Si todos los traspasos reclamados por el Conseller de Relacions Institucionals de la Generalitat se llevase a cabo, nuestra vieja y plural nación habría llegado a su fin. Estamos, por inverosímil que parezca, ante un big bang político de consecuencias letales para Cataluña y España.
Aunque los términos del acuerdo de gobierno entre las formaciones que hoy comparten el poder en la Generalitat de Cataluña ya presagiaban un ataque a gran escala a la unidad nacional, la lista de transferencias de competencias que ha presentado el Conseller de Relacions Institucionals a sus colegas deja pálido el texto que suscribieron socialistas, independentistas y ecosocialistas para arrebatar la plaza de Sant Jaume a los pospujolistas. La lectura de la relación interminable de competencias del Ejecutivo central que Pascual Maragall se propone exigir a Rodríguez Zapatero produce estupor y alarma porque no se trata de otra cosa que de liquidar cualquier vestigio de presencia del Estado español en el Principado. Si hace un año alguien nos hubiera anunciado que muy pronto desde el Palau de la Generalitat catalana se iba a poner sobre la mesa del Consejo de Ministros un plan de separación de España de una agresividad igual o superior a la contenida en el invento de Ibarretxe, hubiéramos acusado de catastrofista al agorero en cuestión. Pues bien, hay ocasiones en que la realidad desborda a la ficción y vivimos despiertos nuestras peores pesadillas.
Yo conozco personalmente a muchos de los miembros socialistas y de Iniciativa que desempeñan actualmente responsabilidades de gobierno en Cataluña y siempre les había considerado gente sensata e inteligente, con un sentido claro de la medida de los asuntos que manejaban. Obviamente, no puedo verter un juicio similar sobre los máximos dirigentes de Esquerra y basta el episodio delirante de la entrevista de Carod con ETA para corroborar esta afirmación. Ahora bien, debo realmente hacer un enorme esfuerzo mental para imaginar a personas como Antoni Castells, Josep Mª Vallés, Ernest Maragall o al propio Joan Saura suscribiendo el abandono por parte del Gobierno de España de los aeropuertos, la RENFE, la Tesorería de la Seguridad Social, la supervisión y la inspección del sistema financiero, la red de carreteras del Estado, la Agencia Tributaria, el INEM, el Fondo Social Europeo, el Consorcio de la Zona Franca, la UNED, las becas universitarias, el espectro radioeléctrico completo y la facultad de convocar referendos.
Estamos, por inverosímil que parezca, ante un big bang político de consecuencias letales para Cataluña y para el conjunto de España. Si toda la panoplia de traspasos reclamados por el tripartito se llevase a cabo, nuestra vieja y plural nación habría llegado a su fin. Los efectos sobre la estabilidad del sistema constitucional vigente y sobre la convivencia en el seno de la sociedad catalana serían tan destructivos que resulta increíble que individuos que se sientan en los órganos de dirección de un gran partido nacional como el PSOE se hayan planteado siquiera semejante barbaridad. Cabe preguntarse cuál será la respuesta de Zapatero. Y ese es el problema, que cabe.
Aleix Vidal-Quadras, LA RAZÓN, 21/5/2004