En el fondo, el asunto Aurora Martín refleja dos problemáticas. Primero, reabre el debate sobre las consecuencias de la orden europea de arresto y las modificaciones de la Constitución francesa (…). El otro problema es el mantenimiento del conflicto en el País Vasco español, al que nunca se ha dado una respuesta política.
Aurora Martín, una francesa militante de la organización independentista vasca Batasuna, es víctima de una demanda de extradición por parte de Madrid. Desde que Francia aceptó la demanda, ella se esconde.
“Me dirijo a vosotros (…) para manifestaros mi indignación, mi inquietud, mi miedo pero también mi absoluta determinación y mi voluntad de luchar (…). ¿Es aceptable lo inaceptable? Por supuesto que no. No tengo la intención de someterme a las autoridades españolas, ni de facilitar a Francia la ejecución de mi orden europea de detención”. En una carta fechada el 20 de diciembre hecha pública por el Journal du Pays Basque, Aurora Martín decidió no plegarse al “control judicial”. Dicho de otra manera que ella pasaba a la clandestinidad después de que el Tribunal de Casación rechazara su recurso el 16 de diciembre. Esta vecina de Saint-Michel (Pirineos Atlánticos), ciudadana francesa de treinta y un años, es una conocida militante de la organización independentista vasca Batasuna. Movimiento político, presentado como la prolongación política de la nebulosa separatista ETA, prohibido desde 2002 en España, pero perfectamente legal en Francia.
La justicia española, conforme a las leyes de excepción, emitió una orden de arresto europea porque Aurora Martín participó en reuniones públicas organizadas por Batasuna, en las que intervino públicamente, y firmó numerosos escritos políticos independentistas. Los jueces españoles le acusan especialmente haber participado en una rueda de prensa en Pamplona (Navarra) así como en una reunión pública en la provincia de Álava. Tantos delitos, a los ojos de Madrid, que caen bajo el peso de la ley: pertenencia a una organización terrorista. Lo que no sucede en el caso de la rama francesa de Batasuna.
Polémica en torno al caso de Aurora Martín
Ahora, la posible extracción de Aurora Martín ha desencadenado una polémica que supera los círculos independentistas y esto en el momento en el que ETA está a punto de anunciar un alto el fuego. “¡Aurora Martín no es una terrorista, no está en la lógica de las acciones armadas de ETA!” se ha ofendido François Maitia, consejero general socialista de Saint-Jean-Pied-de-Port. El electo ha recordado que “los hechos presentados contra ella se produjeron durante la tregua de la ETA, periodo de esperanza”. Incluso el alcalde de derechas de Biarritz, Didier Borotra, de quien no se puede sospechar de tener afinidades con los separatistas, recordó que “Francia no puede extraditar a una de sus conciudadanas por una razón comprensible en España, pero que no es punible en Francia”. El lunes por la noche, el consejo regional de Aquitania adoptó “por una muy importante mayoría” una moción ordenando al gobierno que “no proceda a la ejecución de la extradición” de la militante. En el fondo, el asunto Aurora Martín refleja dos problemáticas. Primero, reabre el debate sobre las consecuencias de la orden europea de arresto y las modificaciones de la Constitución francesa: el cuestionamiento del principio de rechazo de la extradición por cuestiones políticas que estaba garantizado por las leyes de la República. Al otro lado de los Pirineos, la consideración de los actos para combatir, con toda la razón, el terrorismo de ETA se tradujo en el fortalecimiento de las legislaciones que destruyen la libertad. Lo que es más ineficaz para la erradicación de la violencia. El otro problema es el mantenimiento del conflicto en el País Vasco español, al que nunca se ha dado una respuesta política.
Se expone a una pena de doce años en España
Destrozando estos últimos años las diferentes vitrinas políticas de los independentistas, los sucesivos gobiernos españoles han mantenido todo el problema, incluso lo han alimentado. Por otra parte, Aurora Martín declaró que ella no renunciaría a su “actividad política en el seno de Batasuna”, a pesar de la amenaza de extradición a España donde se expone a una pena de doce años de cárcel.
L’Humanité (Francia), 23/12/2010