CARLES Puigdemont, todavía presidente de la Generalidad de Cataluña, ha ignorado el requerimiento que le dirigió la semana pasada el presidente Rajoy. Transcurrido el plazo previsto, Rajoy solo ha recibido de Puigdemont un par de folios de análisis de la situación donde se le exige que «revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña» y donde le pide «lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos». Se observará en la gramática de la petición la evidencia de que Puigdemont ya habla desde el más allá, es decir, desde la independencia y que esos «primeros acuerdos» no pueden ser otros que los que deben pactar dos Estados que fueron uno. A diferencia de los españoles que creen o prefieren creer otra cosa, Puigdemont sabe perfectamente que declaró la independencia y que no solo la declaró sino que incluso mandó, en su primer acto de soberanía, que el Parlamento suspendiera sus efectos. Evidentemente todo ello sucedió en su ficción ilegal; pero contra las ficciones de Puigdemont han actuado ya el Gobierno, los jueces y la Policía, porque las ficciones no solo pueden ser reales si no también malignas. Ayer, con la boca seca y los nervios desbocados, la vicepresidenta del Gobierno no se avino a asumir que Puigdemont había hecho una bolita con el requerimiento formal del Gobierno, como es lógico en hombre que ya no reconoce la jurisdicción española, y le consintió implorándoselo (que así de oximorónica se mostró) que hasta el próximo jueves aún tenía tiempo de no haber declarado lo que declaró el martes. El retorcimiento de la vicepresidenta no tenía sentido jurídico alguno. La declaración de independencia abandonó la ficción para instalarse técnicamente en el dominio de los hechos. Porque si el presidente del gobierno te pregunta si has declarado la independencia, y añade que cualquier cosa diferente del no que contestes será un sí, es lógicamente indiscutible que ayer a las 10 de la mañana Cataluña era un país independiente. Y no ya porque lo dijera el ficcional Puigdemont sino porque así lo había dicho el fáctico gobierno del Estado. De modo que la angustia que exhibía la vicepresidenta era comprensible. Tiene algún estudio jurídico y sabe que la única verdad es que el que llama señor Puigdemont admitía con su carta que había declarado la independencia y que, por lo tanto, tenía hasta el jueves para revocar la declaración. Sin embargo, la vicepresidenta optó por convertir el plazo de revocación en una prórroga de aclaración. La comprendo. Comprendo su profunda vergüenza. Al fin y al cabo gobierna un Estado democrático al que el 20% de su Pib le ha declarado la independencia. Y ya sabe, además, que la única revocación posible está en sus manos y será por la fuerza.