En la causa contra López e Ibarretxe por reunirse con Batasuna, la propaganda del PNV hizo cundir la idea de que se juzgaba ‘la política del diálogo’. Pero lo que se cuestiona es si grupos cómplices de los terroristas pueden funcionar, o no, con la normalidad de un partido democrático. La Justicia deberá despejar las sospechas de que los jueces puedan decidir en función del tiempo político.
La revisión de la causa contra el lehendakari López y su antecesor Ibarretxe por haberse reunido con la ilegalizada Batasuna en el año 2006 podría quedar en nada. O no. Pero lo que se percibe desde que ha cambiado el Gobierno en Euskadi, es una actitud de respeto institucional hacia los jueces, incluso hacia los que tienen que estudiar hoy un caso realmente incómodo para los protagonistas. La normalidad institucional, tan despreciada por los sectores políticos vascos que solo ven en el marco de la Constitución y el Estatuto un sometimiento al Estado español, acaba dando titulares.
Euskadi ha permanecido en permanente litigio con las instituciones españolas durante 29 años. Con el cambio de gobierno resulta incuestionable la diferencia de actitud de los nuevos gobernantes. Patxi López reconoce que le incomoda la revisión del caso. Y es comprensible. Pero su partido, a diferencia del PNV, evitó presionar a los jueces con movilizaciones en la calle o con declaraciones para influir en su voluntad. López se sentó en el banquillo, como Rodolfo Ares y como Ibarretxe, para dar cuenta ante la justicia de unas reuniones mantenidas con los representantes de la ilegalizada Batasuna. En el caso del encuentro entre los socialistas y Otegi, con el beneplácito del juez Garzón. Fue este magistrado quien se pronunció antes de que se celebrara la reunión para decir que no veía en el evento ningún comportamiento delictivo.
El caso es que hoy el Tribunal Supremo revisa el recurso presentado por el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia ante un proceso que elevó el mercurio de la tensión en Euskadi hasta grados insoportables. El proceso estuvo plagado de injerencias, juicios paralelos, manifestaciones nacionalistas y concursos de sabiondos dispuestos a dar clases magistrales a los jueces. La propaganda del PNV fue en su día tan eficaz que acabó cundiendo la idea de que se estaba juzgando «la política del diálogo». Cuando lo que ha estado en cuestión es si grupos cómplices de las bandas terroristas pueden funcionar, o no, con la normalidad de un partido democrático.
La Justicia deberá decidir. Los magistrados del Supremo deberán concluir si la interpretación estricta de las normas choca, o no, con la consideración política de pasar por alto esas normas en tiempos excepcionales como el de la tregua. Se han producido muchos cambios desde el 2006. No sólo en Euskadi, con el primer gobierno constitucionalista. La política antiterrorista del Partido Socialista, desde el fracaso de la tregua, ha corregido su rumbo hacia la firmeza contra ETA, con la idea de que la derrota del terrorismo solo se logrará con una legislación firme, con seguridad jurídica y con independencia judicial.
Y han ocurrido más cosas. La ley de Partidos, tan denostada por los partidos políticos nacionalistas en Euskadi, ha sido avalada por el Tribunal de Estrasburgo, que cerró las puertas a Batasuna para próximas citas electorales considerando su ilegalización, tan justa como necesaria. Puede ser que todas estas novedades sean tenidas en cuenta por el Alto Tribunal. Pero sea cual fuese su decisión, debería despejar las sospechas de que los jueces puedan ser manipulables en función del tiempo político.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 13/1/2010