ABC 16/02/17
IGNACIO CAMACHO
· El soberanismo puede dar el siguiente paso o no, pero si lo da ya no van a bastar los tribunales ni sus sentencias
YA no se trata sólo de un posible delito de desobediencia. El llamado proceso soberanista ha desembocado en un estado de desobediencia, un conflicto de sedición promovido por los representantes del propio Estado en Cataluña. Hasta ahora el cuadro discursivo del independentismo estaba pintado a base de señuelos mitológicos, embustes económicos, tergiversaciones históricas y algún pigmento xenófobo: el cóctel favorito de la retórica populista. Pero los juicios contra Mas y Homs han propiciado un salto cualitativo que consiste en oponer el concepto de legalidad al de democracia. Y eso supone mucho más que un ardid propagandístico al uso: significa la ruptura con la ley, el cuestionamiento del Derecho como base de una convivencia ordenada.
Si ese desafuero radical llegase a trascender el ámbito del debate político para consumarse en actos de rebeldía institucional, la actual estrategia de contención del Gobierno quedará superada. El nacionalismo está a punto de reventar los diques judiciales tras haberles perdido abiertamente el respeto a fiscales y magistrados y procedido a la demolición de su autoridad con una ofensiva de escraches y de presión multitudinaria. El siguiente paso puede darlo o no, pero en caso de que lo dé ya no van a bastar las sentencias. El Estado, y en su nombre el Gabinete, tendrá que regresar a la política ejerciendo sus competencias.
Eso significa emplear, ante un referéndum unilateral de secesión, munición del calibre 155. Una decisión que Rajoy ha dejado entrever y que está más o menos asumida por los partidos constitucionalistas. Ciudadanos está dispuesto a apoyarla, con matices y algún mohín de Arrimadas, y el PSOE se pondría de perfil, pero no la estorbaría. Las tres fuerzas saben que si la Generalitat y el Parlament extreman la provocación no habrá más remedio que aplicar el inédito artículo defensivo incluido en la Constitución para preservar el desbordamiento de una autonomía. Sin alharaca, sin enormidades, con la máxima normalidad política, administrativa y parlamentaria; con la serena convicción de que las leyes, y sobre todo la fundamental, se han hecho para aplicarlas.
El bloque nacionalista se encuentra incómodo en su propia huida hacia delante. La sociedad biempensante catalana está alarmada ante una colisión traumática con los poderes del Estado. A Puigdemont, y más aún a Junqueras, les gustaría hallar una salida, pero el sistema autonómico está roto, en manos de las plataformas por la independencia, de la estrafalaria CUP y de su desquiciada deriva rupturista. Y Mas enreda desde fuera, exasperado ante la posibilidad cercana de una condena. Queda algún margen para el ajuste fino, para el ejercicio de cintura, pero poco. Porque esta vez Rajoy no puede aceptar que le tomen el pelo como en aquel 9-N; ante otro desafío similar o más grave, su electorado no le perdonaría que no envidase con todo.