EL MUNDO 10/01/14
· La Guardia Civil intenta registrar el despacho de un senador de Bildu antes de poner a los detenidos a disposición judicial / La incomparecencia de Goioaga bloquea la investigación y los agentes precintan su oficina.
Los agentes de la Guardia Civil que han investigado durante meses la operación Jaque contra el llamado KT, el «tentáculo de control de ETA» sobre los presos de la banda, se están viendo obligados a trabajar a contrarreloj. Intentan obtener, antes de que los ocho arrestados pasen a disposición judicial, las pruebas que sospechan que ocultaron como consecuencia del «error» del Ministerio del Interior al informar de las detenciones cuando los agentes no habían salido del cuartel de La Salve.
En el tiempo del que dispusieron, los sospechosos escondieron y destruyeron documentación que puede estar en el único despacho que no ha podido ser registrado: el del senador de EH-Bildu, Iñaki Goioaga, quien bloqueó ayer la investigación sobre ETA desapareciendo sin dejar rastro.
El senador, abogado, que comparte las instalaciones de la calle Elcano de Bilbao con algunos de los detenidos –entre ellos la veterana letrada habitual de etarras, Arantza Zulueta–, estuvo el miércoles presente durante todo el tiempo en el que se desarrolló la operación para asegurarse de que los agentes no entraban en sus instalaciones.
En realidad, los guardias civiles únicamente tenían orden de registro para dos de los despachos y para las zonas comunes, es decir, la sala de reuniones donde suponían que iban a poder sorprender a los investigados manejando la documentación. Al quedar comprometida la operación, el juez Velasco amplió la orden solicitando que el senador de EH-Bildu fuera requerido de urgencia.
Se trataba de entrar en su lugar de trabajo para discriminar entre los documentos de su propiedad y los que podían haber sido escondidos por sus compañeros, con la absoluta intención de no tocar nada que le perteneciera, dado que Goioaga no está imputado y, si lo estuviera, al gozar desde hace un año de la inmunidad del aforamiento, el procedimiento de su investigación tendría que pasar por el Tribunal Supremo.
Los agentes llamaron ayer a todos los teléfonos que el representante políticotiene asignados, así como a los domicilios que tiene presentados como habituales, pero el parlamentario se acogió a la estrategia de la izquierda abertzale de impedir el desarrollo de la operación y no dio señales de vida. Sin ir más lejos, el miércoles por la tarde, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi, había pedido incluso al lehendakari Urkullu personalmente que la Ertzaintza no colaborase en sus obligatorias labores de orden público en el transcurso de los registros.
Ante la imposibilidad de conseguir la presencia del senador, requerida por el juez, la Guardia Civil precintó su despacho. El magistrado Eloy Velasco se encargará de enviarle una notificación oficial para efectuar el registro en otro momento, aunque lo más probable es que, cuando sea localizado, sus compañeros ya hayan pasado por el despacho del juez y los investigadores hayan perdido un tiempo precioso.
La incomparecencia de Iñaki Goioaga, la búsqueda, el interés por comunicarle que el juez estaba reclamando su colaboración contra ETA, dio lugar ayer a algunas situaciones peculiares. Uno de los funcionarios de la Audiencia Nacional aseguró haberle visto en los alrededores del tribunal, una circunstancia nada extraña si tenemos en cuenta que el parlamentario acude con regularidad a la Audiencia para ejercer como abogado. Se pensó que podía haber viajado hasta Madrid para atender jurídicamente a sus compañeros. Los policías destacados en las instalaciones judiciales salieron con su fotografía para intentar localizarle, pero todo su esfuerzo resultó infructuoso.
Ayer sí que pudieron ser inspeccionadas el resto de las oficinas para las que el juez instructor había ampliado la orden. Aunque sus usuarios habituales no se encontraban presentes, su posición, distinta a la del senador, no logró impedir los registros. Los agentes de la Guardia Civil se incautaron de varias cajas de documentos y diversos ordenadores, cerrados, algunos de los cuales habían sido guardados precipitadamente en el fondo de los armarios. Estuvo presente la abogada Zulueta, que fue la única en no ser trasladada de inmediato a las dependencias de la Guardia Civil en Madrid. Su colaboración fue tan limitada como era previsible, aunque quizás pueda tener su utilidad incriminatoria, inesperadamente, en un futuro: cuando los agentes le preguntaban de quién era un despacho o un aparato concretos, siempre respondía: «Aquí, todo es de todos».
Por la tarde fue trasladada a Madrid, donde ya se encontraban el también abogado Jon Enparantza, Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aitzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren, a quienes Interior considera «la única estructura activa de ETA en España».
Precisamente ayer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio del Interior un informe sobre la nota de prensa y el tuit que emitió antes de tiempo y que alertó a los presuntos terroristas. Oficialmente, el Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz no ha ofrecido hasta el momento ninguna versión, pero ayer la agencia Efe informó de que, extraoficialmente, se atribuía la filtración a un «error humano» que, previsiblemente, quedará archivado desde el punto de vista judicial.
Las críticas de los distintos partidos políticos solicitando comparecencias parlamentarias se sucedieron. UPyD instó al Ministerio del Interior a «depurar responsabilidades» y a dar explicaciones en una solicitud registrada ayer en el Congreso de los Diputados.
El partido de Rosa Díez pregunta a Jorge Fernández Díaz si es «consciente» de las consecuencias que tuvo dicho «error», dado que, según las Fuerzas de Seguridad, ayudó a los ocho detenidos a «eliminar pruebas».
Los sindicatos policiales se unieron ayer a las críticas e incluso incrementaron sustancialmente su intensidad. El portavoz delSindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, aseguró que el fallo del Ministerio del Interior era un «error de cárcel» y añadió que el operativo previsto era mucho más amplio y se iba a completar con unas 20 detenciones.
EL MUNDO 10/01/14