Ignacio Camacho-ABC
- El Congreso ha entonado un «vivan las caenas» contemporáneo en una humillación suicida de su propio poder soberano
Cuando una mayoría del Parlamento aprueba un recorte de su esencial ejercicio parlamentario se produce la inquietante paradoja de que la democracia consiente una restricción del marco democrático. Esto es lo que ocurrió ayer en el Congreso, desdeñado con displicencia bonapartista por un primer ministro capaz de ausentarse del debate que él mismo había convocado, sin que Carmen Calvo se tomase la molestia de colocar un bolso sobre su escaño. Una vejación simbólica de la que Sánchez no es más responsable que los diputados que le toleraron el agravio humillando con su voto favorable su propio poder soberano. Insólito espectáculo: los representantes del pueblo entonando un «vivan las caenas» contemporáneo que en la práctica deja las garantías constitucionales en suspenso durante medio año. O hasta que Sánchez considere necesario extender las facultades excepcionales de su mandato.
Cuesta creerlo pero España acaba de renunciar al mecanismo representativo mediante el que los ciudadanos controlan al Gobierno. Al concepto básico de los sistemas de libertades modernos. Durante los próximos seis meses, el Ejecutivo tendrá las manos libres para tomar decisiones sin que ninguna institución -apenas la Justicia, y ya veremos- encarne la imprescindible función de contrapeso. Las Cortes van a ser suplantadas por una Conferencia Interterritorial de Sanidad y un fantasmal comité de «expertos»; una parodia de legitimidad, un mal remedo de asesoramiento externo, una suerte de democracia orgánica construida sobre entes paralelos sin entidad jurídica ni administrativa. La soberanía nacional sustituida por un par de juntas corporativas de cargos autonómicos y de eminencias científicas, en el benévolo supuesto de que existan, como trasunto de los consejeros de las antiguas monarquías absolutistas. Que salgan los politólogos de guardia a explicar esta anomalía que el legislativo ha aceptado en un rapto de sumisión suicida.
No vale la coartada pragmática de la situación de emergencia, ni el placebo paliativo de la cogobernanza a la carta. Es una cuestión de fuero, de respeto a la estructura de la legalidad democrática. Si la Constitución establece que el estado de alarma tiene una duración tasada de dos semanas, ése ha de ser también el plazo de las prórrogas que hagan falta y que el presidente debe solicitar a la Cámara previa evaluación transparente de las circunstancias. Una prolongación por 180 días, sin posibilidad de revisarla antes de cuatro meses, es un fraude de ley, una interpretación arbitraria, abusiva y a beneficio de parte, de la Carta Magna. Lo que ha votado el Congreso constituye un harakiri de su responsabilidad, una credencial habilitante para someter a la población a una larga, inaceptable etapa de disciplina autoritaria. Quién le podría pedir a un ventajista experto que no haga trampas si se le entrega voluntariamente la baraja.