EL MUNDO, 13/9/12
La sección penal primera confirma el auto de Vigilancia Penitenciaria
El etarra ya podría ir a casa pero seguirá ingresado en el hospital
El informe forense remitido a los jueces asegura que no está ‘terminal’
La Fiscalía considera que no existe ‘riesgo inminente de muerte’
El juez Nicolás Poveda emitirá un voto particular
El etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga obtiene la libertad condicional pese a no estar «terminal», según el último informe. La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska e integrada por otros cuatro jueces, ha rechazado por cuatro votos a uno el recurso de apelación de la Fiscalía contra la excarcelación del carcelero de José Antonio Ortega Lara por considerar que no existe «riesgo inminente de muerte».
De esta forma, los cinco jueces confirman el auto del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que atendió entonces la solicitud del Ministerio del Interior de dejarlo en libertad condicional alegando «razones humanitarias» y de «dignidad personal». Previamente, el Departamento de Jorge Fernández Díaz había concedido al terrorista el tercer grado.
Según fuentes jurídicas, la votación se ha resuelto con los votos a favor del presidente de la sala, Fernando Grande-Marlaska, y los jueces Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Alfonso Guevara. El único voto en contra ha sido, precisamente, del que iba a ser el ponente de la resolución judicial, Nicolás Poveda Peña, que ha anunciado un voto particular. Ahora uno de los cuatro jueces se encargará de redactarlo.
Con este fallo, la consecuencia inmediata es que Bolinaga abandonará la habitación penitenciaria del Hospital Donostia de San Sebastián en la que se encuentra desde el pasado 1 de agosto para ocupar una ordinaria y sin vigilancia de la Ertzaintza. Fuentes de la defensa del recluso citadas por Europa Press aseguran que el etarra permanecerá ingresado, sin precisar cuánto tiempo, para continuar el tratamiento de radioterapia para su cáncer en el riñón con metástasis en el cerebro y en un pulmón. En todo caso, como paciente podría no esperar al alta médica y renunciar a los cuidados para marcharse a su casa.
En auto del juez De Castro, se impuso al etarra una serie decondiciones para su libertad condicional, como presentarse mensualmente en los servicios sociales externos del centro penitenciario de San Sebastián, así como comunicar si hay cambios en su estado de salud.
También se le prohíbe participar «de forma activa o pasiva» en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de la banda terrorista ETA. Tampoco podrá hacer declaraciones «de esa naturaleza» o que conlleven «desprecio o desconsideración» de las víctimas del terrorismo o pudieran ofender sus sentimientos.
Bolinaga no puede acercarse al domicilio o lugares de trabajo de sus víctimas o de los familiares directos de éstas, así como ausentarse sin previa autorización judicial de la localidad que fije como residencia.
Peor por la huelga de hambre
La Fiscalía ha insistido en las últimas horas en que el«empeoramiento» del carcelero de Ortega Lara «es momentáneo y secundario al tratamiento contra el cáncer y a la voluntaria huelga de hambre anterior, sin que sea posible establecer, salvo interpretación tendenciosa e interesada de lo transcrito, que ha existido empeoramiento del paciente que nos sitúe en inminente riesgo de muerte».
Respecto a que Bolinaga haya expresado su deseo de abandonar el tratamiento, el fiscal recuerda lo que el Tribunal Supremo dijo con las huelgas de los grapos y concluye que «no puede verse premiada» la eventual decisión del etarra de abandonar el tratamiento. Asimismo, el escrito se cierra recordando que el tercer grado permite dar al etarra el tratamiento médico necesario en el hospital.
Por su parte, la forense había argumentado previamente queBolinaga no se encuentra en estado «terminal» después de tener acceso el martes a los últimos documentos médicos del Hospital Donostia de San Sebastián -en el que fijan en 9 meses la esperanza de vida del etarra-.
Ante la petición de que presentara un nuevo escrito, Carmen Baena solicitó ayer los informes del centro hospitalario a los que no tuvo acceso cuando elaboró su primer informe y que finalmente recibió a última hora de la tarde de ayer. Entre estos papeles está la historia clínica y la evolución médica del preso.
Tras examinar dicha información, la forense ha remitido a los jueces un escrito en el que incide en que el empeoramiento de la situación del etarra se atribuye a los efectos del tratamiento que ha iniciado, así como a las consecuencias de la huelga de hambre que mantuvo durante días. Al respecto, recalca que hay que esperar a que desaparezcan los efectos secundarios de su negativa a alimentarse para poder «reevaluar» la situación del enfermo.
Con todo esto, Carmen Baena se ha ratificado en el informeque remitió el pasado día 24 de agosto en el que detallaba, a partir de los datos que tenía en ese momento, que el enfermo no se encontraba en una situación «terminal» y que «únicamente presenta leves síntomas clínicos» en relación con el cáncer que sufre.
Ese primer informe señalaba que «el tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario», ya que los pacientes en su situación tienen un 50% de posibilidades de superar los 11,3 meses de vida.
El análisis de la forense contradice al que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una «comisión médica» del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el preso se encontraba en una situación «irreversible» en la que «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%», es decir, que tendría un 90% de probabilidades de fallecer antes de un año.
También era contrario al elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava), que concluía que el tratamiento que necesita el preso no era posible en una cárcel.
EL MUNDO, 13/9/12