Bolaños, ministro para todos nuestros males

El pasado fin de semana jueces y fiscales de toda España se congregaron frente al Tribunal Supremo bajo el lema «Sin Estado de Derecho no hay democracia», dado que consideran que con la Ley Bolaños, si finalmente se aprobara, el Estado de Derecho se debilitaría tanto que pondría en riesgo la propia democracia en España. Este es el punto en el que nos encontramos y al que nos ha traído la coalición reaccionaria liderada todavía por Pedro Sánchez, políticamente más muerto que vivo, pero que ahí sigue, vivito y coleando, esperemos que dando sus últimos coletazos ya sin trascendencia práctica, por el bien de todos.

En la concentración se reivindicó la independencia judicial como pilar democrático, ese pilar que el Gobierno de España pretende por lo civil o por lo criminal meter en vereda, de modo que siga siendo quizás poder judicial pero en ningún caso independiente del poder político sino dependiente de los intereses partidarios del PSOE y de sus dirigentes. Los socialistas, por experiencia, intuyen que es su último balón de oxígeno que pudiera salvarlos de su hundimiento definitivo: contralar a los jueces y fiscales como ya controla al Fiscal General del Estado o al presidente del Tribunal Constitucional, quienes ya trabajan a su servicio sin que se les caiga la cara de vergüenza.

El documento leído por los manifestantes subrayó que la manifestación «no es contra el poder ejecutivo ni contra el poder legislativo sino en defensa del poder judicial», que es como decir que, si semejante proyecto legal lo hubiera presentado otro gobierno y tuviera que validarlo otro parlamento, igualmente se habrían manifestado en contra, dado que lo que pretenden no es salvaguardarse a sí mismos o reivindicar determinados intereses particulares, bien sean profesionales o laborales, sino la propia independencia de la Justicia o la igualdad ante la ley, que ven amenazadas. O sea, defienden los intereses de todos los ciudadanos, y especialmente de los más débiles, pues a estos es a quienes más interesa una Justicia independiente.

Y da la casualidad que la independencia judicial y la separación de poderes están amenazadas por este ejecutivo y por este legislativo, si finalmente unos y otros dan el nihil obstat al bodrio legal de Bolaños, cosa que harán si los responsables de apretar el botón reciben las prebendas políticas correspondientes, como en episodios anteriores ha venido ocurriendo. Y los jueces y los fiscales, libres de sectarismo y sin la obligación de obedecer a nadie, con la esperanza de que tal día no llegue, han puesto pie en pared a las intenciones gubernamentales, yendo a una huelga que mantendrán hoy, mañana y pasado, a pesar de las presiones del Gobierno, como pasó en otras épocas.

Se critica el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que «quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado», nombrado por el ejecutivo, que ya ejerce y actúa en beneficio del Gobierno

Se cuestiona el proyecto de ley por modificar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, dado que el plan «rebajará la excelencia de conocimientos, introducirá pruebas más subjetivas» y creará un centro de preparación de opositores «dependiente directamente del Gobierno», con el riesgo que ello conlleva: que se elijan a jueces y fiscales en función de su ideología en lugar de por los criterios de igualdad, mérito y capacidad. O sea, por su grado de progresismo en el sentido que el PSOE y socios dan al término «progresismo», que es que sean de su cuerda ideológica y apoyen sus intenciones, por muy malas que estas sean.

Además, se critica el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que «quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado», nombrado por el ejecutivo, que ya ejerce y actúa en beneficio del Gobierno, y «reducir la autonomía interna», lo que incrementará, más si cabe, el riesgo de que se produzcan injerencias políticas en las causas de corrupción, algo que preocupa al Gobierno y al PSOE, acorralados por casos cuyas resoluciones judiciales están pendientes.

Así que, viendo las intenciones del PSOE, los convocantes reclamaron «la retirada de ambos proyectos» y, en caso de que no se produzca, su derecho a ir a la huelga y ejercerla. Bolaños, raudo y veloz y en defensa de sus intereses personales y políticos, quiso adelantarse a los acontecimientos y trató de que la huelga no sea posible. Y por ello pidió al CGPJ que propusiera prohibirla, cosa que el órgano de gobierno de los jueces atendió a través de los vocales elegidos por el PSOE, otra muestra de la politización que sufren nuestras instituciones y del riesgo que corre nuestro Estado de Derecho, amenazado por un gobierno acorralado por escándalos de corrupción y, consecuencia de ello, tan débil, que es capaz de seguir ante sus socios lo que sea necesario, los cuales se frotan las manos en lugar de limpiárselas.

Bolaños no va a negociar ni una coma digan lo que digan los jueces y los fiscales por muchos argumentos que tengan, lo cual sólo puede entenderse como una muestra de prepotencia y una sinvergonzonería

Ante las reivindicaciones de jueces y fiscales y del conjunto de la judicatura, Bolaños ya ha avisado que no se va a cambiar ni una coma, preludio de que seguramente se siente a negociar, aunque trate de evitarlo. Basta que Puigdemont tosa un día por la mañana para que el Gobierno de España acuda a Waterloo a saciar sus pretensiones para salvar la legislatura y permanecer en la Moncloa aunque se vean perjudicados los intereses de los españoles; sin embargo, Bolaños no va a negociar ni una coma digan lo que digan los jueces y los fiscales por muchos argumentos que tengan, lo cual sólo puede entenderse como una muestra de prepotencia y una sinvergonzonería.

La independencia judicial no existe en España o está en grave riesgo. Todo puede empeorar, pero ya lo sabíamos. La semana pasada, sin ir más lejos, el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, mercenario del Gobierno, sentenció que la ley de amnistía concedida a los responsables del procés es constitucional, en contra del criterio de todos los expertos juristas conocidos por su independencia y objetividad, e incluso por el propio Sánchez y sus ministros antes de que necesitara los siete votos de Puigdemont para permanecer en la Moncloa y este le pidiera la amnistía para otorgárselos.

La misma ley negociada y redactada por dos delincuentes, uno que ya está en la cárcel por corrupción, Santos Cerdán, y otro que estaría en la cárcel si no hubiera huido en un maletero tras intentar dar un golpe contra la Constitución, Puigdemont; y todo ello bajo la batuta del director de la orquesta, Bolaños, ministro para todos nuestros males. Obviamente, pueden decir que la ley de amnistía es constitucional. Pero seguirá sin serlo. Y, lo que es peor, no es ni decente ni moral, sino el mayor acto de corrupción política que ha habido en España desde la Transición Política.