EDITORIAL EL MUNDO – 05/11/16
· La política catalana parece atrapada entre el surrealismo y un humor burlesco que tendría algo de gracia si no fuera por la gravedad del desafío soberanista. La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, fue detenida ayer por los Mossos d’Esquadra por orden judicial. La edil de la CUP, que incumplió cuatro citaciones ante el juez de esta localidad barcelonesa por dos delitos electorales, está siendo investigada por negarse a retirar la estelada de la fachada del consistorio en las autonómicas de 2015 y en las generales del 20 de diciembre, pese a que la Junta Electoral se lo exigió.
Después de su arresto, la regidora de Berga accedió a declarar. Calificó de «antidemocrática» la actuación de la policía autonómica catalana y no tuvo empacho en asegurar que su detención no sólo le afecta a ella, sino a «todo el pueblo catalán». Sus palabras simbolizan la obsesión del soberanismo de hablar en nombre del conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Pero también muestran las consecuencias de cebar la quimera secesionista por la vía de la desobediencia y la unilateralidad. De hecho, la CUP ha exigido a la Generalitat que los Mossos no acaten las órdenes de los tribunales.
Este periódico ya publicó en vísperas de los comicios autonómicos catalanes de 2015 un amplio reportaje en el que la alcaldesa de Berga, en línea con el resto de munícipes de la CUP, alardeaba de su intención de promover la desobediencia generalizada, además de no cumplir las leyes que no eran de su agrado y no entregar los impuestos al Estado. Una posición disparatada que contó con la complicidad de las autoridades catalanas, lo que es aún más lacerante.
La Generalitat adoptó ayer un posición hipócrita y ambigua que radiografía su falta de coherencia. Puigdemont, cuyo gobierno depende del apoyo de la CUP, afirmó que hay «persecución de ideas». Y la portavoz del Govern pidió a la regidora de Berga que no se deje engañar por «las trampas del PP». No deja de ser asombrosa la pendiente de irresponsabilidad por la que sigue deslizándose la extinta Convergència. Resulta inadmisible sostener a estas alturas, tras más de cuatro décadas de democracia, que en España hay cargos públicos perseguidos por sus ideas. Lo que sí existe es un Estado de Derecho que actúa ante las actuaciones irregulares o el desacato a las instancias judiciales de cualquier responsable político. Pero ello no es una anomalía, sino el síntoma de una democracia madura. La alcaldesa de Berga no fue arrestada por los Mossos por sus ideas políticas, sino por no presentarse ante la citación de un juez. Es inconcebible que haya que recordar estas obviedades a los líderes secesionistas.
La lógica que alimenta el nacionalismo en Cataluña ha permitido crear una atmósfera en la que se plantea como una opción admisible desobedecer a los tribunales. El comportamiento de la edil de la CUP refleja el clima urdido por el independentismo. No se puede agitar la Ítaca de la independencia haya o no acuerdo con el Estado, tal como alientan Puigdemont y ERC –y antes Artur Mas–, y luego pretender que ese comportamiento no sea replicado en otros cargos públicos. La CUP, que es un partido antisistema y anticapitalista, ya advirtió de que la desobediencia no pasaba solo por articular un discurso más o menos duro ante Madrid, sino que implicaba llevarla a efecto. ¿Qué autoridad tiene Puigdemont para exigir a la alcaldesa de Berga que no dé plantones a la Justicia si la propia Generalitat está obcecada en abanderar la desobediencia al Tribunal Constitucional?
Oriol Junqueras alertó ayer del peligro de «judicializar» la política. Es una afirmación cargada de cinismo porque el presidente de ERC y vicepresidente de la Generalitat sabe perfectamente que el Estado no puede permanecer impasible ante el continuo atropello a la ley por parte de las fuerzas soberanistas. Por supuesto que las reivindicaciones políticas tienen su cauce al margen de la acción de la Justicia, pero siempre que se respete el marco constitucional vigente. Y, por desgracia, el Gobierno catalán lleva años instalado no sólo en el incumplimiento de sentencias, sino en una hoja de ruta separatista que rebasa por completo la legalidad.
La actitud desafiante de la alcaldesa de Berga es fruto de esta deriva. Así que tanto Puigdemont como ERC deberían dejar de esconderse en el victimismo. Pero, sobre todo, lo urgente es que reconduzcan su desvarío político. Ello supondría avanzar hacia posiciones moderadas que permitirían buscar una salida razonable al atolladero del llamado proceso soberanista.
EDITORIAL EL MUNDO – 05/11/16