Tobilleras electrónicas para tener siempre localizados a los islamistas potencialmente peligrosos y recortes de la ayuda al desarrollo a los países que se nieguen a aceptar a los nacionales que Alemania acuerde deportar. Ésas son algunas de las medidas que acordaron ayer los ministros de Justicia y de Interior, Heiko Maas y Thomas de Maizière, en respuesta al atentado cometido en diciembre en Berlín por el tunecino Anis Amri, en el que 12 personas murieron y varias decenas resultaron heridas.
«El caso Amri no puede volver a repetirse», explicó Maas en referencia a la cadena de fallos que han salido a la luz durante la investigación del atentado, empezando por la situación en Alemania del autor. Amri se hizo con 14 identidades para cobrar más ayuda social, estaba fichado por los servicios secretos y pendiente de ser deportado, lo que no sucedió porque Túnez se negaba a aceptarlo como nacional.
En el futuro, «vamos presionar desde todos los ámbitos políticos para que los países de origen acepten a sus nacionales y eso incluye sanciones a la ayuda al desarrollo», anunció De Maizière y agregó que todos los ministros de Interior de la UE están de acuerdo en vincular la ayuda al desarrollo con el grado de cooperación de los países de origen.
También para que no se repita un caso como el de Amri, los titulares de Justicia e Interior coincidieron en la necesidad de eliminar las trabas que impiden que una persona pendiente de deportación pueda ser retenida en prisión por un máximo de 18 meses. El tunecino tuvo que ser puesto en libertad porque su documentación no llegaba.
«Es absurdo que sólo se pueda retener en prisión a aquellas personas sobre las que hay un posibilidad real de deportación en un plazo de tres meses», dijo el socialdemócrata Maas, que también dio el visto bueno a restringir la residencia y movimientos a los migrantes que mientan sobre su identidad que pedía su colega de Interior.
Para los islamistas considerados «peligrosos» y en esa relación de la Oficina Federal de Protección de la Constitución hay en estos momentos 548, entre ellos 224 extranjeros y 62 pendientes de deportación, los ministros abogan por el uso de una tobillera electrónica que permita tenerlos localizados. «No es un método infalible, sí muy necesario, pues facilitará el trabajo de las fuerzas de seguridad», afirmó el titular de Justicia, que deberá hacer encaje de bolillos para incluir en la legislación la imposición de ese tipo de tobilleras con carácter «preventivo» a personas que aún siendo consideradas peligrosas no han cometido delito y en consecuencia son inocentes.
Maas y De Maizière acordaron reforzar los programas de prevención, acelerar la puesta en marcha del registro europeo antiterrorista de pasajeros aéreos e impulsar el intercambio de datos entre países comunitarios, medidas que «aumentarán la seguridad de los ciudadanos sin interferir de manera desproporcionada en las libertades» y que, según De Maizière, el Gobierno aprobará antes de que termine la legislatura.