Tras la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo de los efectos electorales de la ‘ley de nietos’, Félix Bolaños se mostraba preocupadísimo por algo tan sagrado para una democracia liberal como es el derecho al voto de los ciudadanos. A simple vista, nadie pondría reparos a tan loable inquietud. Pero no se dejen confundir por el sofisma. Obvia el ministro, espero que por interés electoralista y no por desconocimiento, que el voto es, ante todo, el instrumento mediante el cual se posibilita algo mucho más importante para una democracia que el propio derecho a ejercerlo: un gobierno representativo, elegido de forma transparente, reglada, adecuadamente supervisada y fiel al cuerpo electoral. El voto en sí mismo no tendría mayor valor si no sirviese exactamente para eso, es el procedimiento que nos hemos dado para ello. Imaginen, por ejemplificar, que todos nosotros mantenemos nuestro derecho a votar de manera libre, voluntaria y periódica. Pero, llegado el momento, mediante alguna estratagema mágica (una multiplicación de los panes, los peces y los votos) o de ingeniería social (¿una alteración artificial del censo que incorporase a miles de votantes ajenos a la comunidad política e, incluso, que nunca hubiesen habitado el territorio ni estuviesen sometidos a las consecuencias de las decisiones que su voto contribuirá a adoptar?), el resultado final se viese adulterado. ¿Tendría ese voto sentido si lo emanado de él no es un gobierno ciertamente representativo del electorado real? Yo creo que no. Lo que haría es, simplemente, sostener la tramoya de apariencia de legitimidad institucional, pero lo alcanzado sería tan solo un gobierno ajustado al método pero sin compromiso democrático. Cae pues aquí Bolaños en lo que llamaríamos «desplazamiento de fines», que no es más que la inversión de una natural jerarquía de valores por la que se acaba defendiendo el medio por el que se logra o defiende un fin como si el propio medio fuese el objetivo último, descuidando e incluso olvidando la misión a la que ese procedimiento debería servir. Dicho de otro modo, a Bolaños parece preocuparle más la preservación del método democrático que el compromiso con la democracia misma. Convendría que nos aclarase el ministro si considera entonces más importante el derecho individual de voto recién conferido que el derecho del conjunto del cuerpo electoral a un gobierno elegido y conformado mediante reglas claras, racionales, directas y adecuadamente supervisadas. Porque lo que está en litigio no es el derecho al voto, es si un criterio administrativo amplió el censo más allá de lo que la Ley de Memoria Democrática permite. Así, no es el Tribunal Supremo quien profana el voto por pedir pruebas de sujeción real: es el propio ministro, que blande lo sagrado para no dar explicaciones.