Ignacio Camacho-ABC
- A su fobia contra la Constitución, los socios de Sánchez añaden la inquietante costumbre de frecuentar los tribunales
La coalición alternativa que ha armado Pablo Iglesias para ayudar (y presionar) a Pedro Sánchez tiene un pequeño problema con los tribunales. Buena parte de los dirigentes que la forman están imputados o condenados y varios de ellos duermen en la cárcel. Es decir, que a su fobia a la Constitución añaden una cierta incompatibilidad con el Código Penal y otras normas tales como la obligación de pagar la Seguridad Social de empleados y ayudantes. Ocurre además que mientras más radical resulta la posición ideológica de los partidos aliados, más graves son los delitos probados o indiciariamente atribuidos a sus gerifaltes. Esta suerte de hibristofilia política resalta por contraste con la susceptibilidad mostrada ante los avatares judiciales del PP, expulsado del poder mediante una moción de censura basada en una sentencia por beneficiarse «a título lucrativo» de algunos manejos financieros irregulares. Mucha vista para divisar mosquitos y poca para distinguir la presencia de un elefante.
Pero por mucho que el presidente se finja ciego, los ciudadanos podrán ver a su flamante socio de Presupuesto sentado en el banquillo del Supremo. El mismo donde no hace mucho estuvieron los líderes independentistas insurrectos. Otegui reclamó su derecho a un juicio justo y va a tenerlo. No debería sentirse incómodo por ello puesto que la ocasión le ofrece la posibilidad objetiva de salir absuelto. El verdadero aprieto lo sufre el Gobierno que pretende blanquear su pasado terrorista y presentarlo como un demócrata modélico con el que tejer prometedores «acuerdos de progreso». Más o menos igual que con Junqueras y sus compañeros. Todos tipos fiables para compartir cualquier proyecto.
Y como a los separatistas, si al final lo vuelven a declarar culpable siempre quedará la potestad de indultarlo para que se incorpore, en palabras de Iglesias, a la dirección del Estado. Al fin y al cabo, los expertos penitenciarios consideran que la reinserción de un delincuente avanza mucho si se le proporciona un trabajo. En Podemos lo hacen a menudo con gente que pega a los guardias y hasta con algún antiguo atracador de bancos. Hay que sacar la política de los juzgados, que están llenos de ropones rencorosos y nostálgicos a los que es menester supeditar al control parlamentario.
Bienaventurados sean, pues, los perseguidos por la justicia. (Aunque la moderna filología evangélica diga «por causa de», no es cuestión de estropear la tesis victimista). Ellos son la savia regeneradora de una política envilecida por la intransigencia cavernícola. Y Sánchez es el nuevo flautista de Hamelin que los aglutina, los dirige con su armónica cadencia y les da nueva vida reclutándolos al servicio de su benefactora mayoría. Bajo el principio de que nadie -salvo la derecha- debe ser rehén de su biografía, el sanchismo está alumbrando su enésima maravilla: la meritocracia delictiva.