Ha sido todo misterio para la sociedad española que ninguno de los nueve haya pisado todavía una cárcel, trance que al parecer sólo aguarda a las Pantojas, ‘Cachulis’ y otros miembros de la farándula, mientras aquí estamos hablando de gente seria. ¿Y esto por qué? El clan de los Pujol cumple rigurosamente las circunstancias previstas en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que un juez hubiera adoptado hace ya tiempo lo que se llaman «medidas cautelares», es decir, prisión provisional: a saber: que los hechos presenten características de delito, que haya riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas y evitar que el investigado cometa otros hechos delictivos.
Uno comprende que cualquier juez tenga dudas sobre la posibilidad de que uno de los esposos Pujol o sus siete magníficos tomen el olivo y se den a la fuga. ¿Dónde iría a establecerse un Pujol sin tener una Virgen de Montserrat a mano? También está abierto a la interpretación el último supuesto: que los investigados puedan cometer otros actos delictivos. Otros no, en realidad sus presuntas infracciones del Código Penal eran tan variadas desde el principio, que no tenían mucho margen para la comisión de otros delitos nuevos y han seguido cometiendo los mismos.
A título de ejemplo: delitos contra la relación de comercio exterior, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentos públicos y privados, alteración de precios en concursos y subastas públicos y blanqueo de capitales. Pero ninguna duda puede caber de que los hechos investigados son constitutivos de delito y de que su libertad les ha permitido seguir blanqueando a tutiplén, lo cual es en sí mismo destrucción de pruebas, y por tanto, otro delito.
Dos ejemplos de justicia comparada: a Luis Bárcenas le pillan los 22 millones que ocultaba en Suiza en enero de 2013. Pero no entra en la cárcel hasta junio, cuando se detecta que camufla movimientos de dinero con operaciones falsas de compraventa de arte en Argentina. También en Argentina tenía Jordi Pujol Ferrusola, el Rubén de esta familia, un testaferro, Gustavo Shanahan, al que compró una retractación para que asumiera ser el autor de la compra de puerto de Rosario. Como habrían dicho los Luthiers, otros argentinos: «¡Caramba, qué coinsidensia!»
No es que uno le quiera negar méritos al extesorero, pero los ricos tienen ventaja sobre los de medio pelo. No sólo por motivos financieros, como solía decir Woody Allen, sino, también, por razones procesales.