Los jueces son el objetivo y García Castellón ha sido puesto en la diana por Junts como obstáculo para la amnistía y atacado desde la propia vicepresidenta del Gobierno. Y el FT, al tiempo, avisando del miedo de los inversores…
El Financial Times, apenas unas horas antes de que Pedro Sánchez reuniera en una especie de zulo en Davos a Galán, Del Pino o Imaz en torno a una mesa desnuda y les pidiera no dejarse llevar por los radicalismos, los partidos políticos (sic) y los medios de comunicación al servicio de la conspiración antisanchista, publicaba un artículo en el que lanzaba un serio aviso sobre la ley de amnistía, la inseguridad jurídica en España que provoca y su efecto perverso en los inversores extranjeros.
El FT, en apenas dos meses, ha cambiado radicalmente de opinión y de un editorial publicado el 9 de noviembre titulado «La amnistía a los independentistas catalanes es una apuesta que vale la pena hacer» ha pasado –justo en víspera de la cumbre de Davos- a decir que «la amnistía española para los separatistas provoca reacción de los inversores» y avisa que «borrar los delitos relacionados con el intento de independencia de Cataluña de 2017 alimenta la sensación de incertidumbre en las empresas».
Para el diario británico, Sánchez ha impulsado “una controvertida ley de amnistía para los separatistas catalanes a pesar de las acusaciones de que la medida amenaza la imagen del país como destino de inversión» y las «feroces críticas por parte de sectores de la élite empresarial del país, que han calificado la amnistía como una estratagema cínica que socava el Estado de derecho y crea una inquietante sensación de incertidumbre que puede ahuyentar a los inversores».
El FT recoge las críticas de Garamendi, de Juan Roig –»la amnistía está creando división entre los españoles»-, Bankinter, Mapfre o de la propia Isabel Díaz Ayuso. Y recoge la advertencia de una consultora con sede en París, Ayming, sobre la sensación de incertidumbre en los inversores: «Lo que está pasando es que hoy hay leyes [y] reglas, pero mañana podrían cambiar».
El diario recoge también el aviso del Gobierno regional de Madrid de que «la amnistía envía una señal de que lo establecido por los jueces y dictaminado por el Tribunal Supremo puede no cumplirse. Esta es una muy mala noticia para el sector empresarial». Y aunque el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insista en que la inversión extranjera directa en nuestro país «está en auge», el FT plasma las dudas de «un alto funcionario del gobierno»: «Hay mucho ruido político. No puedo negar eso. Esa es la realidad».
Pero el ruido en España y la inseguridad jurídica no amainan. Al contrario. Las tres letradas del Congreso, pese al nombramiento del nuevo letrado mayor, Fernando Galindo, «un amigo, un esclavo, un siervo», han sembrado las dudas sobre la inconstitucionalidad de una ley de Amnistía que las enmiendas de Junts y ERC aún pretenden convertir en un engendro mayor, blindando al fugado Puigdemont de los delitos de terrorismo o traición; librando a Artur Mas de la multa de 5 millones del Tribunal de Cuentas o blanqueando la fortuna de los Pujol al extender, un par de meses, el alcance de la ley.
Para evitarlo, solo quedan los jueces. En diciembre, la dóberman de Junts, la inefable Míriam Nogueras, ya señaló como «indecentes» y pidió juzgar a los Llarena, Marchena, etc., marcándoles desde la tribuna del Congreso. Como en los tiempos de sangre y plomo de la ETA en el País Vasco, unos señalan y otros ‘disparan’. Y esta semana, el objetivo tiene nombre y apellidos: el juez Manuel García Castellón, una pieza de caza mayor a abatir por los independentistas por poner obstáculos a la ley de amnistía.
Lo de que unos señalan, no es metafórico. Desde el primer día del año, García Castellón estaba en la diana de los medios independentistas. En el artículo «El año de la amnistía: ¿veremos la gran conjura de los jueces?» de Josep Casulleras en Vilaweb, correa de transmisión de Junts, se avisaba: «Estallará la guerra que emprenderán los jueces que quieran impedir o, al menos, hacer tropezar con la aplicación de la ley y que ya llevan semanas dejando clara su hostilidad hacia esta medida de gracia aplicada a los independentistas represaliados».
«El combate político y judicial ya ha comenzado de forma subterránea, -proseguía- y la amnistía tendrá que vencer muchos obstáculos para poder ser plenamente efectiva. Porque los tribunales ya tienen pensado un arsenal de medidas dilatorias».
Y ponía nombre y apellidos al objetivo de los de Puigdemont con sus enmiendas: «No habrá ninguna sentencia firme ni en la causa contra los CDR por la operación Judas ni en la investigación contra el Tsunami Democrático, ambas calificadas de terrorismo en la Audiencia española. Pero la aceleración repentina, a raíz del debate sobre la amnistía, de la causa del Tsunami por terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón, y las referencias a la legislación europea en esta materia en sus últimos autos, indican que también preparan el terreno para esta prejudicial».
Dicho –por los independentistas- y hecho –por el Gobierno-. Nada menos que una vicepresidenta de Pedro Sánchez, Teresa Ribera, se encargaba este viernes, en la RTVE, de señalar y acusar al juez de la Audiencia Nacional García Castellón de «actuar en momentos sensibles» y «siempre en la misma dirección». Una vicepresidenta del Ejecutivo atacando y acusando de ‘lawfare’ al juez marcado por los independentistas como pieza de caza mayor para eliminar cualquier obstáculo a la impunidad y al regreso de Puigdemont.
Los empresarios del Íbex acabaron acudiendo solícitos a la llamada de Moncloa y terminaron en Davos, con cara de funeral, arrinconados contra una pared aguantando la amonestación del presidente
Una injerencia en toda regla y una manipulación del trabajo de un juez que horas después de estas acusaciones imputaba al exsecretario de Estado del PP o que en su día encausó al ministro de Interior de Rajoy, a Cristina Cifuentes, a Esperanza Aguirre o a Ignacio González.
Y permítanme excepcionalmente un añadido personal: no tengo ningún interés en defender a García Castellón, que me imputó por desobediencia en una de las causas del caso Villarejo por publicar audios e informaciones del excomisario y ante quien tuve que declarar en la Audiencia Nacional en noviembre de 2019. Causa que fue archivada dos meses después.
Pero cualquier manipulación sobre la actuación del juez vale ahora para que el Ejecutivo español cumpla con los deseos de Junts, que tiene ahora entre ceja y ceja a García Castellón que «se apresuró a incluir a Puigdemont en la investigación del Tsunami, cuando nunca, durante cuatro años, había sido investigado: para impedir la amnistía del presidente en el exilio», advertía Vilaweb.
Como se ve, y pese a los temores del Financial Times que ahora se ha caído del guindo, la seguridad jurídica está lejos de recuperarse en nuestro país. Tampoco para los empresarios autóctonos que, al final, acabaron acudiendo solícitos a la llamada de Moncloa y terminaron en Davos, con cara de funeral, arrinconados contra una pared aguantando la amonestación del presidente. Muchos pensarán que tienen, tenemos, lo que nos merecemos.