EL MUNDO 06/01/14
· Los comercios de Baleares ya no estarán obligados a poner sus rótulos y carteles informativos «al menos en catalán» ni, por tanto, estarán amenazados con recibir multas por cuestiones lingüísticas, como ha ocurrido la última década.
El Govern popular de José Ramón Bauzá retirará este deber, implantado por el Ejecutivo socialistaen la Ley de Comercio de 2001 bajo el pretexto de preservar los «derechos lingüísticos» del consumidor. Se podía rotular sólo en catalán, pero no sólo en castellano.
Esta imposición lingüística establecida por ley venía acompañada, además, de la amenaza de las multas: incumplir la norma acarreaba sanciones de un mínimo de 1.501 euros y de un máximo de hasta 60.000 euros, al considerarse una infracción grave. Todo esto quedará derogado, según aseguran a este diario fuentes del Govern balear.
El equipo de Bauzá trabaja, al menos, con esa previsión para empezar a dar forma al borrador de la nueva Ley de Comercio de Baleares, que espera dejar aprobada este año, a ser posible antes del verano, y que este mismo mes empezará a negociar con las patronales y después con los sindicatos. El Govern quiere limitarse a aprobar una ley «pura y exclusivamente de comercio», explican desde la Conselleria de Economía y Competitividad.
Y ahí quedará fuera la cuestión lingüística que el Pacte introdujo hace 13 años en la ley balear, donde la coalición formada por socialistas y nacionalistas copió lo que había hecho CiU en Cataluña en los años 90, durante el mandato de Jordi Pujol, y que han mantenido los distintos gobiernos de la Generalitat catalana. Una cuestión que, en Baleares, el PP de Jaume Matas no llegó a tocar durante la legislatura 2003-2007, pese a introducir otros cambios en dicha ley.
El Govern actual, en cambio, lo tiene claro, si bien aún no ha redactado la ley. El conseller de Economía, Joaquín García, quiere negociar el contenido con el sector del comercio y buscar el máximo consenso. En dos semanas, se reunirá con las patronales, que en su día rechazaron la obligación de rotular en catalán.
En principio, el Govern no tiene previsto incluir referencia alguna a la cuestión de la lengua, de manera que quedará derogado el polémico artículo 8 de la ley, aún vigente. En este punto, el Pacte estableció que la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los consumidores de los establecimientos «deben ser redactados, al menos, en catalán». La ley considera infracción «grave» el incumplimiento de esta medida, que fue incluida entre los «derechos lingüísticos» de los consumidores.
En el paquete de infracciones graves, figuran las rebajas ilegales, la publicidad falsa en una oferta promocional, la venta de alcohol fuera del horario permitido, la apertura de un establecimiento en un día festivo no autorizado o el incumplimiento de los plazos de garantía de un producto, entre otros. La ley también establecía que los consumidores tienen derecho a ser atendidos en catalán o castellano y que las administraciones debían promover el uso «progresivo» de la lengua catalana en las actividades comerciales y «en los rótulos, símbolos y distintivos de los establecimientos comerciales» de Baleares.
Pese a la amenaza de las sanciones, el Pacte no llegó a aplicar a rajatabla esta ley en cuanto a la imposición de multas, ni en la legislatura en que la aprobó ni durante la pasada. Tampoco lo hizo el PP. Aunque, durante su último mandato, el Ejecutivo del socialista Francesc Antich reabrió la polémica con su Plan de Normalización Lingüística, en el que proponía «inspecciones para supervisar» que los establecimientos cumplieran la normativa.
El plan incluía 2.000 medidas en todos los ámbitos. Entre otras, la de requerir la «obligación de usar el catalán» a las empresas proveedoras de las administraciones públicas o la concesión de «bonificaciones y ventajas fiscales» a las empresas que exijan el conocimiento del catalán a sus empleados.
A finales de la pasada legislatura, dos restaurantes se convirtieron en los primeros en Baleares en ser multados por rotular en castellano. Como reveló este diario, el Govern del Pacte lo hizo basándose en la Ley Antitabaco del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que establecía que los carteles de prohibición de la venta de cigarrillos a menores deben estar escritos «en castellano y en las lenguas cooficiales», aunque matiza que «de acuerdo» con la normativa autonómica. Al ampararse en la ley nacional, menos dura en las multas, ambas sanciones fueron de 100 euros.
El Govern aseguró que sólo había impuesto multas en aplicación de la Ley de Comercio a locales de extranjeros que no rotularon ni en catalán ni en castellano. El PP no se plantea regular la cuestión lingüística en la nueva ley, lo que deja abierta la posibilidad de que los extranjeros puedan poner los carteles de sus negocios en la lengua que quieran.
El Ejecutivo de Bauzá se está mostrando firme en la aplicación de su política lingüística. Por una parte, al implantar el modelo del trilingüismo en la enseñanza, que pretende acabar con la inmersión en catalán, mayoritaria en los centros educativos de las islas durante los últimos años, y que le ha costado una huelga de profesores. Y, por otra, al suprimir la exigencia de tener un título acreditativo de conocimientos del catalán a los funcionarios, para los que poseer un determinado nivel de la lengua cooficial ya no es un requisito, sino un mérito. Esta última ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE el año pasado. Los socialistas abanderan la oposición a la política lingüística del PP balear y también han llevado al Constitucional el decreto del trilingüismo.
EL MUNDO 06/01/14