«Si quiere lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista: con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez». Corría el 25 de abril del 2015 y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, solemnizaba en Navarra TV su compromiso. Entonces, el hoy presidente del Gobierno decía que «posicionarse o alinearse cerca» de los aberzales era no tener «un proyecto de país». «En cualquier tipo de combinación que esté Bildu, el Partido Socialista no estará (…). Nosotros tenemos una línea roja que es la defensa de la Constitución».

Ríos de tinta se han escrito ya sobre la facilidad del jefe del Ejecutivo de saltarse sus propias líneas rojas. «Mentiras» para unos, la oposición, «cambios de opinión» para otros, el PSOE. De aquella lejana declaración, que aún hoy persigue al presidente, se cumplirá el próximo 2025 una década. Tardó aún cuatro años más para dar pasos inequívocos hacia la ‘normalización’ de Bildu, ahora asumida hasta el punto de que la coalición liderada por Arnaldo Otegi, exdirigente de la banda terrorista ETA, deja una clara impronta en la vida política.

En 2019, tras las elecciones autonómicas de ese año, el PSOE dio el primer paso hacia un punto de no retorno. La socialista María Chivite fue investida presidenta de Navarra gracias a Bildu, a pesar de que había ganado las elecciones Navarra Suma (coalición de Unión del Pueblo Navarro, PP y Ciudadanos). Meses después, tras una repetición electoral a nivel nacional que no le salió tan bien a Sánchez como esperaba, las abstenciones de ERC y Bildu fueron indispensables para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Semanas antes, los socialistas asumieron el peaje de fotografiarse por primera vez con los aberzales en una ronda de contactos de cara a la investidura de un jefe del Ejecutivo. Adriana Lastra y Rafael Simancas, con rostros serios y visiblemente incómodos, asumieron el trámite que Sánchez no quiso protagonizar.

Fue el principio de una ‘normalización’ que hoy se traduce en cesiones a cambio de votos, como se ha evidenciado este mes, y que culminó el propio Sánchez hace poco más de un año, ya sonriente y con un firme apretón de manos, al retratarse junto a la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Amnistía para ERC y Junts, instantánea para los aberzales.

Pero sin duda, el gran éxito de Bildu se destapó el 7 de octubre cuando trascendió que el Gobierno había logrado colar de tapadillo dos enmiendas en un proyecto de ley aparentemente inocuo, para trasponer una directiva europea sobre antecedentes penales, cuyo efecto es que los presos de ETA puedan descontarse, desde que la norma entre en vigor, los años de prisión pasados en Francia por la comisión de otros delitos. Ni siquiera le hizo falta proponer los cambios a la coalición independentista –lo hizo Sumar– ni dar la batalla por su aprobación. La oposición no se enteró de lo que sucedía hasta el final.

La tercera victoria de Bildu, el ‘hat-trick’, llegó el martes con la decisión del Congreso, PSOE incluido, de rechazar una proposición de ley del PP para impedir que los condenados de ETA puedan presentarse a procesos electorales sin pedir perdón y mostrar arrepentimiento. Aizpurua, en su salsa, acusó a los populares de pretender impedir la participación en la vida pública de «ciudadanos vascos». Su partido, el año pasado, fue obligado a rectificar tras llevar en las listas de los comicios municipales a 44 etarras, siete de ellos con delitos de sangre en su historial. Nada impide que puedan concurrir nuevamente, condenen o no su pasado criminal.