Carlos Sánchez-El Confidencial
- No deja de sorprender que los dos sectores señalados por la ministra Belarra, el textil y la distribución, sean los únicos en los que las empresas españolas han frenado la entrada de capital extranjero
No deja de ser sorprendente que el ataque más directo que ha realizado la ministra Belarra contra lo que ha denominado «capitalismo despiadado», al margen de lo inapropiado de los insultos en el debate político, haya ido dirigido, precisamente, a Amancio Ortega y Juan Roig.
Sorprendente porque ambos representan, cada uno con su personalidad y su diferente modelo de negocio, el recambio generacional que desplazó a la vieja aristocracia económica que colaboró con la dictadura e hizo enormes negocios al calor de una economía intervenida. Y cuya clave de bóveda se sustentaba en la cercanía al poder político. Es decir, la corrupción del Estado en su sentido más profundo e integral del término a través de enormes conglomerados industriales-financieros que no distinguían entre lo público y lo privado.
Rosalía Mera: «Nos planteamos que, en vez de comprar productos en Cataluña, a lo mejor los catalanes nos lo podrían comprar a nosotros”
Conviene recordar, sin embargo, que Ortega levantó el imperio Inditex, junto a su exmujer, Rosalía Mera, con una filosofía que hoy puede resultar presuntuosa, pero que ha dado indudables resultados. El empresario gallego, ya desde los lejanos tiempos de GAO, que fue su primera marca comercial, incluso antes que Zara, se puso como objetivo sustituir el textil procedente de Cataluña por otro que tuviera su origen en Galicia.
Lo contó la propia Rosalía Mera, fallecida en 2013, en una entrevista concedida a este periodista diez años antes. «El proyecto lo iniciamos cuatro personas, de las cuales tres trabajábamos en el sector textil, en el que queríamos seguir, pero con otros roles. Nos planteamos que, en vez de comprar productos en Cataluña, a lo mejor los catalanes nos lo podrían comprar a nosotros».
Puede parecer una fanfarronada, pero lo cierto es que detrás de la estrategia de los creadores de Inditex —que puso a Galicia en el mapa mundial de la industria textil— había mucho más que una salida comercial. Significó a la postre la ruptura del statu quo que históricamente ha favorecido a los industriales catalanes por su capacidad de influencia sobre el poder político, y que se manifestó en la célebre reunión del hotel Palace, en 1916, cuando Cambó encabezó una revuelta contra el ministro Santiago Alba, un regeneracionista castellano, porque este quería gravar con un impuesto los beneficios extraordinarios que habían obtenido los empresarios. Incluso en la dictadura (1944), los industriales de Cataluña tuvieron gran capacidad de presión a través del Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros, que nació para canalizar la importación de algodón, lo que se ha considerado el embrión de la primera organización patronal autónoma al margen de los sindicatos verticales.
Elementos comunes
El caso de Juan Roig es distinto, pero tiene elementos comunes. El imperio Mercadona —que a su vez ha puesto a la Comunidad Valenciana en el mapa mundial de la gran distribución— tuvo su origen en una pequeña red de carnicerías, Cárnicas Roig, que acabaría por transformarse en una cadena de supermercados. A partir de los primeros años 80, comenzó a competir con las grandes cadenas de distribución, la mayoría francesas y alemanas, rompiendo así el statu quo de un sector, que, como se sabe, está dominado por multinacionales con gran capacidad para fijar precios.
Tanto Inditex como Mercadona, de hecho, han sido la respuesta nacional a sectores altamente internacionalizados que no dependen del BOE más allá de las regulaciones de carácter general. No así la banca u otros sectores que por su propia naturaleza requieren una alta regulación. Sin Mercadona o Inditex, dos sectores muy relevantes para la economía, España sería hoy una colonia de empresas multinacionales tanto en el textil como en la gran distribución, como sucede en otros sectores.
Tiene razón la ministra Belarra, sin embargo, cuando pone el acento en una de las consecuencias que ha tenido la hiperglobalización sobre los salarios desde los años 80: el resurgir del fenómeno de los trabajadores pobres en los países avanzados. Es decir, ya no basta con tener un empleo para vivir dignamente. La OIT, por ejemplo, ha estimado para España que el 13% de los trabajadores obtiene unos ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza. El hecho de que España tenga los banqueros mejor pagados de Europa no es, desde luego, una buena señal.
Existe, por lo tanto, un problema real, pero parece poco razonable pensar que la responsabilidad recae en los fundadores de Inditex y Mercadona. Claro está, salvo que se quiera lanzar el mensaje a la opinión pública de que quienes realmente hacen la política económica, aprueban la normativa laboral o diseñan el sistema fiscal son Amancio Ortega y Juan Roig, lo cual es un disparate. ¿O es que no depende del Gobierno vigilar el buen comportamiento de toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria? Si no fuera así, sería lo mismo que reconocer que Moncloa no gobierna. O, al menos, que carece de una mayoría suficiente para cambiar las cosas. Por pura coherencia, Belarra debería estar en la oposición y no debería formar parte del Consejo de Ministros.
Enfrentar a la opinión pública
Es verdad que en términos electorales lo más eficaz en el corto plazo es enfrentar a una parte de la opinión pública con los grandes empresarios del país, lo cual a largo plazo es una tragedia. ¿Se imaginan a la izquierda francesa disparando contra Danone, Christian Dior, Louis Vuitton, L’Oréal o Carrefour simplemente por su tamaño?
La OIT ha estimado para España que el 13% de los trabajadores obtiene unos ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza
Es probable, sin embargo, que la estrategia dé buenos resultados electorales. Lo paradójico es que al mismo tiempo supone el reconocimiento explícito de la impotencia de Unidas Podemos para cambiar las cosas. Por ejemplo, favoreciendo la presencia de los representantes de los trabajadores en los consejos de vigilancia de las grandes empresas, como existe en Alemania, o impulsando una reforma fiscal en profundidad que tres años después del Gobierno de coalición sigue sin llegar. O una mayor protección de los proveedores en el caso de la gran distribución.
La reforma laboral de Yolanda Díaz, es más, se olvidó de equilibrar la correlación de fuerzas dentro de las empresas, alterada por la reforma de 2012, y aprobada, que se sepa, con la aquiescencia de la ministra Belarra. Tampoco ha salido adelante un pacto de rentas que podría haber impedido un ensanchamiento de la desigualdad salarial. Hoy las nóminas, de hecho, están subiendo bastante menos que los beneficios empresariales. Y ni siquiera el Ejecutivo ha sido capaz de impulsar una reforma para aumentar el tamaño de las empresas, que es una de las razones que explican los problemas de competitividad y eficiencia de la economía española.
El hecho de que se haya avanzado poco o nada en reformas de calado lo que pone de manifiesto, en realidad, es la incapacidad para atender los problemas estructurales del sistema productivo, que van mucho más allá que la cuenta de resultados de Inditex o Mercadona o de la aprobación de ayudas sociales, sin duda necesarias, pero que no alteran la naturaleza del poder económico.
¿Se imaginan a la izquierda francesa disparando contra Danone, Christian Dior, Louis Vuitton, L’Oréal o Carrefour simplemente por su tamaño?
De hecho, aunque ambas empresas fueran nacionalizadas por el Estado, los problemas para millones de trabajadores seguirían exactamente igual. O peor. Entre otras razones, porque en un marco de libertad de movimientos de capitales, disparar contra la aristocracia empresarial nacional, por muy multimillonaria que sea, deja el terreno libre para que ocupe ese lugar el capital extranjero, que no es precisamente una oenegé. Algo que no es incompatible con las legítimas reivindicaciones de las trabajadoras de Inditex, cuyos salarios no se corresponden con la realidad de la empresa.
Es probable, sin embargo, que lo que quería subrayar Belarra es que los empresarios lo único que buscan es conspirar contra el Gobierno, habida cuenta de la cercanía ideológica del Ibex con Feijóo. Si esto fuera así, de nuevo, lo que estaría asomando una muestra de impotencia: pensar que desde la izquierda no se puede crear un ecosistema favorable para que crezcan empresas nacionales con gran capacidad de expansión —como Inditex o Mercadona— y, por lo tanto, con capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía española. En particular, en sectores, como la gran distribución y el textil, altamente globalizados.
Se viene a decir, expresado en román paladino, que a partir de un determinado tamaño los empresarios forman parte del eje del mal, lo cual situaría a Walmart, Amazon, Apple o Volkswagen como ajenas al interés de sus respectivos países. No parece muy sólido el argumento.