EL CONFIDENCIAL 01/06/16
JOAN TAPIA
· El independentismo manifiesta una creciente división, pero a los empresarios les preocupa la influencia de la CUP y, todavía más, la falta de Gobierno en Madrid
Catalunya es la primera economía de España (19% del PIB), la región más exportadora y seguramente la más conectada económica y culturalmente con Europa. Desde las elecciones del 77, el catalanismo en su acepción más amplia ha ayudado a cimentar la democracia española y ha contribuido a la gobernabilidad. Ahí están Miquel Roca y Jordi Solé Tura (entonces en el PSUC, luego ministro de Felipe González) en la ponencia constitucional. CiU (Pujol, Roca y Duran Lleida) dando estabilidad a los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González o José María Aznar. Y no solo CiU, sino ministros del PSC como Narcís Serra o Ernest Lluch. O incluso Josep Piqué, un economista próximo a CDC al que Aznar hizo ministro de Industria, portavoz del Gobierno, ministro de Exteriores y candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat (excomulgado luego por Ángel Acebes). O más recientemente la abstención en 2010 de CiU en el paquete de austeridad de Zapatero que evitó el rescate de España…
Pero cuando el catalanismo mayoritario se excluyó (en parte fue excluido) de la política española tras la sentencia del Constitucional de 2010 y su conversión súbita al independentismo en 2012 -en parte porque Rajoy sacó mayoría absoluta y no necesitó unos nuevos pactos del Majestic con Artur Mas– ,las cosas se empezaron a complicar. Y se produjo entonces (debido también a la crisis económica) el inicio del desmoronamiento del edificio político construido en el periodo 1977-2010.
Como decía, tres hechos de la última semana confirman este progresivo desmoronamiento: el desbarajuste de la política catalana por la crisis entre Junts Pel Sí (JxS) y la asamblearia y anticapitalista CUP (Candidatura de Unidad Popular); los disturbios en el barrio de Gràcia de Barcelona tras el desalojo de los okupas del llamado ‘banco expropiado’, y finalmente la gran preocupación mostrada por los empresarios en las reuniones del Círculo de Economía de Sitges ante el peligro de falta de gobernabilidad que amenaza a España desde diciembre pasado.
La CUP es expresión de una protesta y no una fuerza de gobierno, no puede dar estabilidad política y, como consecuencia, el Govern es débil y poco fiable
Tras las elecciones del 27-S, Artur Mas proclamó que el independentismo había logrado una gran victoria. Como repetí el pasado miércoles, no fue así. Con el 39,7% de los votos para JxS y 62 diputados, se empeñó en sumar el 8,7% de la CUP y sus 10 diputados para asegurar que tenía una mayoría absoluta de 72 diputados. Pero el apoyo a los grupos independentistas (incluida la CUP) no había pasado del 47,8% de los votos.
Era un castillo de naipes que se está cayendo solo. Primero la CUP forzó la adopción de una hoja de ruta de independencia unilateral en 18 meses, que convertía a la Generalitat en un poder en ruptura con la legalidad y cuyas principales iniciativas son suspendidas automáticamente por el Constitucional. Luego la CUP forzó la retirada de Artur Mas. Ahora amenaza con dejar al Gobierno catalán sin presupuestos presentando una enmienda a la totalidad que, unida a las del resto de los partidos de oposición (PPC, C’s y PSC), puede triunfar el próximo miércoles 8 de junio.
Un Gobierno sin presupuestos no tiene obligatoriamente que caer. Oriol Junqueras, el inteligente líder de ERC, vicepresidente y ‘conseller’ de Economía, ha recordado que incluso Bismark, el canciller de la unificación alemana, no logró aprobar los presupuestos en más de una ocasión. Tiene razón, y el Gobierno catalán no caerá aunque no logre aprobar los presupuestos, lo que sería un total despropósito porque significaría renunciar a más de 800 millones de gasto social. Pero un Gobierno que quiere algo tan ambicioso como crear un nuevo Estado en 18 meses caerá en el máximo descrédito si no es capaz de aprobar ni unos presupuestos autonómicos.
El propio Artur Mas lo reconocía el pasado domingo en una entrevista a ‘El Periódico’: “Si la CUP veta los presupuestos, el ‘procés’ quedará muy tocado”. Y si al final los vota también, porque ya se ha visto que los objetivos de JxS y los de la CUP son poco conciliables. JxS quiere salir de España y quedarse en Europa, mientras la CUP aspira a salir de España y también de la Unión Europea capitalista. Para crear, desde Cadaqués hasta la desembocadura del Ebro, una especie de Albania. Y esto solo para empezar.
Pero además se ha visto que bajo la bandera independentista hay una lucha sorda por el poder político -dentro o fuera de España- entre CDC, que era un partido de centro, y ERC, que se define como un partido independentista y socialdemócrata pero bastante ‘sui generis’. Sin contacto alguno con la socialdemocracia europea.
Así, Catalunya resulta ingobernable. El independentismo no tiene mayoría y está además debilitado por envenenadas luchas intestinas. Y los partidos no independentistas -lastrados por un poder político en Madrid que no ha sabido admitir la existencia de una seria crisis tras la sentencia del Estatut y que opta por afrontar todo en base a sentencias del Constitucional- no tienen fuerza moral ni proyecto para ofrecer una alternativa razonable. Ni el independentismo ni el no independentismo tienen mayoría, los dos bloques están divididos y Catalunya no sabe adónde se dirige, pero va intuyendo que ha tomado una dirección equivocada.
Las manifestaciones okupas de Gràcia magnifican el poder de la CUP y subrayan los problemas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
El desalojo, a instancias de su propietario actual, del llamado ‘banco expropiado’, que fue comprado a la antigua Catalunya Caixa, por los Mossos tras la correspondiente sentencia judicial, ha provocado varios días de violentas manifestaciones en el barrio de Gràcia, a muy pocos minutos del centro de la ciudad. Los ocupantes del ‘banco expropiado’, que al parecer se dedicaban a actividades sociales y no eran mal vistos en el barrio, se han lanzado -con la ayuda de otros manifestantes e incluso de ‘encapuchados’- a manifestaciones que han alterado la vida de la ciudad. Barcelona, ciudad de turistas y ‘cruceristas’, incluso se ha visto sorprendida cuando el Departamento de Estado de EEUU ha recomendado a los turistas americanos que eviten la visita a dicho barrio. ¿Pueden sufrir el prestigio y el atractivo de la ciudad?
Creo que a corto plazo no, pero demuestra que hay un difuso y a veces oculto aunque potente movimiento de protesta que puede degenerar en violencia y que las autoridades democráticas, tanto las independentistas de la Generalitat como las del Ayuntamiento (Ada Colau y Podemos), no saben encauzar.
El independentismo ha quedado desautorizado porque se ha visto que el ‘banco expropiado’ se pudo mantener debido a que el Ayuntamiento convergente de Xavier Trias pagó de forma discreta los alquileres y todos los gastos de los okupas para evitar desórdenes públicos en época electoral. Y hay quien dice que porque Artur Mas indicó a Trias -tras los incidentes anteriores de Can Vies (una casa ocupada en el barrio de Sants que fue desalojada)- que no creía conveniente ninguna conflictividad que no reforzara la reivindicación independentista.
También pone en cuestión a la Generalitat, porque los Mossos han tenido problemas para controlar el barrio, han debido ocupar varias veces las proximidades del ‘banco expropiado’ para evitar que volviera a ser ocupado, y porque la asociación de vecinos de Gràcia (e incluso la federación de Barcelona) critican la actuación de los Mossos. ¿Qué querían, que los desórdenes y las quemas de coches continuaran sin intervención policial que, lógicamente, tiene que ser algo expeditiva?
Pero la alcaldesa Ada Colau tampoco sale bien librada. Ella se solidarizó con muchos movimientos alternativos y ahora no sabe poner fin a una crisis provocada por ella misma cuando -razonablemente- dejó de pagar el alquiler de los okupas que satisfacía el Ayuntamiento convergente. Pero no logra convencer a los okupas de que trasladen su actividad -que algunos vecinos apoyan mientras otros son menos entusiastas- de un local ocupado a otro municipal. Ada Colau intenta gobernar la ciudad y ha cerrado un pacto con el PSC para tener más apoyo, pero le empiezan a estallar conflictos con movimientos que en principio formaban parte del universo que la apoyaba: okupas, asociaciones de vecinos, trabajadores del metro que han hecho ya varias jornadas de huelga…
Aparte del laberinto originado por la promesa de la independencia prometida en 18 meses (ahora ya serían 12), tanto la Generalitat dominada por JxS como el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de En Comú Podem, se enfrentan a fenómenos de rebelión social que no pueden sino preocupar al mundo económico.
La reunión del Círculo de Economía en Sitges ha mostrado una honda preocupación de los empresarios por la gobernación en España
Pero curiosamente ni la independencia exprés, ni las luchas intestinas del independentismo, ni la coetánea explosión social en el barrio de Gràcia marcaron las jornadas anuales del Círculo de Economía en Sitges.
Cierto que el ‘president’ Puigdemont y Oriol Junqueras hablaron del ‘procés’ y de la crisis presupuestaria y fueron seguidos con atención. Pero la preocupación dominante en las jornadas del Círculo -entidad plural de empresarios y economistas que ha sabido mantener una meritoria independencia y una posición equilibrada- no era este año la independencia de Cataluña sino la falta de gobernabilidad en España y las negativas consecuencias que ello puede acarrear si el Parlamento que salga de las nuevas elecciones del 26-J tiene una composición tan complicada como el actual. La preocupación común de la gran mayoría de empresarios y profesionales era evitar que se tuvieran que repetir las elecciones por tercera vez.
Por Sitges pasaron y expusieron sus posiciones los líderes de las cuatro grandes tendencias políticas: Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Mariano Rajoy, por orden de aparición y de izquierda a derecha. Quizá lo que sorprendió más fue que Mariano Rajoy, que hizo un detallado análisis de la situación económica y atacó a las alcaldesas de Barcelona y de Madrid, no dedicara casi atención al conflicto catalán.
Pero la obsesión de los empresarios es -como repitió a los cuatro lideres y a Puigdemont y Junqueras el presidente del Cercle, Antón Costas- que tras el 26-J se pueda formar Gobierno con cierta rapidez, y que en todo caso se garantice que no vamos a unas terceras elecciones. Con tal objetivo, Antón Costas incluso insistió en que en último extremo se llegara a una especie de pacto de caballeros (que luego debía ser una reforma constitucional) consistente en que se dejara gobernar -como en los ayuntamientos- a la lista más votada.
Costas argumentó que más vale un Gobierno en minoría que un Gobierno permanentemente en funciones. Y Antón Costas, que acaba su mandato en noviembre, recibió un muy cálido aplauso tanto por haber sabido mantener la independencia del Cercle en tiempo difíciles como por su papel de moderador en las jornadas y por su preocupación por la gobernabilidad de España. Una idea pareció imponerse: el conflicto catalán es muy molesto y una amenaza para el futuro, pero si a ello se superpone una crónica falta de gobernabilidad en España, las consecuencias políticas y económicas podrían ser muy graves. Sin Gobierno sólido en Cataluña, mal. Con un Gobierno débil en España, fatal.
Claro que la propuesta Costas tiene buena voluntad pero carece de efectividad, al menos a corto. Mariano Rajoy dijo, a la gallega, que lo de la lista más votada le sonaba bien y el público esbozó una sonrisa audible. Pero un acompañante de Pedro Sánchez transmitió dudas. Si a la lista más votada se le garantiza que al final tendrá el Gobierno, se está desestimulando su voluntad de pacto. Y añadía que la preferencia debía ir al candidato que hubiera logrado más respaldo. No a Rajoy, que se plantó en sus 123 diputados del 20-D, sino a Pedro Sánchez, que con su pacto con Albert Rivera fue votado por 131 diputados.
La fórmula Costas peca de voluntarismo pero pone de relieve la primera preocupación del empresariado catalán. Ahora perturba más que no haya Gobierno en España que la demanda de independencia. Para los empresarios catalanes, el despropósito sumo sería que se prolongara la ausencia de Gobierno en Madrid. Aunque añadían (en privado) que sería malo que Pablo Iglesias -al que escucharon con atención, pero con el que empatizaron poco- tuviera un papel algo relevante. ¿Estaría dispuesto Pedro Sánchez a gobernar con Iglesias?