EL MUNDO 14/04/14
· La Defensora del Pueblo pide al Gobierno cambios legales para cumplir su promesa
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido por escrito al Gobierno la reforma de la Ley Electoral «para que puedan ejercer su voto en el País Vasco aquellos que lo abandonaron por la amenaza terrorista».
La que fuera alcaldesa de Sevilla por el PP envió la pasada semana una serie de recomendaciones al Ejecutivo, en concreto a las secretarías de Estado de Justicia y de Seguridad, responsables de la atención a víctimas del terrorismo.
Daba repuesta así a las quejas que había recibido por parte de algunas víctimas, en concreto, de la asociación Dignidad y Justicia, sobre la manera en que el Ejecutivo y los tribunales han aplicado la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.
Entre las recomendaciones, recuerda el compromiso para con aquellos que tuvieron que huir del País Vasco. Y es que el Ministerio del Interior, haciendo suya la reclamación del que fuera líder de los populares vascos Antonio Basagoiti, se comprometió a poner en marcha mecanismos que permitieran a los exiliados del País Vasco y de Navarra votar en estas comunidades.
Pero la iniciativa está en un letargo político importante. El Ejecutivo quería sacarla adelante con apoyo de otras formaciones políticas. Los nacionalistas vascos, desde el primer momento, la rechazaron tras calificarla de electoralista. Consideraban que era una trampa para dar la vuelta a los resultados electorales. Lo tildaron de «pucherazo electoral». Los nacionalistas catalanes, por otras razones, no están ahora para apoyar al Ejecutivo en iniciativas polémicas.
Los populares contaban con lograr el respaldo de los socialistas pero, de momento, se han encontrado con frialdad. Sí contaban con el visto bueno para su iniciativa de un grupo de expertos que estuvieron analizando cómo se puede llevar a cabo esta media y dio luz verde a que se pudiera concretar.
Varios estudios, de organismos tan diferentes como Foro de Ermua o la Fundación del BBVA, han estimado que la cifra de exiliados que han abandonado el País Vasco o Navarra por la presión etarra estaría entre los 200.000 y los 300.000 ciudadanos.
En el proyecto que estaba sobre la mesa del Gobierno se hablaba de que estos huidos que quisieran volver a votar en el País Vasco o Navarra debían acreditar haber estado empadronados cinco años entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 2011. Tendrían una cadencia de un año desde que se aprobara la ley (si definitivamente se pone en marcha) para acogerse a este derecho.
La exigencia de la Defensora del Pueblo se produce en respuesta la interpelación que le hizo la asociación de víctimas dirigida por Daniel Portero a raíz de la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo y su aplicación inmediata por el Gobierno español, excarcelando a numerosos etarras.