Ignacio Camacho-ABC

• El veredicto del Constitucional deja a sus señorías en pelotas vivas por inhabilitarse a sí mismas con docilidad ovina

Ayer fue un mal día para ser diputado sin avergonzarse. Al menos diputado de la mayoría que otorgó a Sánchez un semestre de cesarismo consentido y se autoamputó sus funciones y sus responsabilidades. Vivan las ‘caenas’. Lo sorprendente del segundo estado de alarma no es que el Gobierno solicitase la entrega incondicional de poderes excepcionales, sino que el Parlamento se los concediera. Que los representantes de la soberanía nacional aceptasen ‘motu proprio’ la cancelación del Congreso dando por buenos los criterios de unos inexistentes expertos. Que se avinieran a proporcionar al presidente un mandato plenipotenciario para gobernar sin explicaciones ni trabas durante medio año. Que renunciasen alegremente al ejercicio de su deber de control democrático. El nuevo veredicto del TC deja a sus señorías en pelotas vivas porque fueron ellas quienes se inhabilitaron a sí mismas al aceptar la suspensión de su cometido con docilidad ovina.

Sí, las limitaciones de movilidad y actividad eran indispensables en plena crisis sanitaria. Pero la Constitución exige que se pongan en marcha bajo la supervisión periódica de la Cámara Baja, y los grupos que apoyan al Ejecutivo decidieron ignorarla. Y también avalaron una fantasmal ‘co-gobernanza’ que en la práctica depositaba el control del Covid en unas autonomías jurídicamente desarmadas. Que Sánchez pidiera todo eso es normal: entra de lleno en su lógica plebiscitaria. Lo insólito es que el Legislativo le diese carta blanca, con la coartada de la emergencia, para desempeñarse durante seis largos meses a sus anchas como aquellos dictadores temporales de la República romana. Y cómo la verdad es la verdad -Agamenón y el porquero-, los congresistas deberían sonrojarse de que sólo Vox denunciara que la restricción de derechos se llevó a cabo mediante un método fraudulento que la convertía en un atropello.

Es obvio que Sánchez no quería someterse a la revisión cada quince días que le forzaba a una negociación continua. Tampoco deseaba desgastarse, como la primera vez, con medidas susceptibles de generar descontento y antipatía. Escogió la salida fácil de endosárselas a las comunidades regionales sin preocuparse de si éstas disponían o no -era obvio que no- de atribuciones para recortar libertades. De este modo cometió a la vez, como señala el Tribunal de Garantías, un abuso y una incoherencia: por una parte suprimió la vigilancia parlamentaria sin certezas objetivas sobre la evolución de la pandemia; por otra se desentendió de ella para aplicar por su cuenta una descentralización caprichosa de competencias. Desautorizado por segunda vez se agarrará a la consigna propagandística de que lo importante era salvar vidas. Pero eso también lo dicen las autoridades chinas. Y lo que diferencia a una democracia europea de una tiranía es el respeto a la seguridad jurídica.