Dejemos, pues, al Tribunal Constitucional con sus argumentos buenistas y constatemos que, en todo caso, Bildu se presentó a sí misma como la expresión electoral de una Izquierda Abertzale que no es sino la forma pública preferida del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) para autodesignarse —tal como ha mostrado Íñigo Bullain en su reciente libro Revolucionarismo patriótico, de imprescindible lectura—. Constatemos también que ese Movimiento es una comunión ideológica de múltiples organizaciones sin vinculación orgánica, que forman parte de él —como ha señalado uno de sus principales ideólogos, el Colectivo J. Agirre al que cita profusamente Bullain— por su «fidelidad al acontecimiento fundador» o, lo que es lo mismo, a ETA. Y señalemos que, en él, es ETA la organización que ocupa una posición de «centralidad» —precisamente, como sigue diciendo el Colectivo J. Agirre, por su «doble carácter de … fundador e integrante del MLNV»— que le permite ejercer la tutela y el liderazgo sobre cada uno de sus elementos. En definitiva, la política de Bildu es la expresión de la estrategia de ETA para participar en las instituciones forales y municipales e impulsar desde ellas la consecución de sus objetivos nacionalistas y revolucionarios.
La cuestión que se plantea es, entonces, la del poder político al que, por medio de Bildu, puede acceder ETA. Ese poder no depende sólo de la cuantificación de los resultados electorales, pues es tanto o más relevante la traducción de éstos en la gestión efectiva de los consistorios municipales y, en su caso, de las Diputaciones Forales. Asimismo, es también importante la consideración de la importancia relativa que tienen, por su tamaño, las instituciones gobernadas. Para analizarlo, en lo que sigue me referiré únicamente a los Ayuntamientos.
Bildu ha obtenido la mayoría absoluta en 74 municipios vascos y le corresponde, lógicamente su gobernación. Se trata, por lo general, de pueblos pequeños de zonas rurales y, a veces, industriales en los que, en su momento, Batasuna estableció una severa red de control social y en los que resulta relativamente fácil inducir el voto, sobre todo si se tiene en cuenta que éste no cuenta con la protección suficiente para ser secreto, tal como reiteradamente ha señalado, en sus informes sobre España, la OSCE. No está de más recordar a este respecto que la citada organización internacional señaló, con ocasión de las elecciones generales de 2008, que específicamente en el País Vasco «algunos votantes pueden sentir miedo al coger ciertas papeletas de la mesa o al votar en una cabina de votación».
Casi un tercio de esos municipios no llegan a los mil habitantes y otro 45 por ciento tienen menos de cinco mil, de manera que únicamente seis —el 8 por 100— cuentan con una población de entre diez y veinte mil personas; y sólo uno —Mondragón— supera este último límite. La población media de estos lugares es de 3.706 individuos, una cifra ésta que resulta netamente inferior a la de 4.644 que, en el momento de su ilegalización, en el año 2002, correspondía a los 44 pueblos gobernados por Batasuna. Parece, por tanto, que Bildu ha acentuado el carácter rural del espacio geográfico en donde la Izquierda Abertzale puede ejercer el poder político con la fuerza de sus propios votos.
En conjunto, la población sobre la que, a tenor del resultado de las elecciones, se va a extender el gobierno de Bildu es de 274.269 personas; es decir, el 12,6 por ciento de los habitantes del País Vasco. Esta proporción denota el alcance limitado del poder político del MLNV que lidera ETA, algo que ya ocurría con anterioridad a la exclusión de Batasuna de los procesos electorales. No obstante, debe subrayarse que, en los recientes comicios, ese poder ha progresado significativamente, pues Batasuna sólo llegó a extender su gobernación sobre el 9,7 por ciento de la población vasca.
Ahora bien, pudiera ocurrir que, en función de los pactos ulteriores a las elecciones que se realizan entre los partidos políticos para formar mayorías de gobierno o también de la simple aplicación de la ley electoral en el caso de que no haya ningún candidato que logre más de la mitad de los votos, en cuyo caso la alcaldía le corresponde a la lista más votada, Bildu lograra extender su poder real sobre la totalidad o parte de los municipios en los que únicamente ha obtenido una mayoría relativa. Son éstos un total de 22 y, entre ellos, casi la mitad cuentan con un tamaño apreciable. A efectos comparativos con los anteriormente tratados se puede señalar que su población media es de 17.904 habitantes. Si se excluye al más grande de ellos —San Sebastián— esta ratio asciende a 7.572 personas, duplicando la dimensión promedio de los pueblos en los que Bildu ha obtenido la mayoría absoluta.
En estas circunstancias, si la gobernación de Bildu se ampliara hasta englobar todos los municipios en los que ha resultado ser la lista más votada, el volumen de la población vasca sujeta al poder político del MLNV —de ETA, en definitiva— ascendería hasta los 668.159 habitantes, lo que supone casi el 31 por ciento del total. Evidentemente, que se llegue o no a un resultado así dependerá tanto de la sagacidad política de los demás partidos —principalmente del PNV, el PP y el PSOE— como de su capacidad para resistir las presiones que, desde la Izquierda Abertzale, se ejerce sobre ellos.
Este nivel del poder político del MLNV y ETA se reparte, como es tradicional, muy desigualmente entre las tres provincias vascas. En Álava los municipios donde Bildu ha obtenido la mayoría absoluta cuentan con sólo el 4,1 por ciento de la población provincial, aunque si su gobernación abarcara también a aquellos en los que tiene mayoría relativa, esa proporción se elevaría hasta el 12,3 por ciento. En Vizcaya el porcentaje correspondiente a la primera de esas situaciones es más elevado —el 6,5 por ciento—, pero el referido a la segunda resulta más bajo —el 8,9 por ciento—. Y es en Guipúzcoa donde alcanza su mayor cota en ambos casos: 26,5 y 75,2 por ciento, respectivamente.
En resumen, los resultados de las recientes elecciones municipales han proporcionado al MLNV y ETA, con Bildu, un poder político que supera al que, en el momento de su mayor auge, obtuvo con Batasuna. Ese poder es más bien reducido en Álava y en Vizcaya, aunque no así en Guipúzcoa donde se extiende sobre más de una cuarta parte de la población. Y resulta en todo caso limitado cuando se considera el País Vasco en su conjunto. Sin embargo, esta situación podría trastocarse, magnificando la influencia de ETA, si los acontecimientos postelectorales concedieran a Bildu el gobierno de los Ayuntamientos en los que sólo ha tenido una mayoría relativa al ser la lista más votada.
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¿Qué rendimiento económico podría extraer el MLNV de esta posición presupuestaria en los Ayuntamientos que gobierne Bildu? Desde mi punto de vista son tres los aspectos que se pueden considerar como más relevantes. El primero se refiere al sostenimiento del personal político de la organización, bien por tratarse de ediles retribuidos, bien por estar contratado al servicio de los gabinetes municipales. Si tenemos en cuenta la experiencia anterior, se puede estimar que, circunscribiéndonos a los municipios donde tiene mayoría absoluta, el conjunto de los ediles retribuidos de Bildu puede absorber en torno a 3,7 millones de euros al año; y que el coste de los asesores de las alcaldías puede llegar a 4,1 millones. Estos recursos, que suman en conjunto, 7,8 millones de euros anuales servirán para retribuir a alrededor de 300 personas dedicadas a las labores de gestión, control y proyección política del movimiento que lidera ETA.
El segundo aspecto alude a la obtención de recursos para el sostenimiento de las sedes y otras infraestructuras del movimiento a través de las subvenciones a los grupos municipales. Este concepto se puede estimar, siempre referido a los consistorios con mayoría absoluta de Bildu, en unos 840.000 euros anuales.
Y el tercero se concreta en el manejo presupuestario y en su utilización para financiar iniciativas y organizaciones afines al MLNV. A este respecto, Bildu ya ha anunciado que pretende emplear el dos por ciento de los presupuestos municipales para promover el euskera —una finalidad ésta que, como he mostrado en mi libro ETA, S.A. justificó en el pasado la existencia de una profusa maraña de subvenciones de las Administraciones Públicas hacia diversos tipos de organizaciones relacionadas con el entramado que lidera ETA—. No obstante, si tenemos en cuenta que, de acuerdo con las liquidaciones presupuestarias de los Ayuntamientos vascos, el conjunto de las transferencias corrientes a las familias e instituciones sin fines de lucro no llegan al cuatro por ciento del gasto, parece difícil que ese objetivo de Bildu pueda lograrse. Por ello, mi estimación de la cuantía de esas transferencias que puede llegar a encerrar una finalidad política específica es mucho más modesta y se cifra en el uno por ciento de los presupuestos; es decir, en unos 4,5 millones de euros al año. A favor de esta hipótesis está, por otra parte, la experiencia de legislaturas anteriores, a la que he aludido en el libro que acabo de citar.
Por consiguiente, la ocupación de los gobiernos municipales puede proporcionar una disponibilidad de recursos para las finalidades políticas del movimiento que ETA tutela, superior a los trece millones de euros al año durante la próxima legislatura. Esta cantidad no es nada desdeñable para una economía a la que los rendimientos de la extorsión terrorista, el saqueo, el resultado neto de las actividades mercantiles, los donativos y otros ingresos delictivos no han aportado, en los últimos años, más allá de 8,2 millones de euros en promedio. Y lo será aún menos si Bildu logra hacerse con la gobernación de los consistorios en los que su mayoría es sólo relativa, pues en tal caso añadiría a la cifra anterior otros 19,4 millones. Aún así, ni siquiera en esta hipótesis extrema, el entramado organizativo dirigido por ETA habría logrado recomponer la entidad cuantitativa de las finanzas que manejó durante la década de 1990, una época en la que contó para su financiación con la inestimable colaboración del Gobierno Vasco. En la actualidad carece de este factor gracias a la política desarrollada por el lehendakari López bajo el acuerdo entre el PP y el PSOE. Pero esta situación sólo será sostenible en el futuro si ahora se limita el poder al que, tras las elecciones municipales, puede acceder Bildu.