Transcurridos casi dos meses desde la celebración de las elecciones generales, nuestro país vive una peligrosa situación de parálisis política. Los partidos que más votos y escaños obtuvieron en ellas, el PP y el PSOE, no han hecho ningún esfuerzo real por alumbrar una mayoría parlamentaria que permita investir a un presidente del Gobierno y garantizar la estabilidad de la legislatura. Ambos se resisten a aceptar la aritmética parlamentaria.

En este contexto, ante la constatación de que los partidos no habían hecho sus deberes, y para no prolongar la situación de interinidad, el Rey designó a Feijóo como candidato a la presidencia. Gracias a su pacto con Vox, Feijóo era entonces y sigue siendo hoy el candidato que más apoyo parlamentario tiene (172 de 350 diputados) pero se trata de un respaldo insuficiente. Con lealtad al Rey, el líder del PP aceptó el ingrato pero obligado encargo de presentarse a una investidura -previsiblemente- fallida. La única posibilidad de que prospere pasa por la abstención del PSOE. Pero este, a pesar de todas las advertencias formuladas por muchos y relevantes dirigentes históricos de la socialdemocracia española, sigue instalado en el ‘no es no’ y se opone rotundamente a negociar con Feijóo un programa de gobierno que pudiera ser compartido por los dos partidos que -con una mínima diferencia- han obtenido el respaldo de casi 15 millones de españoles.

Esta actitud abiertamente obstruccionista es incompatible con el buen funcionamiento de nuestro sistema parlamentario y conduce al país, en el mejor de los escenarios, a una repetición electoral. El líder del PSOE justifica su rechazo a negociar un acuerdo de gobierno con el PP en la existencia de una supuesta mayoría alternativa que denomina «progresista» y en la que incluye junto a partidos conservadores como el PNV, a fuerzas claramente ultraderechistas como la formación del prófugo Puigdemont. Pero este último ya ha advertido con absoluta claridad de que sus siete diputados votarán en contra de cualquier candidato que no les garantice previamente la aprobación de una ley de amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En este confuso escenario de bloqueo, la única posibilidad que tendría Sánchez de ser investido implicaría asestar un golpe mortal a la Constitución de 1978 y privar al PSOE de su condición de partido sistémico y vertebrador del régimen. En el deseable supuesto de que se rechazase el chantaje del prófugo, si Sánchez tuviera la osadía de solicitar al Rey también su designación como candidato, obtendría un rechazo aún mayor (179 votos en contra) que el que previsiblemente va a recibir Feijóo. En todo caso, tras la primera investidura fallida del próximo día 27, se abrirá el plazo de dos meses para la disolución automática de las Cortes y posteriores nuevos comicios.

Todo lo anterior pone de manifiesto que el bloqueo de la investidura es mucho más grave por sus causas que por sus efectos. Su consecuencia es la prolongación de la situación de interinidad del Gobierno, la prórroga presupuestaria y la parálisis de la acción legislativa. Pero las causas ponen de manifiesto una crisis constitucional de singular gravedad: la ruptura del imprescindible consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias que vertebran el régimen político de 1978 y sin el cual la democracia constitucional no puede funcionar.

Todas las democracias alumbradas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial (incluida la establecida en España como conclusión de la Transición) fueron el resultado de un gran acuerdo político entre los representantes de la socialdemocracia (centroizquierda) y la democracia cristiana o partidos conservadores de centroderecha. El enriquecedor pluralismo ideológico determina que entre ambas familias políticas existan numerosas diferencias, pero ello no impide que compartan un núcleo de creencias y convicciones comunes: la defensa de la democracia parlamentaria y de la representación frente al populismo plebiscitario; la defensa de la economía social de mercado frente al intervencionismo extremo o el neoliberalismo; la defensa del proceso de integración supranacional de Europa frente a los nacionalismos soberanistas; la defensa del legado del humanismo y de la Ilustración frente a los irracionalismos que condujeron al continente a la catástrofe. La necesidad de preservar ese consenso explica que la Unión Europea esté gobernada hoy por una coalición de socialdemócratas, populares y liberales.

La incapacidad del PP y del PSOE de alumbrar un acuerdo de gobierno en torno a esos principios sume a nuestro país en una profunda crisis constitucional. Aunque el principal responsable es Sánchez, Feijóo debería aprovechar su discurso de investidura para plantear al PSOE una oferta de gobernabilidad que permita superar la crisis constitucional que padecemos.