El papel de Batasuna en las instituciones vascas ha sido crucial para la economía del terrorismo etarra, garantizándole la obtención de recursos públicos y la capacidad de canalizarlos hacia las organizaciones del entramado. Tras la ilegalización, ETA-Batasuna trata de recuperar ese poder, pues en él estriban sus posibilidades de supervivencia.
EL despliegue de iniciativas que, tras el éxito electoral de sus testaferros en los últimos comicios vascos, ha venido realizando Batasuna, reclamando su legalización e imponiendo de hecho su presencia pública sin por ello rebajar sus objetivos independentistas ni renunciar a la violencia terrorista para alcanzarlos, hay que valorarlo en el marco del cambio que, con respecto a la política antiterrorista, ha establecido el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Al renunciar éste a la derrota de ETA y formular explícitamente su pretensión de negociar con ella, Batasuna -cuya subordinación a esa organización armada no conviene olvidar- ha encontrado la oportunidad para tratar de recuperar terreno perdido desde que, hace tres años, fuera excluida del sistema de partidos políticos. Y lo está haciendo mediante el aprovechamiento, por una parte, de la precaria posición parlamentaria del ejecutivo vasco, y, por otra, de las contradicciones en las que, de forma continuada, está cayendo el partido socialista.
Conviene recordar que la ilegalización de Batasuna culminó el proceso de suspensión judicial de un amplio conjunto de organizaciones alegales, sociedades mercantiles y entidades asociativas a través de las cuales ETA había venido desarrollando sus actividades de reclutamiento y formación de militantes, propaganda, asistencia social a las familias de presos, control y cohesión de sus simpatizantes, así como las de naturaleza estrictamente política y las de carácter terrorista. Ello supuso una importante merma de capacidad operativa -pues, a la clausura de sedes, el despido de trabajadores, el embargo de inmuebles y el cierre de medios de comunicación, se añadió la pérdida de la representación política municipal que ejercían 49 alcaldes y 890 concejales-, a la vez que un quebranto económico indudable. El primero de esos efectos se ha traducido en una reducción de la movilización política en torno a la banda terrorista, de manera que, según el Euskobarómetro, en el último quinquenio el apoyo a ETA ha caído desde un 7 hasta un 2 por ciento de la población, a la vez que la imagen de sus militantes sólo adquiere una connotación positiva entre la cuarta parte de los vascos, cuando hace cinco años esa proporción era justamente el doble. Y el segundo hay que ponerlo en relación con el desgaste de la capacidad de ETA para cometer atentados, pues los éxitos policiales en la detención de comandos se han visto reforzados por la disminución de los recursos con los que financiarlos.
Para entender bien esta última afirmación, es preciso establecer el balance global de la economía depredadora sobre la que se fundamenta el terrorismo nacionalista. ETA-Batasuna ha basado el sostenimiento del esfuerzo armado terrorista y de sus actividades políticas sobre las siguientes fuentes de recursos: la extorsión a los empresarios, exigiéndoles pagos bajo amenazas o mediante el secuestro; la obtención de subvenciones públicas al amparo de programas presupuestarios destinados a la financiación de partidos políticos, actividades culturales, apoyo al euskera y ayudas a medios de comunicación; el rendimiento de actividades mercantiles realizadas por diferentes empresas y, en particular, por las herriko tabernas; el saqueo de depósitos de explosivos; y la realización, al parecer esporádica, de tráficos ilícitos de armamento, drogas y servicios de asistencia técnica a otras organizaciones terroristas. Aunque no todas estas fuentes están debidamente cuantificadas, sobre todo las dos últimas, a partir de los datos de que se dispone y que han sido publicados por diferentes medios a lo largo de los últimos años, se puede establecer que, durante la década que media entre 1993 y 2002, el conjunto de las organizaciones y entidades vinculadas a ETA-Batasuna ha dispuesto de un mínimo de 23,9 millones de euros anuales. De esta cantidad, casi la cuarta parte ha procedido de la extorsión a los empresarios, totalizando 5,9 millones por año; otro 12,5 por 100 -unos tres millones en cada ejercicio- lo proporcionan las ganancias empresariales; el 7,1 por 100 es de origen desconocido, dando lugar a la entrada de 1,7 millones; las rifas -con 0,3 millones- y el principal e intereses no reintegrados por créditos concedidos por la Caja Laboral Popular -valorados en 0,2 millones- suman otro 2 por 100; y la partida más importante -que recoge 12,8 millones anuales, equivalentes al 53,5 por 100 del total- es la que reúne al conjunto de las subvenciones públicas.
El terrorismo nacionalista vasco ha sido, por tanto, subvencionado generosamente por unas administraciones públicas que, hasta el momento de la ilegalización de Batasuna, seguramente de forma interesada ni quisieron admitir en su discurso la interconexión entre los diferentes elementos de la organización terrorista, ni impulsaron los instrumentos jurídicos para hacerles frente. Entre esas administraciones, la principal ha sido el Gobierno Vasco, pues ha sido ella la que ha proporcionado la cifra más elevada, hasta alcanzar dos tercios de la cuantía total de subvenciones antes mencionada. Y si se añaden las corporaciones locales, el Parlamento y las empresas públicas, la cantidad aportada por las instituciones regionales se eleva hasta casi el 83 por ciento. Ello ha sido posible gracias a un singular sistema de financiación de partidos políticos que, ajeno a la ley correspondiente, sólo existe en el País Vasco; a la presencia presupuestaria de amplios programas de ayudas de naturaleza cultural y social cuyos fines se formulan las más de las veces de una manera difusa; y al escaso rigor con el que, como en más de una ocasión ha destacado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se gestionan las subvenciones en esta región. Por lo demás, a la Unión Europea le corresponde un no despreciable 17 por ciento, y a las Cortes Generales un exiguo 0,3 por ciento del total de las subvenciones.
El análisis de las cifras precedentes permite concluir que, para la economía del terrorismo etarra, ha sido crucial el papel desempeñado por Batasuna en las instituciones vascas. La presencia de este partido en la cámara legislativa vasca, en los ayuntamientos y en las Juntas Generales de las Diputaciones, le permitió garantizarse un acceso directo a la obtención de recursos públicos y, lo que es más importante, una capacidad de decisión e influencia política suficientes para canalizar esos mismos recursos hacia las organizaciones integradas en el entramado terrorista. Por ello, se entiende perfectamente que, después de haber perdido casi todo su poder real con la ilegalización, ETA-Batasuna trate por todos los medios de recuperar ese poder, pues en él estriban sus posibilidades de continuidad -e incluso de supervivencia-, a la vez que su aspiración a ejercer el liderazgo en un futuro estado vasco independiente. Y se entiende también que, entre sus planteamientos, como han evidenciado con nitidez meridiana los papeles de Antza, no entre el del abandono del terrorismo.
En estas circunstancias, la política antiterrorista más sensata se tendría que haber basado en la profundización de los principios y acciones englobados en el Pacto por las Libertades que suscribieron en su día el PP y el PSOE. Ello habría conducido al Gobierno a no dar cuartel a Batasuna, a haber tratado de impedir su participación parlamentaria camuflada en el PCTV y a haber reprimido sus manifestaciones públicas. Sin embargo, no ha sido así. El presidente Zapatero se ha centrado en un ilusivo proceso de negociación con ETA, a la vez que mantiene con toda su intensidad el combate a los comandos terroristas y que, más en los hechos que en el discurso, se muestra condescendiente con las expresiones políticas del terrorismo. Los alambicados arcanos que inspiran esta nueva política tal vez nos sean desvelados el día en el que, más allá de la confianza ciega en su máximo dirigente, el Gobierno explique el significado exitoso de lo que, para nosotros, es hoy una inescrutable trama de acontecimientos. Pero si, como todo apunta, fracasa, entonces habrá que recordarle, con Sófocles, que «a los hombres que cargan con males voluntarios, no es justo que nadie les tenga clemencia ni compasión».
Mikel Buesa, ABC, 2/9/2005