Entrevistada ayer domingo por Gonzo en Salvados (La Sexta), la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 defendió la ley de vivienda, actualmente en trámite, y la prohibición de que los propietarios de pisos en «zonas tensionadas» incrementen el precio del alquiler cuando cambien de inquilino. En la práctica, una congelación muy similar a la de las rentas antiguas del franquismo.

Belarra también defendió en Salvados que los «grandes tenedores» de vivienda (diez o más propiedades) bajen el precio del alquiler hasta el índice de referencia determinado por el Gobierno cuando cambien de inquilino. ¿Y cómo determinará ese índice el Gobierno? Pues haciendo eso de lo que se acusa a los propietarios: especulando.

La nueva ley de vivienda, en fin, no acaba con la especulación, sino que la expropia para que sólo pueda ejercerla el Gobierno.

Poco antes, un agente inmobiliario, es decir alguien que a diferencia de la ministra conoce el mercado de la vivienda, había explicado el problema con tanta claridad como poco éxito: en España, la demanda es mucho mayor que la oferta. Y eso genera, quién lo iba a decir, una competencia feroz entre compradores.

¡Ojalá alguien descubriera el mecanismo oculto que rige ese sinsentido que hace que los precios suban cuando mucha gente desea el mismo bien escaso! Podríamos llamarlo, y es sólo una idea, «ley de la oferta y la demanda». Pero en España no tenemos ley de la oferta y la demanda. Tenemos a Belarra, a ERC, a EH Bildu y al PSOE.

Así que el hecho de que los precios suban cuando la oferta es escasa y la demanda elevada tiene en España, según la ministra, una explicación diferente a la de ese mecanismo intuitivamente comprensible por un niño de teta llamado ley de la oferta y la demanda y que parece regir en todo el mundo menos en nuestro país. Y esa explicación es un oscuro contubernio de los grandes poderes que especulan con esos cientos de miles de viviendas que sólo existen en la imaginación del Gobierno.

Y, de hecho, poco antes, en el mismo Salvados, programa no precisamente famoso por la elección ecuánime de sus invitados, uno de ellos había recordado que sólo el 10% de las viviendas en España están en manos de fondos, mientras que el 90% restante está en manos de propietarios individuales.

La pregunta, claro, es qué propietario español pondrá en alquiler su vivienda en un mercado intervenido y en el que el Gobierno determina, en función de criterios políticos, el precio de esta por un plazo de tiempo indeterminado.

Yo desde luego no lo haría.

Como a los miembros del Gobierno no se les hacen esas preguntas en La Sexta, no vaya a ser que la exigencia de racionalidad acabe en ictus, Ione Belarra pudo dedicarse a hacer eso que tan bien saben hacer en Podemos: decir una cosa y la contraria sin solución de continuidad. Una novedosa técnica bulística (de ‘bulo’) que les permite decir en el primer minuto de la entrevista lo que quieren oír los votantes de Podemos y al minuto siguiente lo que quieren oír los altos cargos del PSOE (suponiendo que estos últimos quieran oír algo diferente a los votantes de Podemos, que esa es otra).

Así, Belarra dijo que la futura ley de la vivienda ha sufrido «fuertes resistencias del PSOE» pero que hay «consenso» con el PSOE. Atacó a los socialistas acusándolos de tener «intereses adyacentes» en el mercado inmobiliario (e incluso señaló con nombres y apellidos al pesecero Joan Clos, exalcalde de Barcelona, exministro con Zapatero y hoy presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), pero afirmó que «hay voluntad» en el PSOE de sacar la ley. O sea que sí, pero no, pero sí.

Belarra también calificó a Idealista de «cartel» amparándose en un expediente de la CNMC de 2021 que sancionó el uso de un software utilizado por dos agencias inmobiliarias para acordar comisiones mínimas de servicio.

Lo que olvida Belarra es que en España existen aproximadamente 25.000 agencias y que calificar de cartel el acuerdo de dos pequeñas redes de agencias que apenas representaban un 0,5% de la base de datos de Idealista, por mucho que la CMNC utilizara el término de una forma tan imprudente como demagoga en su expediente, la convierte en una oportunista.

Como en el caso de la ley del ‘sí es sí’ y la fantasía de Podemos de que la norma introduce el concepto de «consentimiento» en el Código Penal español (como si en España se hubiera podido violar impunemente a cualquiera antes de la llegada de los morados al Gobierno), Belarra dijo también en Salvados que España tendrá por fin una ley de vivienda, «la primera de la democracia».

Como si en la España de los 40 años anteriores no hubiera existido la Ley de Arrendamientos Urbanos (desde 1994), o sus muchas reformas (y entre ellas la de 2019). O, antes de ellas, el Decreto Boyer o la franquista Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Como si en España rigiera la ley de la selva. Más allá, claro, de en el terreno de la okupación, donde efectivamente rige la ley de la selva y los propietarios se encuentran inermes frente a cualquiera que decida instalarse a mamporros en su vivienda. Ahí sí que se echa en falta una cierta protección del inquilino.

Pero de eso no dijo nada Belarra. Ahí no hay homologación con Europa. Ahí la hay con la Argelia de la revolución verde de Gadafi, donde los argelinos no podían dejar jamás sus casas vacías porque el Gobierno permitía que cualquiera se instalara en cualquier vivienda que encontrara desocupada, aunque fuera por un solo minuto. Se reventaba la puerta, se ponía una nueva y el que se encontrara su casa ocupada después de salir a por tabaco, que se apañara.

Como no dijo nada Belarra de que el precio del alquiler en Barcelona, la ciudad con el mercado de la vivienda más fuertemente intervenido de España, y una urbe en decadencia de la que huyen cada día más barceloneses (algo que debería tirar por los suelos los precios), haya aumentado en 2022 un 25,7% mientras que en Madrid, la más deseada por los españoles y la más «desregulada», hayan aumentado sólo un 11,2%.

Belarra también dijo que las casas «son para vivir». Y ahí hay que darle la razón. Lástima que el Gobierno al que ella pertenece se haya empeñado en que hasta eso sea ya una cosa del pasado. Ahora las casas son para que el Gobierno especule con ellas.