bastó la secretaria del juzgado de la Audiencia Nacional, María Mariscal de Gante, que subió las escaleras de la sede que HB tenía en la calle Astarloa de Bilbao, con traje de sastre gris, creo, zapatos de tacón y una carpeta con un auto y un sello. Tocó el timbre y allí fueron bajando uno a uno y mansurrones los mahaikides para entrar en furgones de la Ertzaintza, no de la Guardia Civil. HB convocó una huelga general que se saldó con un rotundo fracaso, mientras Otegi ascendía a la Mesa Nacional. Lo único que les aplaca es la ley. La vida, que es un frenesí.