Juan Carlos Viloria-El Correo

  • Duda de todo y, sobre todo, de lo que yo te diga (precepto budista)

El Consejo de Ministros acaba de presentar el proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación para obligar a los creadores de contenido, que tengan más de cien mil seguidores, a rectificar bulos y/o informaciones falsas a petición de la persona o instituciones afectadas en tres días desde su publicación. La nueva norma viene a equiparar, a los efectos del derecho a la rectificación, a los ‘influencers’ con los medios de comunicación tradicionales forzando hasta límites poco razonables la responsabilidad de un tuitero, o youtuber, o podcaster@, con un diario o una emisora de radio convencionales. En todo caso ya se han levantado acusaciones que denuncian un intento de censura contra las voces críticas que se multiplican por las redes denunciando casos de corrupción o abusos desde el poder. Porque es de incautos esperar que sea el poder quien decida lo que es verdad y lo que es mentira. Los que trabajamos en medios de comunicación tradicionales aprendimos desde becarios la diferencia entre un rumor y una información; entre un hecho comprobado y un bulo prefabricado. Por eso son contados los casos de uso del derecho de rectificación en la prensa diaria. Los mecanismos legales existentes, el Código Penal, Civil y Deontología profesional, junto al protocolo de rectificación de cada medio ya defienden a los ciudadanos de eventuales informaciones que puedan no ajustarse a la verdad.

La inundación de contenidos a través de Internet ha cambiado drásticamente el panorama informativo y no solo han aparecido millares de agentes productores de contenidos digitales sino que el barómetro y la exigencia de veracidad han sufrido un auténtico cataclismo. Como dicen algunos cínicos, la gente quiere historias, la verdad es accesoria. Y, han descubierto, que el rumor es más sugestivo que la verdad. Pero al tiempo, el público cada vez teme más a la desinformación, tanto la que proviene de ‘trolls’ locales o las ‘fake news’ de servicios de inteligencia extranjeros. El rumor es una información no verificada, cuyo origen y veracidad son inciertos, que se expande y difunde y que jamás es confirmado. Cada vez hay más medios falsos en Internet, más vídeos trucados con IA y las teorías del complot se han convertido en un fenómeno social. Ya es utópico distinguir entre lo verdadero y lo falso y la ley de Rectificación es un brindis al sol. Quizás la selección de los medios por los que nos informamos y el aprendizaje para distinguir la mercancía averiada de la fidedigna, sea la mejor solución. Aunque lo que sí puede y debe hacer el Gobierno es vigilar sus medios públicos para que casos como el bulo de la bomba lapa contra Sánchez, propalado desde la TVE, no pasen sin reproche social, político o judicial.