ABC 22/09/13
· La Delegación del Gobierno en Navarra investiga una cadena humana batasuna en la que utilizaron niños.
Los ayuntamientos gobernados por los partidos nacionalistas y especialmente Bildu se niegan a cumplir la ley que obliga a izar la bandera de España en lugar preferente. En el año y medio que lleva en el cargo, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, se ha propuesto que se cumpla la ley. Pero en su empeño por rechazar todo símbolo constitucional, Bildu recurre sistemáticamente las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo, a sabiendas de que va a perder el pulso, como así ha quedado demostrado en todos los casos.
Este empeño obliga a los vecinos de estas localidades a poner casi 2,5 euros cada uno de ellos, si se incluye a niños y pensionistas. A nadie se le consulta si está de acuerdo con este desembolso, que resulta independiente de la ideología del vecino, sea nacionalista o no. Las costas judiciales y las multas de la desobediencia que mantienen en Navarra los catorce ayuntamientos implicados ascienden a más de 82.000 euros.
Cualquier incumplimiento del requerimiento enviado por la Delegación del Gobierno o de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo está abocado al fracaso y no deja de ser un empeño inútil que no hace sino suponer un coste para las arcas locales. La ley es clara y establece que «la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar un lugar preferente en el interior» de todas las instituciones.
Sólo la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo supone unas costas de cerca de 4.500 euros. Si además se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, éstas se incrementan en más de 2.000 euros. El desembolso final supera los 6.500 euros, a lo que habría que añadir el pago de los servicios de abogacía, que puede inflar notablemente el gasto público de los vecinos. Hasta el momento, un total de nueve localidades navarras han recurrido ante el TSJN. Todas ellas han perdido esta iniciativa. Son Arbizu, Lacunza, Alsasua, Vera de Bidasoa, Lesaca, Olazagutia, Echarri Aranaz, Leiza y Huarte Araquil. Otras cinco cuentan con la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo y, si bien han optado por obedecer, han recurrido ante la máxima instancia judicial de Navarra, que todavía no se ha pronunciado. A estos gastos se pueden añadir otros procesos judiciales derivados de consultas soberanistas ilegales.
Mientras, la Delegación del Gobierno en Navarra ha abierto diligencias para investigar una «cadena humana» celebrada el viernes en Barañain, cerca de Pamplona,en la que se exhibieron fotos de dos miembros de Segi que se encuentra huidos para evitar cumplir una condena de cárcel. En la movilización, de apenas unas decenas de personas, simpatizantes de los huidos llegaron a utilizar a niños.
ABC 22/09/13