JoséAntonio Zarzalejos-El Confidencial

Los bildutarras que tanto jalearon la muerte podían haberse redimido con un pacto por la vida: el de las mascarillas. Un pacto de metafórica contrición

No, no me dirijo a usted para añadir un comentario, un denuesto, una descalificación o un lamento adicional a la torpe pero no inocua ni inocente gestión del pacto entre los partidos que forman el Consejo de Ministros y EH Bildu cuyo alcance requerirá, en su momento, una interpretación que aún no se ha generalizado. Los propósitos de esta misiva, señor Illa, son otros.

El primero y fundamental es el de subrayar que su orden ministerial del pasado día 19 de mayo “por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19″ es intolerable. No porque nos imponga el uso de esa protección para evitar contagiar y ser contagiados, sino porque al tratarse de una intrusión extraordinaria en nuestra forma de deambular, una simple orden de usted, por mucho que esté investido de “autoridad única”, es una disposición de rango insuficiente. Es materia propia de ley y debiera haberse instrumentado a través de un real decreto ley sometido de inmediato para su convalidación al Congreso de los Diputados.

Pero es que, a través de una simple orden ministerial, señor Illa, además de esa imposición que requeriría el visto bueno de la Cámara legislativa, se añade otra, también intolerable, que no es seguro que pueda cumplirse por mucha que sea la intención popular de hacerlo: el coste. Hubiese sido imperativo, no solo no deslegalizar esta delicada materia, sino también haber determinado la distribución controlada y gratuita de mascarillas. Si como nos advierte el inefable doctor Simón, esa protección facial (boca y nariz) dispone de una caducidad de apenas unas horas de uso, ¿cree usted, señor ministro, que están las economías domésticas para invertir la cantidad de euros que requiere adquirir ese adminículo?

Esta es la consecuencia del mal uso y del peor abuso del estado de alarma: que lo mismo cuelan ustedes a Pablo Iglesias en el CNI que imponen las mascarillas por orden ministerial y no por ley y nos cargan así con una especie de impuesto del que se beneficiarán a saber quiénes.

¿No pensó nadie en el Gobierno, y especialmente su presidente y su vicepresidente segundo, que esta materia podía ser la adecuada para un pacto con Arnaldo Otegi a través de la inmarcesible Mertxe Aizpurua con la asistencia de Adriana Lastra y de Pablo Echenique? Estaba especialmente indicado: los bildutarras —los dos condenados por colaboración y enaltecimiento de la banda terrorista ETA— que tanto jalearon la muerte podían haberse redimido con un pacto por la vida: el de las mascarillas. Hubiese sido, señor Illa, un pacto de metafórica contrición.

El acuerdo de las mascarillas con Bildu, además, y a diferencia del relativo a la derogación “integra” de la reforma laboral no hubiese sido un ‘flatus vocis’ sino un pacto rápidamente ejecutable. Y con la siguiente redacción: 1) El uso obligatorio de mascarillas mientras dure el estado de alarma se regulará por el Gobierno mediante real decreto ley que se someterá de inmediato a la convalidación del Congreso de los Diputados, 2) El ministerio de Sanidad distribuirá cuantas mascarillas fueran necesarias y el de Seguridad Social garantizará que su disponibilidad se incluya en la cartera de prestaciones básicas sanitarias y 3) En el caso de que resulte necesario, a criterio de los expertos, el uso de mascarillas una vez concluido el estado de alarma, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para regular su utilización y establecer el régimen de su financiación pública.

Creo, señor Illa, que con un pacto de estas características hubiésemos ganado todos. Por lo siguiente: habríamos evitado que una mera orden ministerial se entrometa en las vidas de los ciudadanos cuando tal cuestión solo corresponde al legislativo, o en otras palabras, habríamos cortocircuitado la deslegalización de materias que, con manifiesto abuso, se ha amparado en el estado de alerta; habríamos conseguido que los ciudadanos no tuvieren una carga parafiscal subrepticia cuando abundan las colas de hambre, la angustia de los impagos y la incertidumbre en los empleos; habríamos logrado que Pablo Iglesias gestionase, sin que sirviese de precedente, una medida a favor de los ciudadanos. Y habríamos conseguido, señor ministro, esa justicia poética de que Otegi y Aizpurua fuesen adalides de la salud de los ciudadanos, ellos que tanto relativizaron la vida.

Estoy seguro, y lo digo sin pizca alguna de sorna o sarcasmo, de que usted estará de acuerdo conmigo: otro gallo le cantara al Gobierno si el pacto con Bildu hubiese sido el de las mascarillas y no el de la derogación “integra” de la reforma laboral. Debo insistir, sin embargo, señor ministro, en que su orden ministerial es jurídica y políticamente impresentable, deslegaliza la intrusión del poder público en la vida de los ciudadanos, les carga con una obligación financiera onerosa y les expone a que su compañero de Interior aplique con más fruición la “ley mordaza”. Mascarillas, sí. Pero por mandato de una ley y gratuitas. Ya que no lo han pactado con Bildu para facilitarle su redención, hagan bien las cosas —una vez al menos— y rectifiquen. Hacerlo no siempre es de sabios. Pero no hacerlo casi siempre es de tontos.