No resulta muy creíble Oriol Junqueras cuando dice que está dispuesto a volver a la cárcel por una votación de independencia. En realidad ha hablado en plural –«algunos»– sin que se sepa si a sus colegas expresidiarios le agrada la idea; al menos ninguno se mostró demasiado conforme con la experiencia. El brindis a la sombra del líder de Esquerra va dirigido a Puigdemont, para recordarle que se largó a Bruselas mientras los demás promotores de la revuelta iban derechitos a la trena. Pero en cualquier caso, después de la desaparición del delito de sedición, la reforma del de malversación y una amnistía que se extiende casi hasta la Edad Media, para entrar de nuevo en prisión tendría que asesinar a una anciana indefensa. Y aun así la Fiscalía encontraría atenuantes para pedir la mínima pena.

A estas alturas es probable que muchos lectores hayan dejado de leer este artículo. Otra columna más sobre la matraca del ‘procès’, habrán dicho. Sucede que desde que Sánchez llegó al poder de la mano de los separatistas, la cuestión catalana ocupa una posición cenital en el debate político. Y que, por comprensible que sea el hartazgo, el mal llamado ‘conflicto’ es el eje sobre el que gira desde el principio un Gobierno entregado a los caprichos del soberanismo. Toda la vida pública nacional se mueve en torno a esa especie de sociedad de apoyos recíprocos donde una minoría dirige el destino del país por cuyo Estado se siente o se cree oprimido.

Tan decisiva es la supeditación a ese chantaje que no pocos españoles caen en la tentación de pensar en el dichoso referéndum como una manera de librarse de una maldita vez del secuestro. Una consulta con todos sus avíos, su ley de claridad y una mayoría cualificada del sesenta por ciento que el nacionalismo no alcanzaría ni de lejos. El problema, aparte del encaje constitucional –ya se encargaría Pumpido de ello–, consiste en que lo importante de un plebiscito de esta clase no es el resultado, sino el reconocimiento de un derecho de autodeterminación inexistente y de un sujeto soberano quimérico. Y aunque los secesionistas fracasaran en el primer intento, lo repetirían hasta tener éxito y cumplir su anhelo de convertir a una parte de sus conciudadanos en extranjeros.

Y sin embargo, eso es exactamente lo que ERC afirma estar negociando en el cuarto oscuro de Ginebra. El Partido Socialista se ha apresurado a negarlo pero los precedentes demuestran que esos desmentidos son el prólogo de una sospecha que de manera indefectible acaba convirtiéndose en certeza. La legislatura sólo continuará si ese asunto, incluido y firmado en el pacto de la vergüenza, figura en la agenda cuando pase el ciclo electoral de primavera. Y el mártir Junqueras no tendrá que volver a la celda, porque ni hay ya leyes que lo puedan condenar ni el sanchismo va a permitirse cuestionar la condición primordial de su supervivencia.