Bienvenidos a la normalidad anormal

No sé si les ha tocado alguna vez un vecino broncas, de esos que te revientan el sueño en plena madrugada. A comienzos de siglo sufrí esa pesadilla. En el piso de arriba moraba un galeno vitalista, que tenía la costumbre de amenizar sus madrugadas haciendo lo que hoy llamaríamos «un Ábalos». Su bañera jacuzzi comenzaba a burbujear a horas intempestivas, a veces con musiquilla añadida. Diversas azafatas –digámoslo así– amenizaban las alegres veladas. El paisano además era un borde consumado.

Los vecinos no podíamos pegar ojo. Estábamos hasta la zanfoña. Pero ibas de cráneo si subías a su puerta a darle un toque, porque de propina el tío tenía un perraco colérico y de tamaño oso, al que azuzaba para que ejerciese de arma disuasoria en el recibidor.

¿Cómo se solucionó aquello? Pues siguiendo las normas de la civilización. Los vecinos nos unimos, denunciamos el caso y se acabó la fiesta.

Entonces me pareció que habíamos actuado bien. Hoy, con lo que voy aprendiendo con el magisterio de nuestro Gobierno «progresista», me doy cuenta de que nos comportamos como unos gañanes retrógrados al ir por la senda de la ley. Lo correcto ante aquel vándalo habría sido la vía del «ibuprofeno», también llamada «desinflamación».

Dado que el tío no nos dejaba vivir, tendríamos que haber ganado su voluntad regalándole la mejor plaza de garaje del parking, pagándole el IBI y la comunidad entre todos, obsequiándolo con un jamón Joselito en Navidades y un viaje a Malibú en otoño y haciéndole la pelota en el ascensor. Con todo eso, y humillándonos a tope ante su persona, podríamos haber conseguido que nos tratase mejor sin necesidad de recurrir a la antigualla de hacerle cumplir las normas que nos obligan a todos.

Sánchez lo ha entendido perfectamente en el caso del desafío catalán. Cabía una solución retrógrada, que era mantener la igualdad entre españoles, el imperio de la ley y las normas contables. Pero se ha optado por la «progresista»: las leyes quedan en suspenso si conviene a la arbitrariedad del líder, los españoles se dividen en VIPS (catalanes y vascos) y parias del común (el resto), y los pueblos superiores deben recibir más pasta y todo tipo de ventajas a la carta, pues así lo exigen los impulsores del golpe separatista de 2017 a cambio de mantener en su poltrona al peso pluma electoral.

Cataluña disfruta ya de la «normalidad» gracias a las siguientes anormalidades:

-Indulto de los autores del golpe sedicioso de 2017, que tras proclamar su república no cumplieron ni un tercio de sus penas.

-Se consagra a efectos prácticos que España y Cataluña son dos países diferentes, que negocian en mesas bilaterales en el extranjero bajo la tutela de un mediador internacional, como si España fuese Ruanda en plena guerra.

-Un fugitivo de la justicia española escondido en Bélgica tiene la última palabra sobre leyes orgánicas españolas y sobre la financiación de nuestras regiones.

-Si el fugitivo decide darse un garbeo por Barcelona, en lugar de detenerlo se monta una pantomima para dejarlo escapar, porque dado que le debemos la Moncloa está por encima de la ley.

-Sánchez ha aceptado y hecho suyo el discurso de los independentistas, que establece que los jueces y la policía española practicaron guerra sucia contra los buenos de los golpistas de 2017.

-Se ha aprobado una amnistía anticonstitucional escrita al dictado de los golpistas (y se ha obligado al jefe del Estado a firmarla).

-Sánchez ha llegado a prohibir al Rey viajar a Cataluña para que no se molestasen sus socios separatistas (entrega de despachos de los jueces en 2020).

-Se acepta que se incumplan las sentencias firmes sobre el uso del español en las escuelas catalanas, a pesar de que sería residual incluso si se respetase la cuota fijada.

-Se parte Renfe porque a los separatistas les pone controlar sus cercanías.

-Se adula a los líderes separatistas en amables entrevistas en las cadenas públicas españolas (mientras se hacen duros terceros grados a los políticos constitucionalistas).

-Al dictado de Junqueras, se procede a un perdón discriminatorio de 17.000 millones de la deuda catalana, premiando la deslealtad y la irresponsabilidad contable de los gobernantes separatistas. Los españoles de las regiones cumplidoras pagarán el despilfarro catalán.

-El perro del hortelano: para compensar la brasa fiscal catalana, se pretende impedir que otras regiones, como Madrid, bajen sus impuestos autonómicos.

-Se prepara un cuponazo catalán a la vasca, que destrozará la caja común y privilegiará todavía más a Cataluña.

-Directivos catalanes de la órbita del PSC copan relevantes empresas públicas españolas.

-Se acepta lo que no se ve en ningún país del mundo: el Estado delega en una región el control de la inmigración y las fronteras nacionales. Se acepta un acuerdo xenófobo que llega al disparate de obligar a saber catalán para poder vivir allí.

Resumen: la gloriosa política del ibuprofeno consiste en desguazar España para hacer feliz al separatismo catalán.

Hay que seguir perseverando: Netflix gratis para todos los catalanes, el Barça campeón de Liga perenne por decreto-ley y traslado piedra a piedra a Olot y Palafrugell de la Alhambra y la Torre de Hércules.

¿PSOE? La carcoma de España. Una vez más.