CARLOS SEGOVIA – EL MUNDO – 31/07/16
· La Comisión Europea destapa una realidad de las cuentas públicas que hace por ahora inviables promesas estrella de los partidos apenas un mes después de las elecciones.
Cuando el pasado 1 de junio, el Ministerio de Hacienda lanzó que se podrían bajar los impuestos de nuevo en enero de 2017, no hubo seguimiento. Ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni el propio Mariano Rajoy refrendaron tan audaz planteamiento del Ministerio de Cristóbal Montoro, pero tampoco lo desmintieron. Ambos sabían que, en paralelo, el ministro Luis de Guindos, había ya iniciado una angustiosa negociación para evitar que España estrenara la primera multa de la Historia de la Unión Europea a un país que no respeta los compromisos del déficit público. Prometer en Madrid una nueva rebaja inmediata de impuestos, al tiempo que De Guindos aseguraba en la UE que el desvío presupuestario de 2015 no volvería a suceder, era una auténtica provocación a Bruselas.
El Partido Popular terminó utilizando la bajada de impuestos como promesa estelar en la campaña del 26-J como ya había hecho meses antes en el 20-D sin precisar plazos. En el programa electoral se acompañó la promesa de «nuevas rebajas fiscales» con la importante letra pequeña de que se haría «siempre en el marco de la senda de consolidación fiscal». Es decir, cuando se pueda; pero los matices son las primeras víctimas de cualquier campaña política.
La abrupta realidad ha llegado apenas un mes después de las elecciones. La Comisión Europea ha considerado tan irreal el escenario en que votaron los españoles, que ha tenido que suavizar ella misma la senda de austeridad marcada, para no tener que verse en el trance de imponer multas todos los años a la cuarta economía del euro.
España votó en el teórico marco de que se iba a poder rebajar el déficit en 2016 en unos 14.000 millones sin necesidad de recortes, cuando la realidad, según la Comisión Europea, es que lo hará en un máximo de 5.000 millones, siempre que no afloren sorpresas presupuestarias. Ojo a los barones autonómicos –ay Ximo Puig–, los nuevos alcaldes –ay, Ada Colau–, la quiebra de las autopistas de peaje, el gasto sanitario o el formidable y creciente agujero de la Seguridad Social, que este año puede rondar los ¡18.000 millones! Si hay suerte, la senda de Bruselas –incluso la suavizada– obliga a un ajuste de 15.000 millones para 2017, que no cubren ni la ingeniería contable de cobrar por anticipado el Impuesto de Sociedades a 4.400 empresas ni el desacelerado ritmo de crecimiento que se avecina.
Eso hace inviable bajar impuestos y aumentar gasto social. Al contrario, la Comisión Europea recomienda en su Staff working document que quien gobierne España recurra como gran medida adicional a subir impuestos, al menos «los tipos reducidos de IVA» para apuntalar la recaudación.
Se desmonta también en un futuro previsible el compromiso del PSOE de bajar el IVA cultural y su promesa estelar de garantizar, en plan Podemos, un Ingreso Mínimo Vital por 6.000 millones al año. Pedro Sánchez no prometió bajar el IRPF como el PP, pero ni esa contención bastaría para sufragar su programa de fuerte gasto público.
En el caso de Ciudadanos, Albert Rivera prometió bajar el IRPF dejando más claro que el PP que no lo haría antes de 2018 para cumplir con la UE. Ni eso parece posible ahora y, menos aún, la promesa de Ciudadanos de «aumentar el gasto social en 8.500 millones al año» sin subir impuestos.
¿Es solución tomarse de nuevo a guasa a la perdonamultas Bruselas? «España no se lo puede permitir», admitió el propio Rajoy tras su poco cordial visita a Felipe VI del pasado jueves. La reincidencia colocaría a España en 2017 en un carril alarmante, el del artículo 126.11 del Tratado en el que no sólo hay congelación de fondos estructurales como ahora, sino nuevas multas, la obligación de abrir un fuerte depósito que impida gastar; perder financiación del Banco Europeo de Inversiones (12.000 millones actualmente) o nuevas condiciones para endeudarse. Sería un serio revés económico y un bochornoso estigma de España ante la comunidad inversora internacional. Por todo ello es tan importante un acuerdo de investidura con Presupuestos creíbles para 2017 corrigiendo fantasías con la Seguridad Social.
¿Quién pilotará esta nueva fase? De Guindos sale reforzado tras prometer en el alambre durante la campaña que no habría multa, pero en el marianismo ven clave el papel de Rajoy, que fue más allá que el ministro al intentar la jugada completa: dos años para cumplir el déficit con cancelación de la multa. «Fue fundamental el acuerdo entre Rajoy y Juncker [presidente de la Comisión Europea] para ganar esta batalla justa. Rajoy gobierna en funciones, pero gobierna», indican en La Moncloa.
Tras este episodio, Rajoy queda en deuda con Juncker y con aliados como Merkel y el presidente socialista de la Eurocámara, Martin Schulz; pero su reto inmediato es seguir en el poder. ¿Habrá pactos? La única y lamentable ventaja es que ningún líder puede aferrarse a su programa electoral, triturado en sólo un mes en Bruselas.
CARLOS SEGOVIA – EL MUNDO – 31/07/16