TONIA ETXARRI-EL CORREO

Entramos en la semana decisiva en la que se despejarán los apoyos parlamentarios que van a convalidar la reforma laboral acordada entre Gobierno, empresarios y sindicatos. La votación será el jueves en el Congreso y el inquilino de La Moncloa no las tiene todas consigo desde que sus socios habituales decidieron recorrer dos vías diferentes para presionar y que mueva más de una coma del decreto ley: la del los decepcionados de ERC y EH Bildu, que se creyeron el primer cuento que les contó el Gobierno cuando se comprometió a derogar la reforma laboral, y la del PNV, que ha puesto toda la carga en que se reconozca la prevalencia del ámbito autonómico de los convenios para que sus seis diputados voten a favor. Y ahí sigue el nudo gordiano. ¿Cómo se explicita? ¿En una anotación al margen? ¿En una coda? ¿Se inventan una disposición adicional como si estuvieran redactando un estatuto? El Gobierno de La Moncloa no puede cambiar nada del texto acordado. En primer lugar, porque la CEOE abandonaría la foto, y Europa, al ver que no están implicados todos los agentes sociales, nos sacaría tarjeta roja. En segundo lugar, porque Ciudadanos, que se ha ofrecido al Gobierno oportunamente, tampoco le apoyaría si mueve una cursiva del texto.

Al PNV se le está agotando el tiempo y está escenificando su impaciencia con reacciones que sugieren ‘manu militari’ dedicadas a los empresarios de Garamendi o a ministros como Escrivá. ‘¡Cuádrense ya, que se acaba la fiesta!’, les viene a decir Andoni Ortuzar. Palabras gruesas las del presidente del PNV en sus declaraciones a este periódico al instar al Gobierno de Sánchez a «poner firme» a la patronal. Como si los empresarios fueran una pieza de recambio que se puede mover en el tablero a capricho del Gobierno y los sindicatos. O un soldado movilizado ante un desfile presidencialista. Restando importancia al posible descuelgue de la CEOE, si hubiera cambios de última hora, centrando su foco en Antonio Garamendi como cabeza visible de la «patronal española», pero obviando a Confebask, cuyos directivos están más convencidos que la mayoría de la CEOE de las bonanzas de una reforma que «mantiene la esencia» de la reforma laboral de Fátima Báñez en tiempos de Rajoy. Y que los convenios autonómicos, en manos de sindicatos como ELA y LAB, lógicamente, no parece convencerles. Ayer los sindicalistas salieron a la calle para presionar al PNV y a EH Bildu a que no voten a favor de la reforma laboral Si votan en contra, ¿coincidirán con el voto del PP?

Con estos mimbres, Sánchez tiene que hacer el cesto de la reforma que esperan en Bruselas. Si los 21 diputados de ERC, EH Bildu, BNG y CUP esta vez no le siguen, ¿a qué puerta llama Sánchez? La opción de Cs y otros grupos minoritarios no es una negociación fácil. Pactar con los liberales no es un plato de gusto para Podemos. La vicepresidenta Yolanda Diaz, a la desesperada y con tal de cerrar el paso al partido naranja, ha prometido a ERC cosas que no puede cumplir. Desde una nueva subida del salario mínimo hasta que sus exigencias serán atendidas en el futuro, una vez aprobada la reforma en el Congreso. Pura chapuza. Si al final saliera la reforma con el apoyo de Cs, el tablero de las alianzas Frankenstein saltaría por los aires. Se lo han advertido a la propia vicepresidenta Yolanda Díaz algunos de los socios independentistas. Bastante inquietud le está provocando, además, el retorno de Pablo Iglesias al escenario. Qué paradoja.