Urizar habla de «normalidad» y pide no fijarse en «excepcionalidades» como las de Elorrio o Lizartza
Amarradas ya sus 123 alcaldías -106 en Euskadi y 17 en Navarra-, Bildu tiene por delante el reto de gestionarlas, a pesar de que, en muchos casos, los nuevos alcaldes son personas sin experiencia política. Una consecuencia de las exigencias que le planteó a la izquierda abertzale su apuesta por la legalización, que obligó a descartar a todos los candidatos ‘contaminados’. No obstante, los portavoces de Bildu dieron ayer pocas pistas sobre los pilares en los que se asentará su quehacer diario y evitaron plantear propuestas.
En su primera rueda de prensa tras la conformación de los consistorios, se quedaron en una declaración de intenciones genérica, aunque sí dejaron claro cuál será la «tarea» que desde hoy mismo acometerán en «todos» los ayuntamientos que gobiernan y en los que tienen representación «con carácter de urgencia absoluta». Esa prioridad no es otra que trabajar por la legalización «sin demora» de Sortu y por la defensa «de una solución definitiva para los presos y para todas las víctimas en general».
El líder de EA y portavoz de Bildu, Pello Urizar, compareció en Bilbao acompañado por la juntera vizcaína Zuriñe Gaintza para valorar la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado, una jornada que ha coronado a Bildu como la fuerza política con más poder local en Euskadi y le ha dado el control de alcaldías tan importantes como la de San Sebastián. Recalcaron que su labor prioritaria a partir de ahora será «avanzar en la consecución de un escenario democrático para este país», convencidos de que ése es el «mandato» que ha emanado de las urnas el 22-M. Ese ‘tránsito’ del que la coalición hará «bandera democrática» pasa, según el comunicado al que dieron lectura, por «la defensa de todos los derechos humanos, civiles y políticos, de un escenario donde todas las formaciones puedan actuar en igualdad de condiciones», lo que exige, dijeron, la inmediata legalización de la marca original con la que la izquierda abertzale pretendió presentarse a las elecciones.
El Tribunal Supremo anuló las candidaturas de Sortu, pero su defensa, con el letrado Iñigo Iruin a la cabeza, registró en mayo un recurso de amparo ante el Constitucional con argumentos similares a los que esgrimió ese órgano para decidir la legalización ‘in extremis’ de Bildu. A la espera del fallo, en círculos jurídicos se ve factible que sea favorable a Sortu. Falta por ver qué iniciativas emprende Bildu para presionar en su favor y para canalizar esa «solución definitiva» para los reclusos de ETA, a quienes el comunicado incluye dentro de «todas las víctimas en general». De momento, los dirigentes de la coalición participaron en la marcha a favor de los etarras presos convocada ayer en la capital vizcaína. Donde no se dejaron ver sus ediles bilbaínos fue en la conmemoración del aniversario de la Villa. No hubo presencia institucional de Bildu, pero sí se escucharon gritos en contra de la política penitenciaria.
Los portavoces de Bildu -que aprovecharon para negar pactos con el PNV y para acusar a los partidos «españolistas» de estar instalados «en el frente del ‘no’»- repitieron como un mantra que Euskadi ha entrado en «un nuevo tiempo político» marcado por el predominante «escenario institucional en clave de cambio». Eso supone, advirtieron, un «punto final a la ilegalización, a las recetas represivas y a la negación de derechos, incluido el derecho a decidir».
Insultos y abucheos
No obstante, a los portavoces se les cuestionó por la paradoja que supone que en ese «nuevo tiempo» quepan escenas como las vividas el sábado en Elorrio o en Lizartza. En el municipio vizcaíno del Duranguesado, donde los soberanistas ganaron las elecciones, el PNV se hizo con la vara de mando gracias al apoyo del edil popular Carlos García. Tanto la alcaldesa, Ana Otadui, como el concejal del PP tuvieron que soportar de los simpatizantes de la izquierda abertzale insultos y hasta intentos de agresión, en el caso de García. En Lizartza, a donde ha vuelto la izquierda abertzale tras la etapa de Regina Otaola (PP), se impidió la entrada a periodistas para cubrir el pleno.
Urizar se negó a emplear «la palabra condena» para referirse a los incidentes de Elorrio al entender que no puede «anteponerse» ese término «por encima de todo» y reconoció que altercados de ese tipo «no son el objetivo de Bildu», que hará lo posible para que «desaparezcan». Pero insistió en que «la normalidad» fue la «tónica general» en la constitución de los ayuntamientos y pidió no centrarse en «excepcionalidades». «La situación ha sido normal y es una evidencia de los pasos que se están dando para la normalización de este país», insistió, pese a la gravedad de los hechos.
EL CORREO, 13/6/11