Al fin, con cinco años y medio de retraso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saldrá del pozo en el que lo metió el Partido Popular al negarse a facilitar desde 2018 la renovación que la Constitución impone. Es una buena noticia para la justicia, para la reputación de la democracia española y también para el Gobierno de Sánchez y el PP de Feijóo, que logran su primer gran pacto de Estado en un asunto central. Es de agradecer que los muñidores del acuerdo, el ministro Félix Bolaños y el eurodiputado popular Esteban González Pons, evitaran ayer cualquier reproche público.

El Gobierno de los jueces, con mayoría absoluta conservadora y el mandato caducado, ha funcionado este lustro largo como un activista político contra el Ejecutivo. Aunque maniatado en los últimos tres años, sin poder ejercer una de sus principales funciones —el nombramiento de cargos judiciales—, prohibida por una reforma legal que ha tenido dolorosas consecuencias. Decenas de cargos en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales no han podido ser renovados, y un tercio de los magistrados del Supremo se jubilaron sin ser sustituidos.

La administración de Justicia se resiente por una situación en la que el PP ha mantenido secuestrado al gobierno de los jueces todo este tiempo, utilizando para ello sucesivas excusas. La última consistía en exigir una reforma legislativa del sistema de elección de los vocales del CGPJ antes de renovar el órgano. Los populares pretendían cambiar las reglas del juego que ellos habían aprobado en 2013, cuando gobernaban con mayoría absoluta. Al final aceptan la renovación con la ley vigente.

Hay que felicitar a Alberto Núñez Feijóo por no ceder en esta ocasión a las presiones de la derecha mediática y de su presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que no han servido de nada los avisos para evitar este pacto. Aunque muchos se lo reprochen, su liderazgo no puede salir dañado por cumplir la Constitución. El ultimátum de Sánchez para que hubiera acuerdo antes de terminar junio o procedería a la reforma en solitario, la presión de la Unión Europea y de los propios jueces ante una situación insostenible han operado el cambio.

El documento firmado ayer abre espacios de entendimiento para promover reformas legales que permitan avanzar en el blindaje de la independencia judicial, poniendo límites a excesos del poder político como el nombramiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de una fiscal general, Dolores Delgado, que antes había sido ministra de Justicia y diputada del PSOE. Para que algo parecido pudiera volver a ocurrir tendría que pasar un plazo de al menos cinco años entre un cargo y el otro, límite que ya estaba en el pacto que el PP no quiso firmar en el último momento hace dos años.

El texto también prevé que el nuevo Consejo General del Poder Judicial deberá debatir y proponer una reforma legal, apoyada por tres quintos de sus miembros, para modificar el sistema de elección de los vocales en el futuro. Por sus trayectorias previas, no parece que haya unanimidad entre los nombres elegidos ayer por ambos partidos para proceder a ese cambio. Con él los populares pretenden que los jueces elijan directamente a los jueces, de manera que un poder del Estado sería elegido por un mecanismo ajeno a las Cortes, donde están los representantes de la soberanía nacional, que reside en el pueblo. El tiempo dirá en qué consiste finalmente esa reforma que propondrá el Consejo, y que en cualquier caso deberá ser aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados.

Por último, el pacto incluye el nombramiento por el Senado de un magistrado del Tribunal Constitucional que ocuparía la vacante dejada por otro elegido a propuesta del PP y que abandonó el puesto hace más de un año por enfermedad. Feijóo ha decidido que el sustituto sea José María Macías, un abogado en ejercicio y, a la vez, vocal conservador del CGPJ, en el que en estos años de Consejo caducado ha actuado como un radical y público ariete contra el Gobierno de coalición, al que llegó a comparar con la dictadura de Franco. También llamó mentiroso al ministro Bolaños y descalificó con palabras muy gruesas la ley de amnistía que él mismo tendrá ahora que analizar como magistrado del Constitucional.

El PP vuelve a elegir para el Tribunal de Garantías a un miembro de la derecha judicial más dura, desechando la posibilidad de proponer a quién fue presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de imagen moderada e impecable. El PSOE, experto en hacer de la necesidad virtud, ha preferido aceptar a Macías para desbloquear una situación que parecía de arreglo imposible.

Los pactos implican cesiones y este no es una excepción. Lo han hecho ambas partes. Hoy solo toca celebrar que se haya alcanzado, aunque para lograrlo se haya hecho una insólita cesión de soberanía al recurrir a Bruselas para conseguir que se cumpla la Constitución española.