Serénense los espíritus ardorosos que en ciertos ámbitos de la derecha se agitan a la espera de que acabe pronto el luto oficial para empezar a pedir cabezas. Paciencia, paciencia; esta rara colaboración entre las autoridades no es más que una tregua tras la que volverán el ruido, la furia y los reproches que la política lleva en su naturaleza. Y es lógico y justo que así sea, como es correcta esta reacción mesurada mientras aún permanecen sin identificar o sin hallar bastantes víctimas de la tragedia y mientras los expertos buscan una razonable explicación técnica. La mayoría de la gente lo prefiere así, aunque algunos no lo crean, y no viene en absoluto mal que los dirigentes públicos se comporten como si fuesen personas serias. El simulacro durará poco, por desgracia, así que va a sobrar tiempo para la refriega. Tranquilidad también respecto a la depuración de responsabilidades que parece preocupar a estas mentes inquietas, porque sean cuales sean las causas desencadenantes del accidente el Gobierno tiene un problema: no existe la más mínima posibilidad de eludir la certeza de que el tráfico ferroviario es una materia de su exclusiva competencia, ni de encontrar la manera de desviar la inevitable polémica sobre el estado de la red hacia instituciones ajenas, ni queda en el país nadie que ignore la profunda crisis de un transporte que hasta hace bien poco era el más brillante emblema de nuestra integración europea.

Más allá del motivo inmediato de la catástrofe, que sólo puede establecer un informe pericial apenas iniciado, la sociedad española es plenamente consciente de la degradación del servicio en los últimos años. Primero desapareció la puntualidad, simbolizada en la pérdida de la indemnización por retrasos; después decayeron la fiabilidad y la comodidad entre cambios de horarios y estaciones sumidas en el caos; y ahora se ha hundido el mito de la seguridad, el último y más valioso de los factores que hacían de la alta velocidad una suerte de milagro del desarrollo contemporáneo. Y todo eso ha ocurrido a la vez y como consecuencia de la transformación de Renfe y Adif en dos artefactos ineficaces, incompetentes, además de deficitarios, ramificados en una trama de filiales donde el clientelismo político cohabita con el marasmo burocrático. No puede ser casualidad, y no lo es, que ambas empresas estatales se hayan visto salpicadas de escándalos, con directivos procesados por sospechas de amaño de contratos y por la colocación de amantes del ministro Ábalos. Todo ello mientras las infraestructuras envejecían, la demanda crecía y la entrada de operadores extranjeros multiplicaba el colapso. En ese marco el desastre era un paso presentido, casi anunciado, cuyos detalles requerirán un imprescindible debate democrático. Pero no antes de que las víctimas puedan llorar su dolor sin la interferencia de la habitual pelea a muertazos.