España como Estado de derecho cree en las libertades y los derechos fundamentales, esos mismos que algunos creemos que no están garantizados por la actuación política y por los proyectos políticos defendidos por ninguna de las tres formaciones políticas de Bildu. Es la grandeza y la debilidad, ambas democráticas, del Estado de derecho que es España.
El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, y en un Estado de derecho solo cabe respetar la decisión. Es la grandeza del Estado de derecho en todo el proceso judicial que se ha seguido en torno a las listas de la coalición Bildu: análisis en sede judicial con la aportación de quienes tienen el derecho y la obligación de aportar pruebas de la legalidad de dichas listas. España, como Estado de derecho, ha dado pruebas de su condición de democracia de Estado de derecho.
A pesar de las afirmaciones de Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y Batasuna, para quienes España no alcanza a ser Estado de derecho. Pero España como Estado de derecho cree en las libertades y los derechos fundamentales, esos mismos que algunos creemos que no están garantizados por la actuación política y por los proyectos políticos defendidos por ninguna de las tres formaciones políticas de Bildu. Es la grandeza y la debilidad, ambas democráticas, del Estado de derecho que es España.
Todo esto ha tenido un coste. Se ha afirmado que no era de recibo ubicar la cuestión en sede judicial, puesto que su lugar natural era el debate político. Ahora que la sentencia es favorable a Bildu, lo que parece importar es su legalidad jurídica, dejando de lado su legitimidad política. Se ha afirmado que solo se alegran del fin de ETA los que apostaban por la legalización de Bildu, porque solo siendo esas listas legales se podría ayudar a que Batasuna -lo de independientes no se lo cree nadie- se distanciase de ETA. Se ha afirmado que solo garantizando la legalidad de estas listas, o del partido Sortu en su caso, se favorecería la presión que Batasuna pudiera ejercer sobre ETA para que se disolviera.
Hasta ahora los pasos que han dado ETA y Batasuna han sido gracias a la presión ejercida sobre ellos. ¿Por qué ahora va a ser distinto? Una vez que tienen garantizada la presencia en las instituciones democráticas, ¿cuál es el incentivo de Batasuna, y de ETA, para ulteriores pasos? ¿Con qué instrumentos se queda el Estado de derecho para seguir ejerciendo presión sobre ETA, aparte de la maldita actuación policial, y sobre Batasuna?
A algunos les funciona el principio esperanza. A otros les impulsa la idea de que más vale control que confianza. Pero siempre hay que plantear una pregunta: ¿quién garantiza que la libertad de todos los vascos, pero especialmente de los no nacionalistas, va a estar respetada por los electos de Bildu? ¿Cómo se conjuga el proyecto basado en el sentimiento exclusivo de pertenencia a la nación vasca con el pluralismo de la sociedad vasca?.
Joseba Arregi, EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, 8/5/2011